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Autor Agencia Prensa Rural Idioma Español Pais Colombia Publicado 5 octubre 2015 11:52

Colombia: La gente de "La Macarena" existe y exige sus derechos

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Los días 28, 29 y 30 de septiembre se realizó la audiencia publica en defensa de la tierra, el territorio y por la paz, contando con gente tanto del departamento del Caquetá como del Meta.

Alrededor de 4 mil personas llegaron a La Macarena, Meta, provenientes de la basta región del oriente, muchos surcando el histórico rio Guayabero, otros cruzando las carreteas que ellos mismos han construido, para decirle al estado que sí existen, que tienen nombres, apellidos, historias y que no se llaman “señor baldío”.

La audiencia se llevó a cabo, debido a que el estado colombiano ha desarrollado el nivel máximo de violencia contra una comunidad: negar su existencia.

El Incoder expidió una resolución, donde declara un terreno de mas de 277mil hectáreas como “baldío”, afirmando que en esa región no viven comunidades, y que los que viven son supuestamente testaferros de las Farc.

Un elemento que desconcertó mucho a la comunidad fue la respuesta cínica por parte del Incoder, quien manifestó que la supuesta intención de esa resolución era entregarle la propiedad a los campesinos.

Pero las comunidades entienden que para que se reconozcan los terrenos baldíos del estado, no es necesario recuperar el baldío, si no, llevar un proceso de reconocimiento del derecho a la propiedad.

Tampoco era necesaria toda la estigmatización que se ha generado en contra de las comunidades, tildándolos de ser testaferros de las Farc, o de no existir. Es claro que existe una mala intención de la institucionalidad, que lo que quiere realmente es generar una dinámica de expropiación, despojo, repoblamiento del territorio y agudización de conflictos territoriales en la Región.

El objetivo de la Audiencia, básicamente fue decir que existen las comunidades, que han construido sus territorios, que han hecho sus puentes, sus carreteras, que son los que han edificado todo lo que hay hoy en esta Región.

Llegaron diferentes instituciones del estado como el Ministerio del interior, la Defensoría del pueblo, Incoder, las corporaciones autónomas regionales del Caquetá y Meta, parques naturales y Ongs, que a través de la cooperación internacional desarrollan su labor en la región.

Conclusiones:

Las comunidades, junto al Movimiento político y social Marcha Patriótica, desarrollaron un plan nacional de acción, para visibilizar esta región y dar cuenta de que la paz no puede ser el camino para nuevas violencias institucionales.

Uno de los objetivos será llevar a cabo un plan jurídico y político tanto nacional como internacional, que logre que el Incoder eche atrás esta resolución.

Se aprobó conformar una comisión que pueda ir directamente a la Habana para hablar con la delegación de paz de las Farc-Ep y del gobierno nacional, para llevar la inquietud de que es un despropósito que se esté hablando de un fondo de tierras y de unos acuerdos en torno a la necesidad de una reforma agraria y de desarrollo integral, pero que en las regiones se les esté quitando las tierras a los campesinos.

Se acordó también la creación de una Coordinación, en donde quedarán registrados todos los afectados de esta nociva resolución del Incoder, personas que viven desde el municipio de San Vicente del Caguán, La Macarena y también gran parte de La Uribe, una zona muy basta entre indígenas, campesinos y afrodescendientes.

También se diseñó la forma de recoger toda la documentación, que da cuenta como la gente ha construido realmente esta Región, sus planes de manejo ambiental, de desarrollo de vida digna, y en general las formas en las que han ejercido la propiedad y la construcción de este territorio.

Según el Incoder esta tierra que “en su mayoría es deshabitada o que es poblada por testaferros de las Farc”, tiene múltiples cabildos indígenas, más de 80 juntas de acción comunal y una población superior a los 35mil habitantes.

Lo que ha denominado muy groseramente el estado como “Señor Baldío”, es negar a las personas que viven en este territorio, que no hay hombres, ni mujeres o niños; que además se contrapone con la zona de reserva campesina de El Pato, ya reconocida legalmente; con áreas de parque natural y otras zonas de reserva campesina que están camino ha constituirse.

Parte de la ofensiva sistemática de anulación de esta comunidad, se vivió también por parte del Concejo Nacional Electoral, que anuló en una resolución, la inscripción de casi 2 mil cédulas de habitantes de esta región. Lamentablemente, también quedó en evidencia una institucionalidad muy poco comprometida, y muy poco preparada para la paz.

Fuente: Prensa Rural


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