Perú - Sra. Presidenta del Congreso de la República: Rechazamos el Proyecto de Ley 00075-2016-CR que favorece la tala ilegal y el etnocidio

A continuación compartimos el documento:

Sra. Luz Salgado

Presidenta del Congreso de la República del Perú

Presente

AIDESEP, la principal organización de pueblos indígenas del Perú articula 1800 comunidades, asociadas en 109 federaciones y 9 organizaciones regionales manifiesta su total y profundo rechazo al Proyecto de Ley 00075-2016-CR del congresista Carlos Tubino pues este favorece la tala ilegal y llevaría enfermedad y muerte a las comunidades nativas y a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) Amahuaca, Sharanahua, Hunikuin, Madijá, Mastanahua, Manchineri, Maranahua, Yaminahua y Mashco Piro que habitan en la provincia de Purús y en los bosques que colindan con Madre de Dios y Cusco, en Perú, así como en Acre, Brasil. Este proyecto propone indirectamente una vía carretera para la destrucción de la selva en favor de las mafias criminales de la tala ilegal que desean acceder a los últimos millones de hectáreas de árboles de la caoba que constituyen ese bosque. De hecho, las mujeres indígenas del Purús comercializan de manera responsable semillas de caoba de alta calidad sin destruir el bosque. El acceso a este bosque también permitiría la entrada de la minería ilegal así como la expansión de las redes del narcotráfico hacia el Brasil.

La imagen demuestra que entre Puerto Esperanza (Purús), e Iñapari ( Madre de Dios), sólo hay bosque ocupado por los PIACI protegido por Reservas Indígenas para ellos y áreas naturales protegidas de carácter estricto.

Este proyecto no solo tiene consecuencias negativas para los peruanos sino también para los brasileños. El Estado del Brasil ha llamado la atención al gobierno peruano por la acción de taladores ilegales y de narcotraficantes de origen peruano que operan en la frontera de Acre y Cruzeiro do Sul. Incluso en 2007 el Ejército de Brasil y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) cruzaron la frontera destruyeron el campamento de los taladores ilegales y detuvieron a los taladores ilegales como lo reportó la cancillería peruana ( aquí). El Proyecto de Ley 00075-2016-CR pone en riesgo nuestra relación con Brasil en forma irresponsable.

Cuestionamos que Ud. Señora Presidenta del Congreso argumente la “desconexión” de la provincia del Purús, pues ya existe transporte aéreo con el resto del país, a través de vuelos regulares en avioneta a Pucallpa a S/. 150 y de apoyo cívico a S/. 50. Si se argumenta desconexión, basta con incrementar la frecuencia de los vuelos y reducir costos para transportar población y víveres y no una carretera para sacar ilegalmente madera de áreas naturales protegidas y comunidades nativas. Purús ya cuenta con transporte fluvial, especialmente por parte de las comunidades y asentamientos, en todo caso el Estado podría mejorar las pésimas condiciones de salud y educación, pero ello no se hace con carretera sino con personal en la zona. El colmo es que la actual posta de salud no está incluída en el registro de centros que reciben personal y medicamentos del Ministerio de Salud. No necesitamos carretera, necesitamos que atiendan estos increíbles pedidos de atención. Ningún camionero nos traerá el desarrollo sino querrá llevarse nuestros recursos por unos centavos y Purús quedará “conectada” a la misma pobreza y encima con la muerte de nuestros hermanos en aislamiento.

La imagen demuestra que Puerto Esperanza ( Purús), es un poblado más pequeño que su pista aérea. Es una zona de solo productos agrícolas como maní en pequeñas cantidades. El gran negocio que se quiere promover es la tala ilegal de sus bosques de Caoba (y que jalará a minería ilegal y narcotráfico).

Dicha carretera ha sido rechazada varias veces por el Congreso Peruano en las legislaturas 2006-2011 y 2011-2016, al igual que las organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos del Perú, Brasil y el mundo; así como por el propio Estado, a través de diferentes sectores del Poder Ejecutivo y por la Defensoría del Pueblo. El Ministerio del Ambiente,[1] el Ministerio de Cultura,[2] y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones[3] emitieron opiniones desfavorables a la propuesta[4], tal como lo sostiene también la Defensoría del Pueblo[5].

En contra de todo esto, el congresista Tubino insiste y pretende imponer la tala ilegal de manera soterrada, el pretexto ingenuo de que Proyecto de Ley 00075-2016-CR propone una “conexión multimodal”, siendo que multimodal NO descarta la carretera. Incluso se ha llegado a la irresponsabilidad de proponer un tramo carretero en la frontera con el Brasil, sabiéndose que los impactos llegan a decenas de kilómetros a ambos lados de ellas y por tanto sería necesaria la consulta al Estado brasileño.

Usted Señora Presidenta del Congreso ha adelantado opinión sin escucharnos siquiera y ha declarado el pasado 8 de mayo de 2017 en RPP pidiendo una carretera ( https://www.youtube.com/...). En dicho Proyecto de Ley se incluyeron frases vacías como que esa conexión multimodal “respete las áreas protegidas y derechos indígenas”. ¿Cómo creer que el Estado va a garantizar esta defensa en un área alejada y controlada por los madereros? Si en otras más accesibles, la incapacidad operativa permite que áreas protegidas como el Bosque de Protección Alto Mayo tenga un sector invadido por agricultores ilegales que han construido, escuela, puesto de salud burlando el control del Servicio Nacional de Áreas Protegidas impunemente.

Exigimos una posición clara suya y de todas las bancadas del Congreso sobre este grave peligro, que tendrá repercusiones sobre la vida de nuestros hermanos en aislamiento voluntario; provocar una nueva indignación nacional indígena como el 2008-2009 , y también tiene alterar las relaciones internacionales con el Brasil, en pleno proceso internacional del “Lava Jato” país de Brasil. Estamos preocupados por el rol de la Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE), María Elena Foronda, que guarda silencio y en paralelo ha priorizado el trámite de este nefasto proyecto. La congresista Foronda se abstuvo en la votación del dictamen en su comisión, es decir no estuvo a favor, pero tampoco en contra. No aceptamos esa indefinición frente a derechos sustanciales y la amenaza de implementar una carretera tan nefasta. La exhortamos a no ausentarse y definirse en la sesión del Pleno donde se vote. Llamamos a no ceder a los chantajes congresales ni frente a los taladores ilegales que tanto daño hacen a nuestra Amazonía y sus pueblos. Instamos, por el contrario, a rechazar proyectos tan racistas y destructivos como el ya mencionado. Ninguna mayoría congresal puede estar del lado de la muerte y la destrucción, sin asumir las consecuencias de provocar la justa indignación indígena y popular nacional.

Frente a lo expuesto, solicitamos lo siguiente a usted Señora Presidenta y por su intermedio a otras instancias y autoridades involucradas :

Al congreso nacional, sus diversas bancadas y comisiones de pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Transportes, a que durante el debate del Proyecto de Ley 00075-2016-CR se priorice:

a) Fortalecer la conexión aérea de Purús al resto del país y disminuir costos de fletes. Excluir cualquier tramo carretero entre Puerto Esperanza e Iñapari, lo que afectaría y destruiría la Reserva Comunal Purús, Parque Nacional Purús, una concesión de conservación, y las Reservas Indígenas para los pueblos indígenas en aislamiento Mashco Piro y Madre de Dios.

b) Promover un convenio de integración binacional con el Brasil, para proteger las áreas naturales protegidas y las reservas pueblos indígenas en aislamiento que habitan en millones de hectáreas a ambos lados de la frontera; así como promover proyectos de desarrollo sostenible en la Provincia de Purús, como son entre otros, la comercialización de semillas de caoba que ya hacen las hermanas indígenas del Purús.

c) Organizar una Audiencia congresal en Purús, con una delegación multipartidaria, donde asistan no solo los negociadores de madera, sino las comunidades indígenas y sus organizaciones como FECONAPU, ECAPURUS, ORAU, AIDESEP, COICA y otras entidades estatales y de derechos humanos involucradas

