TLC y Tratados de inversión

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) implican para países como el Ecuador renunciar a la soberanía económica, territorial y jurídica frente a los intereses de las grandes potencias. Con sus directrices, estos tratados permiten por ejemplo que las disputas entre las transnacionales y el Estado se diriman en tribunales internacionales de arbitraje; que los agronegocios y el extractivismo se expandan en los territorios; que los servicios básicos sean privatizados.

A mediados de 2019 el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron un preacuerdo comercial que hoy se encuentra en proceso de revisión y ratificación. La integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay Natalia Carrau, y su colega Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil, conversaron con Radio Mundo Real acerca de los posibles impactos sociales y ambientales que tendría este Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre los pueblos.

El acuerdo con el Mercosur presenta una batería de amenazas para el modelo alimentario campesino. La entrada al mercado comunitario europeo de productos agrícolas y ganaderos obtenidos en unas condiciones de seguridad mucho más laxas y precios bajos, pone en peligro al modelo agrícola familiar frente al modelo latifundista, tiene graves consecuencias sobre las/os consumidoras/es europeas/os, agravará el cambio climático y concentrará las materias primas en manos de menos empresas -más fuertes y poderosas, lo cual supone un riesgo para la seguridad alimentaria. Así mismo, el campesinado pasará a ser un mero operador de los proveedores de insumos y los compradores de la producción, en manos de los grandes fondos de inversión. Sin embargo, no se suelen analizar las implicaciones de estos Tratados de Libre Comercio (TLC) en el contexto de esta segunda ola de biotecnología aplicada a la agricultura y ganadería, ni sus consecuencias sobre la privatización y acaparamiento de los recursos genéticos para la alimentación.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro rechazo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y exigimos a las autoridades del Mercosur que no lo firmen ni ratifiquen.

Mientras el Gobierno insiste en la aprobación del TPP11 en el Senado, organizaciones de la sociedad civil afirman que esta decisión ya la tomó el pueblo en las calles y que no es azaroso que se busque suscribir el acuerdo económico previo a la conformación de la Convención Constitucional.

El resultado del Plebiscito Constitucional demostró lo que ya era evidente con la masiva movilización popular que desde octubre de 2019 abrió el proceso constituyente. La voluntad mayoritaria es terminar con el régimen político institucional, acabar con el modelo social y económico del capitalismo salvaje neoliberal predominante, los abusos sistemáticos y la desigualdad extrema de Chile.

El grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta que negocia un Tratado Vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, terminó el 30 de octubre su sexta sesión de trabajo en Suiza, Ginebra.

"En su primer informe titulado “El derecho a la alimentación en el contexto de la política comercial y el derecho mercantil internacionales”, el nuevo Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, señala a la Asamblea General que la política comercial ha estado centrada principalmente en marcos económicos y ha hecho caso omiso o ha relegado a un segundo plano las preocupaciones por los derechos humanos".