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Autor Henry Picado Idioma Español Pais Honduras Publicado 3 diciembre 2014 11:40

Expulsión y el exterminio del pueblo garífuna en Honduras. Especial de Revista Biodiversidad, sustento y culturas

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"En Honduras se ha impulsado muchísimo el monocultivo, la producción y comercialización transgénica y en un extremo realmente alarmante el cultivo de palma, principalmente desde la aprobación de los Tratados de Libre Comercio, que les dio mucha libertad a las transnacionales de operar y producir transgénicos que nos dañan de una manera brutal nuestra salud, provocando la pérdida de biodiversidad y soberanía en todos los sentidos: la soberanía económica y política; la soberanía de nuestros cuerpos, la soberanía alimentaria y la soberanía territorial."

Racismo y crímenes de Estado al servicio del megaturismo y la agroindustria en la costa nororiental de Honduras

Por Henry Picado

La expulsión y el exterminio del pueblo garífuna está planificado de antemano. Sabemos que un pueblo sin su territorio, sin su identidad, sin su cultura es un pueblo que estámuerto
Miriam Miranda, OFRANEH

“¿Cuál es el pasado
De este presente que succiona
Dejando en interrogante la sobrevivencia de la identidad?”Xiomara Cacho Caballero
Poeta garífuna

A su llegada a Honduras en 1797, el pueblo garínagu estableció una relación directa con la costa, el bosque y la tierra; tejió un amplio y complejo sistema de saberes sobre el cuidado del bosque y los arrecifes de coral de donde aprendió a usar el cayuco —bote pequeño de madera tallada— para pescar y transportarse entre las islas que rodean el litoral.

Este pueblo posee profundas raíces en la tierra y el territorio hondureño, tal y como aseguran los habitantes de Sambo Creek —comunidad afincada en el departamento de La Ceiba en Honduras.

Aunque se conocen como pueblo garífuna, su nombre correcto es garínagu (garífuna se refiere a su idioma) que significa “gente que come yuca”, tubérculo que es base de la alimentación de múltiples comunidades, no sólo en el Caribe hondureño sino en toda América Latina. Con éste elaboran el casave (o casabe)—tortilla a partir de harina de yuca amarga—, un platillo central en la cultura garífuna por su uso como nutrimento y por tener también usos espirituales.

A fines de los noventa comenzó una ofensiva del Estado hondureño para desestimar su condición como pueblo indígena y tratar de clasificarles como “minoría étnica” con el fin de restarles sus derechos territoriales. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) defiende el carácter de arraigo diciendo en un comunicado que “A finales de los años 90 comienza una ofensiva por parte del Estado de Honduras para desestimar nuestra condición como pueblo indígena y recalcar lo de minoría étnica no autóctona, con lo que suelen algunos funcionarios descalificar al pueblo garífuna por el hecho de haber arribado a Honduras hace dos siglos, alimentando así la noción arraigada entre muchos compatriotas que los garífunas somos extranjeros”1.

Unas 46 comunidades garífunas están siendo arrinconadas por una violencia y un racismo cada vez más incontestables, lo que provoca una sistemática pérdida de territorio debido al extractivismo, la expansión de la frontera de la agroindustria y la instalación de las ciudades modelo llamadas también Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDEs).

En el año que va en curso, el pueblo garífuna y la OFRANEH han sentado en dos ocasiones en el banquillo de los acusados al Estado hondureño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar sus derechos como pueblo indígena y desalojarles de sus tierras para dar paso a emprendimientos privados destinados al turismo a gran escala y el agronegocio. Se trata de los casos de el Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra2.

Pese a que el pueblo garífuna ha sido parte importante de la historia centroamericana, el gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández —heredero del golpe de Estado militar de 2009— no reconoce a este pueblo como parte de los pueblos indígenas hondureños pese a que quedó demostrada jurídica e históricamente que tiene derecho a ser reconocido como tal según la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 7 de abril de 20143.

La OFRANEH cataloga esta movida del gobierno como un acto racista y planificado para despojarles de su territorio ancestral, haciéndolos parecer extranjeros en su propia tierra, negando su condición de pueblo indígena para así desmarcarse de la sentencia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que falló a favor de la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz. Dicha sentencia reconoce el derecho ancestral a su territorio y le pide al gobierno devolver a la comunidad las tierras usurpadas por emprendimientos turísticos y agroindustriales.

El caso de la comunidad del Triunfo de la Cruz es famoso por haber sido escenario de varios episodios de violencia producto de odios raciales y por ser expuestos en varias ocasiones a desalojos, asesinatos y secuestros en su propio territorio. La zona es de gran interés para el Estado y la inversión extranjera directa debido a su belleza escénica y riqueza cultural. Uno de los proyectos pretendía instalar más de 140 hectáreas de infraestructura hotelera en las inmediaciones de la costa donde ya estaban asentadas desde hace cientos de años las comunidades garífuna. Esta tensión territorial ha costado la vida de por lo menos ocho pescadores de esta comunidad4.

La avanzada racista del Estado hondureño ocurre simultánea con el avance de la palma aceitera en todo el departamento de La Ceiba y en Honduras en general. Se estima que existen plantadas 160 mil hectáreas de palma, muchas de las cuales se encuentran dentro de territorios indígenas y campesinos. Según datos de la Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH 75% de los territorios del pueblo garífuna están rodeados por el monocultivo de la palma africana.

La OFRANEH señala los casos de Punta Piedra y Vallecito como agresiones muy dolorosas en el territorio garínagu. En 1993 Miguel Facussé se apoderó de Punta Farallones. Casi al mismo tiempo, una invasión inducida por el general Castro Cabus se apoderó de río Miel, parte del hábitat funcional de la comunidad de Punta Piedra. Esto generó que la frontera de los monocultivos de palma aceitera llegara a la costa garífuna y rompiera la continuidad del territorio, atomizando y aislando a comunidades que quedaron atrapadas por el manto oscuro de la palma.

Desde la instalación del monocultivo a gran escala en 1992 los habitantes de esta zona han detectado los graves efectos sobre la alimentación y su cultura. Según relata Felicita Palacios: “Los cultivos de palma han afectado el acceso a otros recursos como bosques, animales y frutos silvestres. Tanto en la producción como en el mercado de los alimentos se han afectado los precios por la poca producción de guineos, yuca, cocos y otros alimentos básicos”5.

Para la cultura garífuna el avance de la palma sobre los bosques erosiona su espiritualidad y su riqueza cultural, según lo consigna la coordinadora de OFRANEH en una conversación que sostuvo con Biodiversidad el pasado 9 de septiembre en la ciudad de La Ceiba: “nosotros ocupamos árboles grandes para nacer nuestros tambores y nuestras casas, pero hay zonas que están devastadas, que antes eran bosque, y donde están desapareciendo los árboles grandes. El desplazamiento de las comunidades afecta también la identidad cultural” señala Miriam Miranda coordinadora de OFRANEH.

Los garífunas narran sus historias dialogando con el tambor. Cuentan cómo se libraron siempre de la conquista y la esclavitud. Bailan para recordar su raíz con el ritmo que dicta los pies del danzante. La memoria condensada en tradición y canto es la expresión más visible de su rica cultura. Despojar a cualquier pueblo de su “hábitat funcional” es también atacar su existencia como pueblo, la identidad que les permite autonombrarse.

Los monocultivos en el territorio garífuna son un viejo invasor. Más de cien años después de la llegada de los garífunas, el entonces joven Estado hondureño concesionó a múltiples empresas bananeras un total de 416 mil 500 hectáreas,6 muchas de la cuales eran parte de los territorios de pueblos indígenas, que no fueron consultados, y de la noche a la mañana se les trató como extranjeros en su propia tierra.

Para 1930 la Tela Railroad Company —una subsidiaria de la Unit Fruit Company— llegó a controlar 194 mil 992 hectáreas. La UFCO llegó a ser propietaria de más de 1 millon cien mil hectáreas de tierra en Centroamérica.7 La expansión del cultivo del banano en manos de empresas como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company estuvo también acompañada de la expansión de otros productos agrícolas para la exportación, principalmente la caña de azúcar para producir aguardiente. También se expandió la industria ganadera.

Para los años veinte del siglo XX comunidades garífunas de La Ceiba ya sufrían desalojos por parte de las empresas bananeras con el apoyo de las autoridades estatales. Tal fue el caso de la comunidad de Armenia, que sufrió el desalojo por parte de la Standard Fruit Company8 Este acontecimiento sigue vivo en la memoria colectiva del pueblo garífuna que, hasta la actualidad, sigue reclamando estas tierras.

Para la década de 1960 en Honduras se realizó un reforma agraria de grandes proporciones: 336 mil hectáreas fueron distribuidas a unas 66 mil familias campesinas. Menos de medio siglo después el Estado hondureño decretó la “ley de modernización agrícola” que permitió la venta de las tierras de la reforma agraria7. A partir de 1990 comenzó un acelerado proceso de contra-reforma que se agudizó con el golpe de Estado en 2009 mediante el que el Ejército hondureño derrocó al entonces presidente José Manuel Zelaya.

El golpe de Estado y el agronegocio van de la mano. El departamento de la Ceiba y principalmente el Bajo Aguán son actualmente dos de los focos principales de tensión y disputa por la propiedad de la tierra. Dentro de los principales actores a mencionar se encuentran las compañías palmicultoras, grandes acaparadoras de tierra en manos de unos cuantos empresarios. Los principales magnates palmeros son Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales, también famosos por ser acaparadores de tierra. Miguel Facussé en particular es apoderado de la Corporación Dinant. Es apodado “el palmero de la muerte” por ser cómplice del golpe de Estado y uno de los responsables de más de 90 muertes violentas de campesinos de la zona del Aguán desde el 2010. La Corporación Dinant vende gran parte de su producción a la transnacional Unilever, pero además exporta aceite vegetal a México y Centroamérica donde se comercia bajo la marca Mazola, y como Snacks Yummies.

Dos meses antes del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 los empresarios palmeros estaban inquietos por medidas que estaba tomando el entonces presidente Zelaya, entre otras el aumento en el salario mínimo. Sumado a esto, para el mes de marzo el precio en el mercado internacional de la tonelada de aceite de palma había bajado un 62%. Dicho malestar se reflejaba en la prensa y hacía sentir que el sector agroindustrial era muy crítico del gobierno.

Para 2011 la demanda de aceite de palma creció (y con eso su precio) debido al supuesto auge de los agrocombustibles. El volumen en toneladas métricas exportado en 2011 superó en un 25% lo exportado en el año anterior, posicionando a Honduras como el tercer productor de palma en América Latina, sólo detrás de Ecuador y Colombia. Es hoy el octavo productor a nivel mundial.

Hoy el gobierno incentiva la producción de palma con una inversión de 71 millones 900 mil dólares para la instalación de 125 mil hectáreas del monocultivo. Según el ministro de Agricultura y Ganadería Jacobo Paz se prevé que con esta inversión se llegará a tener sembradas 260 mil hectáreas y su expansión está prevista en los valles de Sico, el valle de Sula y el valle del Aguán, ubicados en la parte nororiental de Honduras cerca de la Costa Atlántica. Es decir el gobierno espera duplicar la cantidad de superficie plantada de palma aceitera.

También hay racismo y despojo planificado. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), también llamadas en Honduras “ciudades modelo” se vienen a sumar al andamiaje legal para permitir el despojo y el impune funcionamiento del libre mercado. Entre algunas de las legislaciones con que cuenta actualmente Honduras para este fin se pueden mencionar la Ley de empleo por horas, y la Ley de alianza-publico-privada. Éstas vienen a desregularizar cualquier aspecto referente a derechos laborales y le permite a la clase empresarial una protección de sus inversiones.

