Minería

El director ejecutivo del CEDIB participó de los “Diálogos de Minamata con Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Sociedad Civil” promovido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Secretaría Ejecutiva del Convenio de Minamata.

Con chicote en mano y tras rebasar a la Policía, comunarios y autoridades originarias del municipio de Viacha irrumpieron en la Alcaldía para exigir la aprobación de una norma que prohíba la actividad minera. La movilización respondió a años de denuncias por contaminación del agua y la pérdida de ganado a causa de los desechos químicos vertidos por 23 cooperativas que operan en la región.

El Primer Tribunal Ambiental ha emitido un fallo trascendental este viernes 05 de septiembre, ordenando el cierre definitivo de la mina Alcaparrosa de Lundin Mining en Tierra Amarilla.

«Le quitamos la comida de la boca a un monstruo”. Así describe Enrique Che, autoridad ancestral de Río Pita, los esfuerzos de comunidades indígenas en Izabal, Guatemala, que terminaron con la cancelación de 10 licencias mineras que ponían en riesgo la principal fuente de agua de 54 poblaciones en esta región del país centroamericano.

Las organizaciones sostienen que el proyecto minero Loma Larga, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, pone en riesgo la principal fuente de agua de la región y al ecosistema de los páramos de Kimsakocha.

A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el  caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.

Desde 1983, la extracción subterránea y el mal manejo de relaves en El Toqui y sus empresas controladoras, han contaminado suelo, agua y ganado, dejando a la comunidad de Alto Mañihuales expuesta al arsénico y sin un plan de cierre efectivo. Esta semana una formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, confirma la urgencia de una solución definitiva.

La Defensoría del Pueblo presentó una acción de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental de La Paz, con el propósito de frenar el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio entre Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa rusa Uranium One Group, que fue aprobado en grande y en detalle, por considerarlo que se vulnera Derechos Humanos Ambientales. Dicha acción fue comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 28 de julio.