Al gobierno nacional:

a) A través de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Cultura que ya opinó en contra en su Oficio 000345-2016/VMI/MC de 27 de octubre de 2016 y la Defensoría del Pueblo a explicitar su rechazo a dicha carretera en Purús porque viola derechos existentes y advertir de las consecuencias legales e internacionales del mismo.

b) Decisiones inmediatas para incrementar y abaratar el transporte aéreo y fluvial para mejorar el costo de vida y el acceso a los servicios estatales; y el deslinde de responsabilidades estatales s sobre los impactos de las mafias madereras, mineras y de narcotráfico, escondidas detrás de dicha carretera.

c) A las instancias internacionales de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, a la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli Corpuz, y al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas FPPI les pedimos movilizar una comisión de investigación inmediata al Purús, para verificar los peligros, las campañas de racismo, etnocidio y ecocidio que se promueven contra los pueblos indígenas y sus bosques, y pasar a activar los mecanismos de defensa de derechos indígenas y ambientales.

d) A las organizaciones indígenas y aliados de los pueblos indígenas en el Perú y el Mundo les pedimos declararse en estado de alerta permanente, así como reiterar una vez más sus pronunciamientos rechazando el Proyecto de Ley 00075-206-CR y efectuar asambleas para debatir las acciones a tomar frente a esta agresión envuelta en engaños contra los pueblos indígenas de toda la Amazonía.

e) Al movimiento de Derechos Humanos pedimos iniciar las acciones jurisdiccionales correspondientes para hacer frente a este ilegal Proyecto de Ley que va contra la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29765, la Ley de Áreas Naturales Protegidas 28736, el Código Penal, entre otras muchas normas del ordenamiento jurídico nacional e internacional como el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT. Dicho proyecto de ley amenaza la existencia y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y especialmente los más vulenrables que están en aislamiento voluntario y contacto inicial.

Atentamente,

Jamner Manihuari Curitima

Presidente (e) de AIDESEP

Con copia a:

Presidenta de la CPAAAE

Presidente de la Comisión de Transportes

Voceros de todas las bancadas parlamentarias

Ministro del MINCUL

Ministra de Justicia

Defensor del Pueblo

Presidente de la PCM

Dirigentes de las organizaciones indígenas del Perú, COICA y del mundo

Relatora de PPII de la ONU

Foro Permanente de PPII de la ONU

Comisión de Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU

Redes y organizaciones ambientales, indígenas y de derechos humanos del mundo

Notas

[1] Oficio N° 1291-2012-MINAM-SG, del 5.62012, para la CPAAAE, los Informes N° 157-2012-MINAM/SG-OAJ, N° 002-2012-MINAM-VMDERN-ECASTRO, N° 002-2012-MINAM-VMG-RARANA y N° 016-2012-SERNANP-DGANP/OAJ. Asimismo, mediante Oficio N° 1288-2012-SG/MINAM, del 1.6.2012, se remite a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, los informes antes indicados.

[2] Oficio N° 094-2012.CVI-MC, del 11.62012, para la CPAAAE y, Oficio N° 095-2012.CVI-MC, del 11.6.2012, remitido a la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

[3] Oficio N° 091-2012-MTC/01, del 13 de junio de 2012, se remite a la Comisión de Transportes y Comunicaciones el Informe N° 1244-2012-MTC/08.

[4] Presentada también en el gobierno anterior por el Congresista Carlos tubino con el Proyecto de Ley Nº 001035/2011-CR y archivado entonces por las incompatibilidades legales y opiniones desfavorables de los sectores correspondientes.

[5] A través del Oficio Nº 277-2016-DP/AMASPPI, de fecha 17.10. 2016, la Adjuntía de Medio Ambiente, servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, alerta al Congreso de la República y a la CPAAAE, sobre la vulneración de derechos para los PIACI y para el medio ambiente que originaría la aprobación del Proyecto de Ley Nº00075/2016-CR ante la posibilidad de establecer una conectividad terrestre entre Puerto Esperanza e Iñapari.

Fuente: AIDESEP