Entre el desarrollismo extractivista y el ‘sumak kawsay’: Íntag como ejemplo del debate sobre desarrollo en Ecuador

Por Mª Cruz Tornay, 25/8/2014

Fotografía: Mª Cruz Tornay.

La lucha por la defensa de la tierra no es nueva para las comunidades de Íntag, una zona ubicada en el noroccidente de Ecuador que forma parte del corredor biológico del Chocó. Hace cerca de veinte años, la multinacional japonesa Mitsubishi comenzó a perforar después de que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) descubriera en Junín un yacimiento del que se estima que podrían extraerse 2,2 millones de toneladas de cobre comercial.

El estudio de impacto ambiental elaborado por la agencia en 1996 preveía graves consecuencias para el valle y las comunidades que habitan en él: la preservación de poblaciones como la de Junín sería incompatible con la explotación de la mina. Marcia Ramírez, una de las agricultoras del valle, recuerda cómo en un primer momento estuvieron de acuerdo con la actividad minera con la ilusión de que la presencia de la transnacional traería trabajo para la comunidad. El sueño se esfumó al comprobar cómo sólo los primeros estudios de explotación realizados por Mitsubishi causaron la contaminación de los ríos que riegan los cultivos del valle. Después de veinte años, las aguas continúan bajando con arsénico.

Polibio Pérez. Fotografía: Mª Cruz Tornay.

De Japón a Canadá…

La unión de la comunidad en contra de la multinacional japonesa logró la suspensión de las pruebas, hasta que la canadiense Ascednant Copper llegó a Junín para continuar con las perforaciones que no había conseguido realizar Mitsubishi. Pero la estrategia de la canadiense para hacerse con la explotación fue más allá e “hicieron ofertas para dividir a la gente e invertir dinero para comprar conciencias, por eso fue la lucha más fuerte, se trataba de luchar contra el poder económico”, según cuenta Marcia Ramírez.

La denuncia por parte los habitantes de Íntag de métodos ilegales de la empresa, como la contratación de grupos de paramilitares, terminó con la expulsión de la multinacional en 2008 y con el regreso de la calma a una comunidad que había quedado dividida. La retirada de Ascendnant Copper se logró gracias a la intervención del gobierno, que en ese momento apoyó las reivindicaciones de la mayoría de una comunidad opuesta a la actividad minera.

Seis años después, Íntag vuelve a enfrentar la amenaza de la explotación del interior de sus cerros, pero esta vez por parte de la empresa minera estatal de Ecuador.

En 2011, la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) mostró el interés por la extracción del cobre de Íntag, entre otros proyectos, a la vez que el gobierno ecuatoriano informaba de la concesión del yacimiento de Junín a la Empresa Nacional Minera, Enami.

Comunidad de Junín, que desaparecería de llevarse adelante el proyecto. Fotografía: Mª Cruz Tornay.

Resistir contra el propio Estado

Los años de lucha contra la empresa estatal han demostrado a esta comunidad de la provincia de Imbabura que resistir contra quienes tienen el poder económico y la legitimidad del uso de la fuerza es mucho más difícil que hacerlo contra las empresas que pudieron expulsar gracias al apoyo gubernamental.

La organización de los habitantes que se oponen al proyecto para impedir la entrada de la minera acabó con la militarización de la zona y con la detención de uno de los dirigentes del valle, Javier Ramírez, acusado de actos de terrorismo y sabotaje y que actualmente continúa en prisión preventiva.

Polibio Pérez es uno de los campesinos que se ha opuesto a la actividad minera del valle desde el intento de explotación las primeras transnacionales extranjeras. Para Polibio, el futuro en las tierras de Íntag es incompatible con la extracción del cobre, tal y como previó la agencia japonesa hace cerca de veinte años: “Nos oponemos la mina porque nos oponemos a ser desalojados. Nuestro empleo está acá, si permitimos la actividad minera, vamos a ser despojados y no tendremos dónde ir”.

Al igual que en otros proyectos extractivistas que han desatado la polémica en Ecuador, el gobierno prometió destinar hasta un 60 por ciento de los beneficios obtenidos por la Enami en reinversión social en la zona, un ofrecimiento que para las personas que se oponen al proyecto, como este dirigente campesino, deja de tener sentido en el momento en el que las comunidades tendrán que ser desplazadas del valle: “de qué nos sirve que haya nuevas escuelas si no quedarán niños que vayan a clase”.

Desde que Ascendnant Copper intentara lograr apoyos con la inyección de dólares a miembros de la comunidad, la población ha quedado divida entre quienes consideran que la actividad minera redundará en el progreso de una zona históricamente aislada y quienes temen la desaparición de un modo de vida. Desde el gobierno se intenta convencer a la comunidad recordando cómo la inversión procedente de los beneficios de la mina logrará el desarrollo de Íntag y paliar la pobreza de la región.

El debate entre ambas posturas conduce a Polibio a la reflexión entre el modelo del sumak kawsay y el modelo de desarrollo occidental. “Aquí no nos hace falta nada, tenemos alimentos y la calma que nos quieren quitar las empresas mineras. No sabíamos que éramos pobres hasta que encontraron cobre en nuestro valle”.

Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Fuente: Revista Pueblos