Paro Nacional 2025 en Ecuador - Boletín #5

Con corte al 28 de septiembre, a las 12h30 hemos documentado 109 reportes de vulneraciones a derechos humanos. Se reporta la primera persona manifestante fallecida producto de el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal por parte de FFAA. La víctima es Efrain Fueres de 46 años, padre de 2 niños, artesano y maestro de construcción, comunero indígena y líder comunitario de Cuicocha, comunidad Inguintzala pertenenciente a la UNORCAC; ejecutado con disparos de arma de fuego, durante la represión militar suscitada en la madrugada de hoy en Pinsanquí, Imbabura. Videos que circulan en redes sociales y que hemos recibido de manera directa evidencian que una vez herido y mientras era socorrido por otro manifestante miembros de FFAA los agreden, patean y golpean con sus armas de dotación. Efrain fue finalmente trasladado al hospital de Cotacachi donde fallece.

En otros registros de audio de video hemos constatado que militares atacaron con armamento letal y bombas lacrimógenas a la población otavaleña a la altura de la vía E-35 desde aproximadamente las 22h30 del 27 de septiembre y hasta tempranas horas del día de hoy 28 de septiembre. Comuneros de Cerotal, San Roque, Pinsaqui, Iluman, La Bolsa, Huaycopungo, Inguintzala, y comunidades aledañas resultaron afectados en su integridad; según varios testimonios las acciones hostiles fueron efectuadas por militares y por civiles que se transportaban en vehículos particulares. El número total de personas heridas, detenidas y desaparecidas en este ataque militar se desconoce hasta el cierre de este boletín.

Se mantiene detenido y desaparecido Juan Aguilar Otavalo, llamado cariñosamente Juanki, de 43 años, perteneciente a la comunidad Huaycopungo, detenido por la Policía a las 02:00 de la madrugada del 26 de septiembre en el puente del sector de San Rafael, cantón Otavalo. Juan tiene un 75% discapacidad, no habla con fluidez y no puede defenderse ni comprender situaciones complejas. Sus familiares viven fuera del país. Al momento de su detención y desaparición vestía pantaloneta sobre el pantalón y camisa a cuadros.

A la fecha tenemos registradas y documentadas 63 personas detenidas y al menos 48 personas heridas, 6 personas detenidas desaparecidas y 1 persona fallecida; todos estos hechos se han dado en el marco de las acciones de intervención de miembros de la fuerza pública. No existen cifras oficiales actualizadas, incumpliendo con ello la obligación estatal de proporcionar información oficial oportuna y transparente.

La última cifra que entregó el Ministerio del Interior de fecha 26 de septiembre fue de aproximadamente 100 personas detenidas. Dado que los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza son indivisibles e interdependientes, hemos clasificado los reportes de acuerdo con el principal derecho vulnerado, entendido como aquel que desencadena la vulneración de otros derechos.

En este marco, se tiene  29 reportes de vulneraciones del derecho a la protesta, 31 reportes en relación con el derecho a la integridad personal, 22 reportes de  amenaza a la libertad personal y 10 reportes de vulneración del derecho a la propiedad privada por el bloqueo de las cuentas bancarias de personas defensoras y lideres sociales y la sustracción de los bordados de las mujeres cuencanas. Identificamos 5 reportes de vulneración al derecho a defender derechos, 6 reportes de afectación a la libertad de expresión y opinión, 1 reporte por violación de las condiciones de detención, 1 reporte por afectar la privacidad, 1 reporte más por vulnerar los derechos de las niñas y los niños, y finalmente 1 reporte que afecta el derecho a la vida, entendida como vida digna. Recordamos que este derecho, la vida digna, ha sido vulnerado por las medidas económicas adoptadas por el gobierno de forma inconsulta.

En este corte las vulneraciones de derechos involucran principalmente a la fuerza pública, entiéndase FFAA y Policía Nacional y a la Fiscalía General. Respecto de la ejecución de Efrain Fueres, le recordamos al Estado su obligación de investigar y sancionar a los responsables directos y a toda la cadena de mando, ello incluye que la Fiscalía General inicie de oficio la investigación exhaustiva, célere y efectiva. Como bien lo ha señalado la CIDH el derecho a la libre manifestación y a la protesta son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno, a su situación particular, así como por el acceso y cumplimiento a los derechos económicos, sociales, culturales.

Insistimos que en contexto marcado por la militarización y los estados de excepción, en el que se perpetúan las vulneraciones a los derechos humanos, el riesgo recae especialmente sobre las personas detenidas en el marco de las protestas y que se encuentran bajo prisión preventiva. Esta situación incrementa de forma alarmante la posibilidad de sufrir agresiones físicas y psicológicas, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de limitaciones indebidas al ejercicio del derecho a la defensa. Persiste el riesgo para quienes se manifiestan en las calles, quienes hacen coberturas comunicacionales y quienes hacen asistencia humanitaria y monitoreo de DDHH, que se expresa en agresiones directas como el uso de gas lacrimógeno en el rostro, golpes y arrastres, tal como lo demuestran las imágenes recopiladas por la sociedad civil y medios de comunicación, particularmente comunitarios. Las acciones de estigmatización y criminalización contra manifestantes, comunicadores comunitarios y Defensoras/es de DDHH legitiman discursos y acciones violentas en su contra. Las manifestaciones pacíficas en Ecuador se desarrollan en un ambiente de creciente hostilidad. Las acciones del gobierno para gestionar la protesta social siguen siendo contrarias a estándares constitucionales e internacionales que obligaban a garantizar este derecho y en incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH realizadas con ocasión del paro de 2019.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, cumplimos nuestro mandato de observación, registro, sistematización y denuncia durante este paro nacional, porque ese es el rol que la sociedad nos demanda. Reafirmamos que nuestra labor será siempre estar junto a las víctimas de violaciones de derechos humanos, acompañarlas en su búsqueda de verdad y justicia y exigir que el Estado cumpla con su obligación de garantizar y proteger los derechos constitucionales y convencionales.

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Fuente:  Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador