Argentina: Declaración de Medanitos por la defensa del derecho al uso y administración del agua

Denunciamos públicamente que tales derechos vienen siendo amenazados por las ilegales e ilegítimas pretensiones de la empresa privada ‘Cabernet de los Andes S.A.’ de acceder a un turno seco de once (11) días y once (11) noches de riego de nuestras aguas del río Abaucán, pretensiones que directamente afectan las posibilidades de sostener nuestras economías familiares, las que en gran medida se basan en la autoproducción de alimentos fundado en el cultivo del maíz, zapallos y hortalizas en general, además del cultivo frutales y de forrajes para la cría de animales, todos los cuales requieren de un uso regular y sostenido del agua, precisamente en la época estival donde el caudal del río se torna más escaso.

Muchas son las irregularidades que vician desde el punto de vista jurídico la legalidad de las pretensiones de la empresa ‘Cabernet de los Andes S.A.’ sobre nuestros derechos al agua de riego. Ante todo, y como razón de fondo, el hecho de que por tratarse de una firma benecifiaria del régimen de diferimientos impositivos no tiene derecho al uso del agua superficial, sino que está obligada a abastecerse a través de aguas subterráneas, tal como lo dispone la normativa general relativa a dicho régimen (Ley 22.702), así como el propio decreto específico mediante el cual se le conceden los beneficios del régimen (Decreto Nro. 2139/98, art. 8).

Esta inequívoca disposición legal sólo pudo haber sido omitido y burlada a través de las fallas institucionales que afectan el funcionamiento de nuestro sistema judicial y que muchas veces, como en este caso, hace que los ‘simples ciudadanos’ nos veamos privados de nuestro derecho a la Justicia frente al poder fáctico de actores con mayores recursos económicos y capacidad de influencia. Así, el vicio legal originario (la improcedencia de tener acceso al agua superficial, al tratarse de una empresa sujeta a un régimen de diferimientos) dio lugar a que fuera espuriamente ‘subsanado’ mediante una inédita y absolutamente improcedente ‘competencia originaria’ de la Corte Suprema de la Provincia, sin antes mediar las instancias judiciales intermedias, la cual, aún luego de arrogarse competencia de modo irregular, emite un fallo viciado de errores formales y de fondo, que constituyen una patética muestra de la baja calidad institucional que afecta actualmente a nuestro sistema. Esto, y no nuestra pacífica defensa del agua, constituye, en realidad, un verdadero ‘escándalo jurídico’.

Pero más allá de lo estrictamente jurídico, las pretensiones de la empresa ‘Cabernet de los Andes S.A.’ resultan completamente injustificables desde el punto de vista político: una sola firma pretende apropiarse del 33 % del agua del río Abaucán a costa de los derechos de los más de 1.000 pobladores de Medanitos que vivimos y dependemos de nuestros cultivos; para regar sólo 36 hectáreas de sus ‘viñedos de altura’ pretende despojarnos del agua que riegan las 800 hectáreas que en conjunto cultivamos y con las cuales conformamos el sustento digno de nuestras familias.

En sus engañosos discursos, con la connivencia de autoridades provinciales, han afirmado que ‘existe agua suficiente’ para todos, cuando en realidad no se han realizado estudios actualizados sobre el caudal del agua que sustenten esa aseveración. Por otro lado, esas afirmaciones contradicen nuestro conocimiento práctico, quienes año a año, en la época de las siembras de verano, vemos cómo escasea el agua y debemos administrarla con sumo cuidado. Además de engañosa, la afirmación de que ‘hay agua suficiente para regar más de mil hectáreas en la zona’ oculta, por un lado, la manifiesta inequidad en la distribución que significaría cederle sólo a una firma el 33 % del caudal de riego; por otro lado, busca tapar la irracionalidad que implicaría largar el agua por un recorrido de 18 km de arena, con la consiguiente pérdida de recurso hídrico en tales condiciones.

Asimismo, con una prédica que ha encontrado eco tanto en las esferas gubernamentales como en las empresas periodísticas del medio, ‘Cabernet de los Andes S.A.’ ha procurado justificar políticamente sus pretensiones bajo el remanido argumento de que se trata de una empresa que ‘da trabajo’ en la zona; también, a través del recurso publicitario de que se trata de una empresa que coloca los ‘vinos de Fiambalá’ en el mercado mundial. Bajo tales argumentos procura hacer justificables y legítimas las pretensiones de apropiarse del 33 % del caudal del río, a costa, por cierto, de nuestras posibilidades de subsistencia.

Rechazamos enfáticamente que producir ‘vinos de exportación’ sea más importante o tenga más valor que producir cultivos diversificados que proveen de alimentos saludables y sostenibles para nosotros y para nuestros hijos. Por el contrario, consideramos prioritario que los esfuerzos promocionales del sector gubernamental dejen de estar unidireccionalmente orientados a apoyar empresas privadas con escasos vínculos y arraigo en nuestros territorios y, de una vez, empiecen a dar importancia a los propios pobladoras y pobladores que producimos para nuestros mercados locales. También nosotros hacemos buenos vinos; no negamos la posibilidad de que los productos de nuestra tierra y de nuestra agua lleguen a mercados lejanos, pero sí nos negamos a que para ello se pague el costo de perder nuestra producción local, para el mercado local.

