Colombia: Habitantes del corregimiento de Versalles viven presos en su territorio

Terror, desesperanza y desplazamiento son algunas secuelas que deja en la población civil la criminalización de los habitantes de la región y el encarcelamiento de varios campesinos mediante la criminal acción de “falsos positivos judiciales".

Versalles es un corregimiento que alberga a más de cuatro mil habitantes, hace parte del municipio más joven del departamento de Córdoba, los campesinos que lo habitan subsisten de la ganadería, pesca, comercio plural agrario y como es de conocimiento público existe también la economía cocalera y de minería artesanal; estas dos últimas prácticas de sobrevivencia han generado desde los años 80 la persecución, aprisionamiento y asesinato selectivos contra los cultivadores de hoja de coca, quienes son el menor peldaño de la cadena de producción de narcóticos y en ultimas quienes reciben los mayores perjuicios. Por otro lado están los mineros artesanales, algunos organizados en cooperativas y asociaciones mineras que han puesto en marcha esta robusta práctica considerada ilegal por el Ministerio de Minas y Energía sin aunar esfuerzos para que las familias que subsisten de ello tengan otra manera de proveer la canasta familiar a sus hogares.

Desde la década de los 90 y el nuevo milenio los paramilitares de las ACCU, luego AUC, sembraron terror en la población civil de la mano de las fuerzas militares; de la misma manera, las hoy llamadas AGC provenientes de la falsa “desmovilización de Ralito”, continúan inveterando la manipulación y control de los entes gubernamentales de turno y desde luego el dominio de la población civil y las prácticas irregulares ante la “vista gorda” del Gobierno Nacional.

El año pasado el Presidente Santos ordenó a sus tropas capturar a los integrantes de las AGC en cabeza de “Otoniel”, esta orden se convirtió para el caso de Córdoba en la implementación de la “Operación Agamenón”. El 100% de desarrollo de estos operativos militares, a lo que llaman “positivos”, se ha descargado en contra de la población civil: campesinos presos o con órdenes de captura por el sólo hecho de vivir en territorios con presencia y actividades de grupos irregulares, violando así el principio de distinción al considerarlos “auxiliadores” o partícipes directos o indirectos de las actividades delincuenciales. A la población civil la están “correteando” en una frenética y desenfrenada misión por acabar con la estructura de las AGC, pero en este correteo se puede afirmar que el poblado vive aterrorizado porque en el día a día se les amenaza con capturarlos, se les empadrona continuamente, se presentan bloqueos económicos, alimentarios y de tránsito, al igual que retenciones ilegales tendientes a ser secuestros y legalizaciones de capturas con montajes judiciales contra más de una docena de labriegos y humildes amas de casa.

La población civil es ajena a la confrontación armada y actividades correlacionadas al conflicto social y armado pero vilmente receptora de sus nefastas consecuencias, vive en la zozobra constante, los hombres no duermen en sus casas por temor a que en la noche llegue la Sijin, la Policía, el Ejército, etc. a llevárselos, acusarlos ante un juez y condenarlos como miembros de las AGC. Entre tanto los verdaderos integrantes de las AGC circulan libremente en el caserío.

A las madres les toca pasar la noche con sus hijos, no duermen, viven en vela, a la afligida espera de escuchar carros o que tumben sus puertas a patadas los militares y policías; los niños y niñas lloran días y noches porque sus padres no están en la casa, escuchan un carro aproximarse y entran en pánico colectivo, hay graves daños psicológicos causados a la infancia del corregimiento de Versalles.

Es necesario resaltar que los campesinos que están siendo buscados por las autoridades militares y policiales son civiles y por lo tanto se ha instado a la Defensoría del Pueblo Regional, en cabeza de Víctor Castilla, para que haga presencia mediante una comisión de verificación sin tener resultados o puesta en práctica de la misma.

Es necesario y apremiante declarar que el corregimiento de Versalles se encuentra en crisis humanitaria y que se avecina un desplazamiento masivo debido a los hechos relatados anteriormente.

Ante estos graves y lamentables hechos se exige que se implemente en el corregimiento de Versalles, con y para la población afectada una comisión de verificación y acompañamiento en terreno por parte de la Defensoría del Pueblo y que se brinden reales garantías que contrarresten las consecuencias negativas de esta “Operación Agamenón” afín de resarcir y conjurar los daños causados a los pobladores y familias afectadas, en especial a los niños y niñas.

Se exige igualmente al Ministro del Interior y de Justicia, al Procurador General de la Nación, al Consejero presidencial para los DDHH y DIH y al Fiscal General interponer, velar, requerir, exhortar y solicitar que se reabran las investigaciones ante las capturas y aprisionamientos de campesinos en el marco de la “Operación Agamenón” en el corregimiento de Versalles y veredas circunvecinas ya que estos son inocentes; al igual que los que tienen órdenes de captura vigentes y que la comunidad en pleno reconoce como incriminados sin causa y víctimas de los llamados “falsos positivos judiciales”.

Se solicita a la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento y apoyo ante esta vulneración de los derechos humanos fundamentales que concurrieron en la relatoría de estos hechos, a difundir públicamente esta denuncia y a solicitar a los gobiernos que consideren el acompañamiento ante el posible desplazamiento masivo que podría presentarse en los próximos días.

Fuente: Agencia Prensa Rural