Los desalojos en el campo son reflejo de un plan de exterminio

En las últimas semanas, la comunidad campesina San Miguel, del distrito de Maracaná, Canindeyú, fue brutalmente desalojada, y el intendente que había apoyado a la población hoy es objeto de amedrentamiento y pesa sobre él una orden de captura, al igual que sobre los principales líderes comunitarios. Mientras tanto, la comunidad indígena Hugua Po’i, del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú, enfrentó una amenaza inminente de expulsión que pudo ser frenada momentáneamente gracias a la presión social, legal y comunitaria organizada desde los territorios.

No nos cabe dudas de que bajo el gobierno de Santiago Peña se está desarrollando un plan sistemático de despojo y exterminio de nuestras comunidades campesinas e indígenas. Es una política de Estado funcional al agronegocio, al narcotráfico y al capital transnacional, que necesita territorios deshabitados para expandir sus monocultivos, pistas clandestinas y emprendimientos extractivistas. En este modelo, nuestra presencia, nuestros saberes y nuestras formas de vida estorban. Por eso se nos reprime, se nos desplaza, se nos criminaliza.

Después del desalojo vienen las imputaciones arbitrarias, las órdenes de captura, el hostigamiento judicial. La criminalización sistemática es un mecanismo para romper el tejido comunitario y debilitar nuestras formas de organización y resistencia. A esto se suma el no reconocimiento de personerías jurídicas de comunidades campesinas e indígenas, lo que deja en total indefensión a cientos de familias que habitan sus territorios desde hace décadas. Esta invisibilización legal facilita el despojo y blanquea la ocupación irregular de tierras a favor de sojeros, ganaderos y empresarios aliados al poder político.

Este modelo no se inició con Peña. El caso Curuguaty dejó al descubierto la violencia estatal en defensa del agronegocio. Durante el gobierno de Horacio Cartes ya se implementó una primera etapa de gran sojización, que vino acompañada de desalojos masivos. Hoy se reactiva una nueva oleada, cruzada con disputas territoriales del crimen organizado, donde las comunidades quedan atrapadas entre el narco, las bandas criminales y el abandono estatal.

Paraguay enfrenta además una grave inseguridad sobre la tenencia de la tierra. La reforma agraria está estancada, y los asentamientos no regularizados son blanco permanente de desalojos. Como si fuera poco, nos expulsan del campo y nos empujan a ser parte del 70% de trabajadores informales con que cuenta el país, sin derechos laborales ni seguridad social. Se nos condena a la pobreza estructural. El 70% de la población paraguaya trabaja en la informalidad y sigue siendo pobre. No hay salida digna fuera del territorio.

Este plan de exterminio territorial tiene un andamiaje jurídico que lo respalda. La Ley Zavala-Riera (Ley 6.630/20), permite desalojos exprés sin garantías y criminaliza la lucha por la tierra. Con su aplicación se busca preparar el camino para la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), una herramienta de “blanqueamiento” que permitirá regularizar títulos y propiedades en favor de empresarios, sojeros y actores del poder. Así, el Estado legaliza el despojo, mientras expulsa a quienes históricamente habitaron y trabajaron la tierra.

A esto se suma una política cultural retrógrada. Mientras el Estado nos despoja, diputados y senadores siguen justificando el criadazgo como parte de la cultura paraguaya. Es una muestra clara del desprecio estructural por la vida de niñas, niños y adolescentes pobres. Una cultura del despojo, la servidumbre y el silenciamiento que se perpetúa desde las instituciones.

En este sentido, la violencia es multifacética: no solo nos desalojan con armas y topadoras. También cierran nuestras escuelas rurales, impidiendo que nuestros hijos e hijas puedan educarse cerca del territorio. La educación que se nos ofrece como alternativa es cada vez más empobrecida y funcional al sistema: formación policial, cursos técnicos del SNPP. Se nos niega el acceso a una educación crítica, liberadora, con sentido territorial. Nos quieren sin tierra para producir, sin derechos elementales, sin pensamiento propio.

Recordamos al Estado paraguayo su responsabilidad de implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), que reconoce el derecho a la tierra, al agua, a un ambiente sano, a la autodeterminación, a vivir en paz y dignidad. Los desalojos masivos, las persecuciones y las políticas de abandono violan todos estos derechos y constituyen crímenes contra nuestros pueblos.

Como mujeres organizadas, campesinas e indígenas, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, de los bienes comunes, de nuestras semillas y saberes. Resistimos desde el arraigo, desde la comunidad, desde la historia.

¡Basta de represión!

¡Nuestros territorios no se venden, se defienden!

¡Con tierra, con autonomía y con organización, seguimos luchando!

Fuente: CONAMURI