Según reza la ley hondureña sobre ZEDEs, estos espacios de liberación económica cuentan con autonomía jurídica y territorial propia. Se ligan al Estado hondureño solamente para términos administrativos, electorales y migratorios. En estas ZEDEs pueden dar cabida, según la ley, a centros financieros internacionales, centros logísticos internacionales, ciudades autónomas, cortes comerciales internacionales, distritos especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas especiales, zonas sujetas a un sistema jurídico especial zonas agroindustriales especiales, zonas turísticas especiales, zonas mineras sociales, zonas forestales sociales.

En el fondo, con las ZEDEs se impone un modelo de carácter neofeudal anclado en el libre mercado y la impunidad para la inversión privada. “Con las ZEDEs el territorio hondureño se convertirá en un ‘archipiélago de paraísos fiscales’. Todo parece indicar que Honduras está siendo tomada como ‘laboratorio’ por el gran capital internacional, poniendo en precario la disponibilidad de ingresos públicos para la ejecución de programas sociales y de inversión así como para atender las necesidades básicas de la población en educación, salud, seguridad e infraestructura”.9

Pese a la resistencia y el reclamo de más de 50 organizaciones hondureñas que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, sus argumentos no fueron escuchados por la Corte Constitucional de este país argumentando que “ninguna de las partes que interpone el recurso tiene intereses directos o se ven afectadas por la construcción de las llamadas popularmente Ciudades Modelo”. Este argumento es totalmente falso. Hay 25 comunidades garífunas incluidas en los planes de creación de cinco ciudades modelo sin consulta alguna en la costa noroccidental de Honduras. Una gran parte de la población se mantiene en protesta y apuesta por la organización a partir de sus usos y costumbres.

Las mujeres garínagu están involucradas plenamente en el resguardo de la vida. Se encargan de cultivar la tierra, especialmente la yuca, el plátano y el coco y son también el centro del hogar, ya que la cultura garífuna es matrilineal y matrilocal10. Los hombres también forman parte del sistema productivo garífuna ya que se encargan de la pesca. Pero las mujeres son las encargadas de la reproducción y la transmisión cultural y son muy importantes en la toma de decisiones dentro del hogar y la comunidad.

En las luchas territoriales en defensa de sus comunidades estas características resaltan. La líder de OFRANEH, Miriam Miranda, señala: “vemos que son compañeras las que están sosteniendo estas luchas, al mismo tiempo son las mujeres las que están siendo detenidas, llevadas a la fiscalía, demandadas. Es una política de Estado para hacernos desaparecer como pueblos, incluso aparecen en las audiencias diciendo que no somos hondureñas y que somos allegadas, extranjeras y por lo tanto no tenemos derechos”.

Pese al terror de Estado, la represión por parte de los guardias privados y del ejercito hondureño, los garínagu tienen y seguirán teniendo muy presente en su memoria las historias de lucha y rebeldía que les permitieron no haber sido conquistados jamás.

Bibliografía:

1. Adital. Estado hondureño no reconoce a pueblos garífunas como indígenas, 2014. Aquí

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de 30 de mayo de 2014. Consultada aquí

3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 07 de abril de 2014.

4. Miranda, Miranda. “Honduras Otro asesinato en nombre de la supuesta protección de las áreas naturales”, Biodiversidad, sustento y culturas 58. Ver aquí

5. Guity, Erika “Honduras: Violación del derecho a la alimentación en la comunidad de Triunfo de la Cruz”. Foodfirst Information and Action Network Consultado aquí

6. Laínez, Vilma; Meza, Víctor. “El enclave bananero en Honduras”. Nueva Sociedad núm. 6 mayo-junio 1973, pp. 21-43

7. Edelman, Marc, and Andrés León. “Cycles of Land Grabbing in Central America: an argument for history and a case study in the Bajo Aguán, Honduras.” Third World Quarterly 34.9 (2013): 1697-1722.

