Evento Regional previo a Río+20 rechaza la economía verde como una "falsa solución" a la crisis

El pasado 29 y 30 de mayo se realizó el evento “Defendiendo derechos de los Pueblos en Rio+20 y más allá: Consulta Regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y El Caribe" co-organizado por IBON Internacional (Filipinas), UNITAS, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Fundación Solón, CEDLA (Bolivia), Fundación Jubileo, Grupo Propuesta Ciudadana (Perú) y Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) en la ciudad de La Paz, evento que contó con la participación de representantes de al menos 12 países de la región y más de 100 personas de varios departamentos de nuestro país.

En el panel de inauguración participaron Diego Pacheco, miembro de la delegación boliviana para las negociaciones de desarrollo sostenible; Maria Teresa Lauron de IBON Filipinas; Elizabeth Peredo, de la Campaña Octubre Azul y Fundación Solón; Camila Montecinos de Grain Chile; y los líderes indígenas bolivianos Fernando Vargas (Subcentral TIPNIS) y Rafael Quispe de Conamaq.

Diego Pacheco indicó que la posición de Bolivia es mantener la alianza con el Grupo 77+China con la finalidad de dotar de contenido al concepto de economía verde, muy diferente al planteado por el PNUMA. Además señaló que en estas negociaciones se logró incluir un acápite sobre desarrollo sostenible y la armonía con la naturaleza, así como propuestas relativas a la restauración y la lucha contra la pobreza bajo un enfoque holístico, la elaboración de una Declaración Universal sobre los derechos de la Madre Tierra, y el rechazo a los mecanismos de mercado de REDD.

Tetet Lauron en su intervención indicó que los beneficios de la modernización económica y tecnológica no han sido distribuidos de una manera equitativa y que más bien han servido para incrementar la división entre el Norte y el Sur; que la Economía Verde promete crecimiento pero no para la reducción de pobreza, y mucho menos para el desarrollo; y que Río+20 es un momento clave para plantear un nuevo modelo y decir claramente el tipo de Futuro que No Queremos.

Elizabeth Peredo señaló que ya en 1992 se tenía la información sobre la degradación ambiental, de la atmósfera y sobre la muerte de los ríos y océanos, pero que el sistema económico neoliberal capitalista continuó con la presión extractivista, depredadora, inequitativa y contaminante; aplicando las directrices del Consenso de Washington, privatizando y debilitando los servicios públicos, promoviendo el libre mercado y la producción para la exportación, con el apoyo del FMI y del Banco Mundial, utilizando inclusive el discurso de la sustentabilidad. Peredo señaló que nos enfrentamos a una renovación perversa del paradigma capitalista que además se nos plantea como una solución y pasa a instalarse en los imaginarios colectivos. Compartió un análisis de como el PNUMA ha preparado documentos de economía verde para todos los sectores, en el caso del agua se la muestra como un negocio estratégico para el crecimiento económico verde donde se plantea incluso modelos de pago por cuidado de las cuencas altas así como la reinstalación del debate sobre si debe ser un servicio público o privado, vulnerando principios inherentes al derecho humano al agua ya establecidos en el sistema multilateral.

Camila Montecinos recalcó que la economía verde es una nueva arremetida del capital que busca el control sobre todo lo que no ha podido acaparar hasta el momento, como es el caso de la alimentación del mundo, por lo que busca terminar con la producción independiente de alimentos ya que se trata de un negocio cautivo que va en crecimiento permanente; la humanidad gasta en alimentación alrededor de 6 billones de dólares. Están en busca de nuevos mecanismos para generar más ganancias y salvarse de la crisis financiera.

Enrique Viale indicó que el concepto de desarrollo sustentable se agotó por lo que ahora se promueve la economía verde con la finalidad de mantener la idea de que el crecimiento es ilimitado, de que lo infinito no genera escasez; y que esta concepción en nuestra región es liderizada tanto por capitalistas como por socialistas; por ejemplo, se promueve políticas de nacionalización de recursos naturales pero no se cuestiona el modelo de desarrollo en el que son explotados.

Finalmente, Fernando Vargas y Rafael Quispe realizaron una presentación sobre la situación actual del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) brindando información sobre el marco normativo nacional e internacional que respalda la defensa que están liderizando desde el año pasado en contra la construcción de una carretera internacional por medio del mencionado parque. De la misma forma reclamaron que las propuestas emanadas de la Conferencia de los Pueblos sobre cambio climático y los derechos de la Madre Tierra sean tomadas en cuenta en las próximas negociaciones en Río+20 y que los países deben utilizar el mecanismo de consenso de la ONU para oponerse a la aprobación de la economía verde porque significará la hipoteca de sus territorios. Al finalizar su intervención denunciaron a la representaciones internacionales la violenta represión ocurrida el año pasado en Chaparina, y señalaron que continuarán en la defensa de sus territorios y de la Madre Tierra.

Por la tarde se desarrollaron cuatro paneles simultáneos. El primero referido a la “Mercantilización y financialización de la naturaleza”donde se brindó información sobre la creciente apropiación mercantil de las funciones regeneradoras de vida del agua, la tierra y los bosques, ahora denominados como capital natural, en beneficio de las grandes empresas capitalistas. Se presentaron casos concretos (Ej. Servicios ambientales en Acre – Brasil) que mostraron que los pueblos indígenas son los más perjudicados porque además se vulneran sus derechos colectivos. Se denunció que la economía verde es una falsa solución a la crisis energética, climática y ambiental. En términos de alternativas se reforzó la propuesta del “vivir bien” para alcanzar la buscada armonía y equilibrio con la naturaleza, así como la defensa de los derechos de la Madre Tierra.

En el segundo panel “Agronegocios, alimentos y agua” se denuncio esta actividad agroindustrial porque es una amenaza para los derechos de los pueblos en el acceso y disponibilidad de los alimentos y agua; porque generan violencia y desplazamiento de comunidades, y que ahora son promovidos por la economía verde (agrocombustibles). Se indicó que no solo conllevan riesgos ambientales (monocultivo, agroquímicos) sino también riesgos para la salud humana (transgénicos). Se planteó el cambio de modelo de producción que priorice la producción de alimentos para el consumo de los pueblos y no para el lucro, que garantice la soberanía y seguridad alimentaria con participación directa de las comunidades campesinas en las decisiones de qué producir, cómo producir y para quién producir; y ratificaron el derecho a la alimentación y el derecho al agua (priorizando el consumo para la vida y no para las megahidroeléctricas).

En el tercer panel “Impacto de las industrias extractivas sobre el medio ambiente y los derechos colectivos en la región. Territorio y consulta previa” se concluyó que el fortalecimiento de los Estados y el surgimiento de gobiernos progresistas en la región no garantizan el fin del extractivismo neoliberal ni mucho menos sus graves secuelas sobre el medio ambiente y los derechos colectivos de los pueblos. La economía verde no detendrá la presión para la expansión de las actividades extractivas y megaproyectos (IIRSA) y para que América Latina siga proveyendo materias primas al norte industrializado; la energía renovable es marginal en las políticas públicas de la región; los Estados consideran la consulta previa como una mera formalidad, distorsionando este mecanismo democratizador y vulnerando los derechos y dignidad de los pueblos indígena. Ante este panorama propusieron que la consulta previa debe ser entendida como el consentimiento legítimo y libre de los pueblos indígenas para disponer sobre el mejor uso de su territorio y recursos; y se debe fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para enfrentar las asimétricas relaciones que tienen con los Estados y empresas al momento de las negociaciones.

En el cuarto panel “Papel del comercio internacional, finanzas e inversiones, la propiedad intelectual y las falsas soluciones en el contexto de la economía verde” se señaló que la economía verde debilitará la soberanía y el accionar independiente de los Estados menos desarrollados y en los países más pobres; no plantea límites a la industria extractiva ni ningún cambio en la matriz energética; y que las corporaciones más contaminantes que promueven el uso intensivo de las energías fósiles, ahora pretenden limpiar su imagen pintándose de verde. Se denunció que la ONU ha sido capturada por las corporaciones y está funcionalizada a sus intereses de expansión económica y financiera; que la economía verde ya existe y que se está aplicando en muchos ámbitos y está avanzando a pasos agigantados en todo el planeta con el impulso de las transnacionales y la ONU. Es fundamental desarrollar estrategias efectivas desde la sociedad civil y las organizaciones populares para controlar el accionar de las corporaciones transnacionales, apoyar la resistencia desde los pueblos, denunciar el papel de la publicidad que promueve el consumismo y la obsolescencia programada promovida por las corporaciones para seguir lucrando, entre otras alternativas.

La jornada siguiente estuvo dedicada a socialización de los resultados de los Paneles para elaborar una declaración del evento (que adjuntamos a la presente nota), y a discusiones de coordinación para la participación de las organizaciones que estén presentes en la Cumbre de Río+20.

Para acceder al análisis y al posicionamiento (formato PDF) haga clic en los enlaces a continuación y descargue los archivos:

Fuente: Fundación Solón