Tampoco negamos el derecho de empresarios de radicar sus empresas en nuestras tierras, pero descreemos de la ‘promesa’ de la ‘generación de empleos’. Sabemos que en las actuales condiciones del mercado global, las empresas requieren concentrar cada vez más recursos –y sobre todo recursos naturales-, a cambio de cada vez menos empleo. Concentran así más riqueza y más poder de disposición tanto sobre nuestras tierras y bienes naturales, como sobre el trabajo y la vida de los ‘empleados’. El ejemplo de ‘Cabernet de los Andes S.A.’ es muy ilustrativo de esto: una sola empresa contra los derechos de riego de más de 800 familias, la que estaría obligada por ley a ‘dar’ siete (7) puestos de trabajo permanentes y quince (15) temporarios (Decreto Nro. 2139/98, art. 5).

No hay proporción ni justicia en tales pretensiones y bajo tales condiciones. Por eso sostenemos que las pretensiones de la empresa además de ilegales, son completamente ilegítimas y constituyen un verdadero despropósito político. El agua para nosotros no es una mercancía, no se compra ni se vende, se administra y se usa con cuidado y con justicia. No es un medio de producción cuyo uso en definitiva se rige por la lógica de la ganancia; es un bien natural que pertenece de manera inalienable a los pobladores locales, sus usuarios y responsables originarios de cuidar y administrar cuidadosamente un medio de subsistencia primordial para la vida. Porque sin agua no hay vida.

Pero el agua también nos hace ser lo que somos: agricultoras y agricultores que viven del cultivo de sus alimentos. Sin el agua, perderemos nuestra condición de tales y nos veremos forzados a cambiar de forma de vida. Por eso, la defensa de nuestra agua es no sólo la defensa de un medio básico de subsistencia, sino también la defensa de nuestra cultura, de nuestra identidad, de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo. Tenemos derecho a que se nos respete ese derecho fundamental a nuestra existencia y a nuestra identidad.

Esta no es una visión romántica ni volcada al pasado, como los medios que representan los intereses empresariales la presentan, sino una visión completamente realista y proyectada al futuro: el futuro de la humanidad se juega en la defensa del agua, de la tierra, en la capacidad autonómica de producir nuestros propios alimentos. Eso es el futuro, no un pasado de ‘atraso’. Más bien lo ‘viejo’ de esta historia es el ‘cuento desarrollista’ de ceder beneficios a empresas para que generen ‘empleos’ y ‘progreso’. No creemos más en ese cuento, porque así nos han ido sacando nuestras tierras, nuestra agua, nuestros cultivos; creemos sí en nuestras capacidades y posibilidades de realizar nuestra identidad como agricultores cuidando y preservando los bienes naturales de nuestra tierra para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Esa es la base de nuestro justo y legítimo reclamo. Exigimos a las autoridades públicas, cuyo deber en un orden democrático es defender los intereses de sus mandantes, que asuman su responsabilidad en este caso, y que velen por los derechos de nuestra población.

Asimismo, repudiamos enérgicamente los insidiosos intentos de judicializar y de criminalizar nuestra legítima lucha por el reconocimiento y el respeto de nuestros derechos. Repudiamos especialmente las temerarias y racistas expresiones de la empresa periodística “El Ancasti” que, con su habitual mirada sesgada hacia los intereses de los ‘inversores’, ha venido publicando notas completamente distorsionadas y falaces, donde no sólo se nos retrata como ‘violentos’ y se nos asimila a los ‘forajidos sin ley del Lejano Oeste’, sino en las que también se hace un explícito llamado a la represión, alimentando, sobre una cadena de injusticias, la propuesta de resolver el conflicto con una injusticia mayor, la de la aplicación lisa y llana de la violencia represiva. Con sus inocultables intereses empresariales, ha presentado a la opinión pública una imagen completamente invertida de la realidad de este conflicto, presentando a las víctimas como victimarios y al reclamo por nuestros derechos como una acción ilegal. Omite dicho diario que la impunidad es el privilegio de los poderosos, no un recurso de los débiles.

Hacemos, por último, un llamado público a una resolución justa, legal y legítima de este conflicto. Exigimos a las autoridades provinciales que medien para ello. Se trata de un auténtico conflicto político, no de un simple litigio judicial; esto es, no se resuelve mediante la criminalización y la represión, sino a través de la creación política de medidas respaldadas en la justicia y la legitimidad nacidas del respeto a los intereses y derechos mayoritarios de la población. Eso, y no otra cosa, es y significa en última instancia el término ‘democracia’.

Pedimos expresamente que las autoridades gubernamentales intervengan y nos den participación para hacer un estudio serio y objetivo sobre las posibilidades, alcances y limitaciones del potencial de riego del río Abaucán; que se estudien alternativas para una distribución justa y equitativa de tales recursos priorizando los derechos de la población local y la autoproducción de alimentos como base de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo; que se estudien e impulsen asimismo medidas tendientes a fomentar un uso cuidadoso y sustentable tanto de nuestra agua como del resto de los bienes naturales de nuestro territorio, evaluando la razonabilidad local, económica y ecológica de los distintos usos posibles y sus impactos diferenciales sobre los distintos secotres sociales y las generaciones futuras. Los instamos también a ver en nuestras economías familiares no objetos de asistencia clientelar, sino sujetos protagonistas de nuestro tiempo y de nuestro espacio, igualmente merecedores de medidas protectivas y promocionales que tiendan a fortalecer nuestras economías domésticas, base de nuestra autonomía política, de nuestra identidad y arraigo cultural. Sólo así lograremos superar con justicia este conflicto, contribuyendo además a perfeccionar y profundizar las condiciones democráticas de nuestro sistema de gobierno. No hay razón para no hacer lugar a este justo reclamo.

Medanitos, Dpto. Tinogasta, Pcia. de Catamarca, 16 de septiembre de 2009.-