8. Trucchi, Giorgio. “Nueva Armenia y su lucha por la vida y la soberanía” Rel-Uita Leído aquí

9. Pino, Hugo. “Honduras: Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”. Aquí

10. Meza Márquez, Consuelo. “Discurso literario de las poetas garífunas del Caribe centroamericano: Honduras, Nicaragua y Guatemala” México, 2012/2 :245-278, aquí (pdf)

Fuente: Biodiversidad 82 / 2014-4

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Honduras: “Una guerra declarada contra los pueblos y movimientos sociales” - Entrevista a Berta Cáceres

Coordinadora de la Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras

El pasado 9 de septiembre se realizó el Foro-Taller Palma Aceitera y su efectos en la Soberanía Alimentaria, efectuado en el departamento de La Ceiba, Honduras. Los equipos de Biodiversidad, sustento y culturas, y de Radio Mundo Real tuvieron la oportunidad de conversar con la referente del COPINH, Berta Cáceres, sobre el avance de los monocultivos y los mega-proyectos en el país centroamericano. Ofrecemos un extracto de esta entrevista.

¿Cuál es la situación vivida en Honduras en torno a los monocultivos?

BC: En Honduras se ha impulsado muchísimo el monocultivo, la producción y comercialización transgénica y en un extremo realmente alarmante el cultivo de palma, principalmente desde la aprobación de los Tratados de Libre Comercio, que les dio mucha libertad a las transnacionales de operar y producir transgénicos que nos dañan de una manera brutal nuestra salud, provocando la pérdida de biodiversidad y soberanía en todos los sentidos: la soberanía económica y política; la soberanía de nuestros cuerpos, la soberanía alimentaria y la soberanía territorial. También la pérdida de nuestra producción. En el caso del pueblo lenca —que somos custodios del maíz— estamos viendo la pérdida de gran diversidad por la siembra de maíz transgénico para producir agrocombustibles.

Ahora nos amenazan también con otro cultivo —además de la palma— que es el piñón [Jatropha curcas]. Los relacionados con la palma, es decir el palmero de la muerte [Miguel Facusse] y otros, son los mismos que quieren la energía, quieren los bancos, tienen todo y además dieron el golpe de Estado.

El impacto en la vida no sólo es en Honduras sino en todo Centroamérica. Debemos incrementar el trabajo relacionado con los agrocombustibles para enfrentarlo. En la Mosquitia tienen previsto la siembra de miles de hectáreas de palma africana, así como en Comayagua y en el centro del país.

Además del desplazamiento y los daños a la biodiversidad ¿qué impacto tiene la palma para la soberanía alimentaria?

BC: Es grave porque la priorización que hace el gobierno es la producción de palma africana, los monocultivos para agrocombustibles, y no para alimentos. Esto impacta mucho a los productores campesinos e indígenas. Ahora en Honduras es dramática la carencia de granos básicos y el daño a los pueblos campesinos e indígenas.

La palma tiene impacto en la alimentación también porque estamos comiendo basura. Nosotros decimos que un hospital de Honduras refleja la realidad de este país de enormes carencias y empobrecimiento brutal. Mientras tanto, vemos que se van equipando la policía y el ejército; uno mira la desproporción. Esas políticas no están encaminadas a alimentar a los seres humanos sino a la militarización y a las ganancias de los grandes capitales.

¿Cuál es la situación en términos de prosecución y criminalización de la protesta social en Honduras luego del golpe de Estado?

BC: Los monocultivos, la palma, la imposición de todo tipo de megaproyectos están muy vinculados con el golpe de Estado y significan para nosotros muerte. La lucha contra el narcotráfico es una completa mentira porque está más que comprobado que el narcotráfico está ligado con el poder político. Está comprobado que transnacionales mineras operan con el narcotráfico.

En Honduras la policía y el ejército están para brindar seguridad a las empresas y no a la población. En el Aguán están cuidando los centros donde se producen el aceite de palma, están cuidando las tierras que han usurpado los grandes terratenientes y banqueros de este país. Es una política que no es nueva. EUA tiene mucho que ver con eso. El ejército está entrenado por miembros del ejército de Israel, de la Mossad, y fue clara la participación de ellos en el golpe de Estado. En Honduras hay una política de terror, de criminalización, y lo vemos cada día. Matar a tanta gente aquí no es una cosa aislada, es un problema estructural, organizado y planificado para eso.

