Minería

"Estamos convencidos de que la explotación minera que pretenden impulsar en más de 15 mil hectáreas de Temixco, Xochitepec y Miacatlan, es un proyecto depredador de la naturaleza y de las personas. Que contaminará las aguas superficiales y las del subsuelo, que nos dejará tierras envenenadas, que emponzoñará el aire, que destruirá bosques, que desaparecerá especies animales y vegetales y que destruye el tejido social".

Com o lema "O lucro não vale a vida", a ação tem como objetivo denunciar esse modelo de morte da mineração implantado no país.

El avance sobre las tierras indígenas ha crecido durante el gobierno de Jair Bolsonaro y pone en jaque la cultura, la economía y las formas de vida de las comunidades. En el Congreso existen numerosos proyectos de ley que afectan la ocupación tradicional indígena y responden a las necesidades del extractivismo. A su vez, la presencia de garimpos en los territorios propaga la malaria y el Covid-19, lo cual pone en jaque un sistema de salud que no tiene suficiente capacidad de respuesta. La amenaza de un posible genocidio está latente.

Por una apelación de la Minera San Jorge a la Ley 7722, «la Ley guardiana del agua», la Corte Suprema declaró inconstitucional a un artículo que prohíbe a sustancias tóxicas por «indeterminación». La resolución habilitaría a la minería con el uso de xantatos y otras sustancias contaminantes que amenazan el medioambiente de la provincia. Desde las asambleas, que en el 2019 detuvieron la megaminería con una rebelión provincial, expresaron que no aceptarán ninguna sustancia tóxica y rechazaron el fallo, «En esto NO hay indeterminación. Hay una posición concreta. Hay una afirmación. Una realidad. ¡El artículo es legítimo, es nuestro! NO HAY DUDAS». 

Utilidad Pública y conceptos análogos relacionados con actividades minero-energéticas

Análisis en Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras, Chile, México y Perú

Las actividades extractivas cobran cada vez más fuerza en América Latina poniendo en riesgo la permanencia en los territorios de las comunidades afectadas con su implementación, la integridad de éstos y la garantía y realización de derechos.

¿Es de utilidad pública el extractivismo mineroenergético en América Latina? ¿Quién decide? ¿Se hacen balances transparentes sobre los verdaderos costos y beneficios de esas actividades? ¿Se escucha a la gente? ¿Quién responde por los daños? ¿Se necesita resignificar la Utilidad Pública? ¿Puede existir una economía del bien común?

Con el presente estudio pretendemos indagar sobre el andamiaje jurídico y conceptual sobre el que se sostienen las figuras de utilidad pública y otros conceptos análogos (en adelante “UPYCA”) con altos costos en los procesos de construcción de democracias que han de cimentarse en el respeto de los Derechos Humanos. Estudiamos desde diversas disciplinas cómo operan las declaraciones de UPYCA en nuestros países y cuáles son sus consecuencias. 

¿Es de utilidad pública el extractivismo mineroenergético en América Latina? ¿Quién decide? ¿Se hacen balances transparentes sobre los verdaderos costos y beneficios de esas actividades? ¿Se escucha a la gente? ¿Quién responde por los daños? ¿Se necesita resignificar la Utilidad Pública? ¿Puede existir una economía del bien común?