Transgénicos sin control en el Cono Sur, por Gerardo Evia

La decisión de Brasilia es una muestra más de las graves carencias en la región para manejar ese tema. Un análisis de esa situación tiene diferentes lecturas e implicancias en distintas dimensiones: ambientales, comerciales, y políticas. Pero además pone en cuestión la capacidad de muchos de nuestros países para mantener niveles mínimos de autonomía y decisión sobre temas trascendentes para el desarrollo.

Las de marchas y contramarchas que durante años tuvieron lugar dentro del intrincado marco institucional brasileño, habían determinado hasta ahora la prohibición formal para el cultivo de soja transgénica. Cambiando esa situación, el gobierno brasileño acaba de promulgar la Medida Provisoria Número 131 que autoriza con condiciones y en forma "provisoria" el cultivo de soja transgénica en la próxima zafra, con semilla disponible actualmente por los productores, así como la comercialización del producto hasta diciembre de 2004.

Hasta ahora el cultivo de esa variedad estaba formalmente prohibido en Brasil, pendiente en última instancia de los resultados de estudios de impacto ambiental. En los hechos era públicamente reconocido que miles de hectáreas venían siendo cultivadas en forma ilegal con semilla contrabandeada desde Argentina, fundamentalmente en Río Grande del Sur, donde se la conoce como "Soja Maradona" (por el jugador de fútbol argentino). Se estima que el 8% de la producción de soja de Brasil sería transgénica.

Teóricamente la decisión del gobierno de Brasil es justificada como un intento de terminar con una situación anómala, y blanquear una situación de hecho para re-asumir el control sobre lo que ocurre en esa materia hasta tanto el tema se resuelva definitivamente. Antes de Lula, el gobierno de Fernando Henrique Cardozo venía mirando para otro lado, sin tomar medidas serias, y con ello comprometiendo la credibilidad del país en la materia. La administración Lula asumiría con esta medida la responsabilidad de reconocer la situación y retomar el control. Sin embargo, ese movimiento deja bajo cuestión las premisas sobre las que se basa la autonomía de nuestros países.

El debate en Brasil sobre este tema retoma diferentes perspectivas y vuelve a abrirse la discusión sobre las consecuencias para el ambiente y la salud de las personas del uso de estos productos. Se destaca la posición del Ministerio del Ambiente que sostiene la necesidad de un exhaustivo estudio de impacto ambiental que tome en cuenta las condiciones locales previo a su aprobación. Sin embargo la medida se toma en contra de la opinión de la ministra M. Silva, enviando un claro mensaje de la subordinación de la gestión ambiental.

También existen fuertes discrepancias jurídicas sobre las diferentes medidas que han sido adoptadas en los ámbitos legislativo, administrativo y judicial en torno a este tema y que en última instancia llegan a cuestionar la constitucionalidad de la MP 131.

Finalmente, aunque no menos importantes son las implicancias económicas para el país, para la región y para el mundo. Basta recordar que Brasil pasaría a ser este año el primer exportador de soja del mundo.

El proceso de adopción de la "medida provisional" implicó la participación del propio presidente Lula, quien habría telefoneado especialmente desde el exterior al vicepresidente Alemcar para instarlo a que firmara la medida. Se han sucesido acusaciones de de legalizar lo ilegal, incluso se ha dejado en evidencia que la posición de Lula contradice su postura en la campaña electoral en contra de los transgénicos.

Entre las posiciones a favor de la medida se destacan algunas que resultan preocupantes, como por ejemplo las de Leila Oda, presidente de la Asociación Nacional de Bioseguridad (ANBio), y Ywao Miyamoto, presidente de la Asociación Nacional de Productores de soja quienes afirman que la única forma de controlar lo que se produce es la legalización de los transgénicos, ya que existe una demanda concreta de los agricultores por esas semillas. La legalización también permite, según afirmó la Sra. Oda, proteger al sector productor de semillas ya que la soja contrabandeada no paga impuestos ni se controla su calidad.

Este tipo de argumentos que sostienen la convalidación de los hechos consumados y la postura de los intereses de determinados sectores por encima del interés general. Son posiciones frecuentes de escuchar en nuestros países y muchos jerarcas gubernamentales los esgrimen como argumentos para la toma de decisiones.

En Uruguay, a propósito de la reciente decisión del gobierno de aprobar una variedad de maíz transgénico, el ministro de agricultura de ese país sostenía entre otros argumentos que la población uruguaya ya estaba consumiendo ese tipo de granos que eran importados de Argentina en forma indiscriminada. A su juicio, la aprobación de ese evento en Uruguay venía a "regularizar" dicha situación.

Tales argumentos resultan asombrosos en tanto implican renunciar a las más mínimas potestades de los Estados para regular y tomar decisiones sobre asuntos de interés general. Siguiendo esa idea, ¿cuál es el sentido de mantener estructuras legales, burocráticas y regulatorias? Esa perspectiva promueve dejar al mercado actuar libremente y no falta quien la defienda en tanto evita la onerosa carga que todas esas estructuras representan para nuestros pueblos. Obviamente esa perspectiva lleva a posiciones sin sentido.
Sin embargo ese tipo de argumentos no parece aplicarse en todos los ámbitos ni para todos los temas, sino que sólo se aplican en tanto no afectan o afectan a determinados sectores. De hecho los gobiernos no renuncian a combatir el contrabando de otro tipo de productos, ni renuncian a la defensa de sus fronteras frente a otro tipo de "agresiones" potencialmente menos dañinas.

Cabe preguntarse también si será posible para las autoridades brasileñas, establecer el efectivo control de los detalles y condicionalidades que implica la nueva medida. Esto es, su carácter provisorio se basa justamente en el establecimiento de condicionalidades que exigen discriminar el destino de la soja transgéncia, como semilla o para uso industrial, controlar el tránsito entre estados y entre productores, y hasta la prohibición de su cultivo en áreas de protección. Si durante años fue imposible controlar la introducción ilegal y la plantación de decenas de miles de hectáreas en forma irregular, ¿es creíble que puedan establecerse ahora estos controles mucho más complejos?

Todo esto pone de manifiesto nuevamente la necesidad de articulación de estrategias y políticas comunes en la región para encarar los temas ambientales, productivos y de desarrollo en general. De lo contrario será difícil mantener la autonomía necesaria para definir estrategias en beneficio de las mayorías de nuestras naciones.

Gerardo Evia es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América Latina).

Fuente: Agropecuaria Latinoamérica / D3E. Uruguay, octubre del 2003