Hay una intención por impulsar el miedo. Primero estas empresas ofrecen sobornos y por supuesto al rechazarlos y denunciarlos, lo que le ofrecen a la gente son balas o cárcel. Acá en Honduras hay un incremento de la militarización y las políticas del terror.

Además de los monocultivos, ¿qué otros mega proyectos están causando daños a las comunidades?

BC: Desde la lógica del modelo energético que impulsa el capitalismo imponen el saqueo, el desplazamiento, la privatización de los bienes comunes y la naturaleza —entre ellos los ríos y el agua. Esto significa que las comunidades hacemos una lucha de vida o muerte.

Acá en Honduras hay una guerra declarada contra el pueblo y los movimientos sociales.

Acá se piensan construir en lo inmediato más de 300 represas hidroeléctricas y eso significa la privatización de todos los ríos. Y a nadie le han consultado, lo que viola el Convenio 169. Ésta es una especie de dictadura “democrática”.

En Francisco Morazán hay grandes proyectos eólicos a gran escala que producen impactos ambientales y pérdida de territorio. En el tema petrolero BP es dueña de casi toda la plataforma marítima de la Mosquitia. Ellos van por todo. En el tema minero hay casi 800 proyectos mineros otorgados, eso implica más de 35 mil kilómetros cuadrados.

Además las Zonas Especiales de Desarrollo-Ciudades Modelos- significan la tercerización del la justicia. Van a tener su propio sistema migratorio, de justicia, de policía, van a poder firmar tratados de libre comercio con estructuras independientes a las decisiones del Congreso Nacional.

Fuente: Biodiversidad 82 / 2014-4

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Encerrados fuera de su territorio. La tragedia garífuna

Hay una certeza que crece en los espacios donde se divulga la situación de los pueblos originarios en América Latina, incluso en algunas audiencias públicas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Estados Unidos: existe la pretensión, nada solapada, de expulsar al pueblo garífuna de sus territorios en Honduras, desconocerle sus derechos, deshabilitarle sus estrategias de subsistencia y empujarlos a un exilio a Estados Unidos donde los reciben con marginación, encierro, maltrato y hasta trabajo esclavo.

La expulsión rotunda. En septiembre, en una reunión celebrada en La Ceiba, Honduras, para hablar de la expansión de los monocultivos, las organizaciones continentales participantes señalaron que “la expansión frenética y masiva de los monocultivos en el continente, coloca en condiciones precarias a campesinos, pueblos indígenas y negros, además de generar un enorme impacto ambiental”, y que los cultivos de palma africana, soya, eucaliptos y pastizales, se han convertido en “feroces instrumentos de acaparamiento de tierras” —lo que redunda en la expulsión, muchas veces armada y paramilitar, de las comunidades. Una expulsión agravada por el trasvase de ríos y acuíferos, la desecación de humedales, los proyectos turísticos, mineros y petrolíferos.

Hace poco, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales afirmó del caso garífuna: “Denunciamos enérgicamente las graves violaciones a los derechos humanos, el despojo y desplazamiento de los pueblos, la criminalización de la lucha por la defensa de los territorios, las acciones de amenazas y persecuciones que desde hace varios años se imponen para favorecer los intereses empresariales en claro detrimento de los derechos colectivos”.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) sigue denunciando desalojos como el de Armenia para favorecer a la Standard Fruit Company o el de Barra Vieja, a manos de la Empresa Nacional Portuaria e Indura Beach Resort.

El propio Estado hondureño litiga contra las comunidades intentando desconocer sus derechos territoriales. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en Costa Rica y luego en Paraguay) insistió en negarle al pueblo garífuna su condición de pueblo originario de Honduras y su derecho al territorio.

Pese a que la Corte Interamericana le señaló al Estado hondureño su incongruencia (al no aceptar territorialidades ancestrales no tituladas), la misma Corte de Apelaciones de la Ceiba, en Honduras, “en base a una cuestionable ley de municipalidades y la ilegal ley de propiedad”, dice OFRANEH, “pretende satisfacer los mandatos de los empresarios”.

Ante el desalojo, el pueblo garífuna está huyendo. Sabe que las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo económico (ZEDE) lo empujarán literalmente a quedar encerrado en ciudades modelo, donde todo está privatizado, tercerizado —de la gestión de los servicios a la seguridad— incluso la justicia. El extremo es la invivible existencia impuesta por los grupos criminales, coludidos con los gobiernos, en la región.

Exilio hacia el encierro. Para irse a Estados Unidos (hay entre 75 mil y 90 mil garífunas tan sólo en el Bronx) los garífunas tienen que atravesar la intrincada maraña de corrupciones, hostigamientos, asaltos, violaciones y vejación (a manos de la policía y los grupos criminales) que los esperan en territorio mexicano. Basta revisar los horrores del caso de Ángel Amílcar Colón, migrante garífuna inocente, preso en condiciones inhumanas en cárceles mexicanas desde 2009, cuya libertad, por desistimiento de la autoridad (porque él es inocente de los cargos) apenas ocurrió hace unos días.

En preaudiencias relacionadas con migración en el Capítulo México del TPP, celebradas en Nueva York y Seattle, las denuncias de varias mujeres garífunas hablan de por lo menos 189 madres con hijos que en vez de ser deportadas al llegar, las autoridades les ponen a los hijos en albergues y a ellas les colocan grilletes electrónicos que literalmente las espían, rastrean y controlan sus movimientos, y pretenden quebrarlas mentalmente. Una de ellas dijo en la preaudiencia celebrada en la sede de Naciones Unidas: “Nunca pensamos que seríamos esclavas aquí en Estados Unidos, como lo fueron nuestros ancestros africanos. Los grilletes suenan, nos hablan, nos obligan a regresar a casa para recargarles la batería, nos impiden salir de ciertas áreas y permiten que la policía entre a nuestras casas a cualquier hora intimidándonos como se les pega la gana. Por qué no nos deportaron. Tal vez quieren saber quienes son nuestras amistades”.

Otra más declaró: “Es raro, sólo les ponen los grilletes a las mujeres. Los hombres los deportan o los ponen a trabajar en centros de detención por un dólar al día. Hay quien dice que nos están probando, y que nos quieren someter, doblegar, para que aceptemos sus condiciones”.

Y cuando no les ponen grilletes, el destino de los migrantes es la deportación o los centros de detención privados, como el de Newark, o como el de Tacoma en Seattle, estado de Washington. Tales centros de detención de GEO [la empresa privada que los maneja y fabrica los grilletes electrónicos] son prisiones lucrativas puestas en vigor desde 1996 y que no están administradas por el gobierno federal o estatal, por lo que no rinden cuentas del trato impartido a los reclusos. Los testimonios de los detenidos reportan tratos inhumanos, encadenamiento de pies y manos y amordazamiento, “ser castigados si piden respeto, negativa de tratamiento médico y de los instrumentos más básicos de higiene”.

En la preaudiencia del TPP celebrada en Seattle, los jurados hicieron la siguiente recomendación, entre otras muchas:

“El sistema de detención (incluidos los centros de detención física en sí mismos), debe ser desmantelado. No se debe separar a las familias por ninguna forma de cumplimiento migratorio. El sistema de cumplimiento de las leyes migratorias se privatizó y corporaciones privadas como Geo Corporation (antes Wackenhunt, y antes la Agencia Pinkerton) con un largo récord de abusos hacia los trabajadores y los migrantes, presionan en pos de una aplicación más estricta para garantizar mayores ganancias. Debe eliminarse a las corporaciones privadas de todos los aspectos del sistema migratorio, en especial de la ejecución de la ley”.

Es increíble que mientras en un polo se promueve la expulsión, en el otro el destino de los expulsados sea caer esclavizados por haber creído que llegarían al país de la libertad y las oportunidades. En ambos polos, la sociedad civil tendrá que ejercer presión para salvaguardar la integridad del pueblo garífuna con sus territorios ancestrales.

Fuente: Biodiversidad 82 / 2014-4


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