Ecuador: el Gobierno podría suspender las operaciones de Petrobras en la Amazonía
El gobierno creará una comisión para analizar las denuncias de los indígenas huaoranis de la Amazonía sobre los efectos negativos de la explotación petrolera por parte de la compañía brasileña Petrobras
Una delegación de indígenas huaoranis que llegó esta semana a Quito mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, para exigir la salida de Petrobras de sus territorios ubicados en el Parque Nacional Yasuní.
Los dirigentes del sector, tras una marcha protagonizada en Quito, se reunieron con Gándara, quien mostró la predisposición oficial para analizar este asunto.
Vamos a empezar por la inspección de lo que está ocurriendo, dijo Gándara e indicó que la comisión gubernamental estará presidida por elsubsecretario de Gobierno, Carlos Cornejo, e integrada por activistas de organismos de defensa de los Derechos Humanos y de grupos ambientalistas.
Los indígenas exigen al presidente de la República, Alfredo Palacio, que deje sin efecto el contrato suscrito entre Petrobrás y el anterior Gobierno.
Los huaorani, cuya población llega a cerca de 2.000 personas, habitan las provincias amazónicas de Napo, Pastaza y Orellana, concentrándose en ésta última el Parque Yasuní, declarada área protegida y reserva de la biósfera.
Los indígenas rompieron el pasado 1 de julio el acuerdo firmado con la compañía brasileña para permitir el inicio de los trabajos de exploración y explotación de crudo a cambio de financiamiento de varios proyectos de desarrollo y asistencia social para los huaorani por 200.000 dólares anuales.
La empresa empezó a operar desde el enero de este año en el bloque 31 y, según los indígenas, ya ha causado los primeros estragos por su actividad petrolera en la amazonía y sus pueblos nativos.
El bloque 31 está ubicado en la provincia de Orellana e incluye el Parque Nacional Yasuní, con una fauna y flora únicas en el mundo, lo que provocó la protesta de grupos ecologistas.
Entre los manifestantes están poblaciones afectadas por otras petroleras como Repsol YPF, que también opera en la región amazónica y que ha causado un sinnúmero de impactos sociales y ambientales.
El 25 de agosto del 2004, y coincidiendo con la llegada del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental a Petrobras, para la fase constructiva del proyecto del bloque 31.
Pero el mes pasado el gobierno del presidente Alfredo Palacio solicitó una auditoría a la Contraloría General del Estado sobre la licencia ambiental concedida a la empresa, debido a las presiones de la sociedad civil.