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Biodiversidad en América Latina y El Caribe

Autor |  WRM  | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 30 junio 2005 16:04

Instituciones Financieras Internacionales: pérdida en gran escala de bosques y violación de los derechos de los pueblos que los habitan y dependen de ellos

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"La destrucción de los bosques no es algo que ocurra naturalmente. Existe todo un entramado de actores y políticas que siempre pueden ser identificados como los responsables de iniciar procesos que provocan la deforestación y la degradación de los bosques. Entre esos actores se destacan las Instituciones Financieras Internacionales, que promueven y hacen posible actividades que desembocan en la pérdida en gran escala de bosques y en la violación de los derechos de los pueblos de los bosques y de los pueblos que de ellos dependen". Boletín N° 95 del Movimiento Mundial por los Bosques

WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES B O L E T I N 95 Junio 2005 - Edición en castellano

Este boletín está también disponible en francés, inglés y portugués. Si desea recibirlo en alguno de estos idiomas comuníquese con nosotr@s. EL TEMA CENTRAL DE ESTE BOLETÍN: LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

La destrucción de los bosques no es algo que ocurra naturalmente. Existe todo un entramado de actores y políticas que siempre pueden ser identificados como los responsables de iniciar procesos que provocan la deforestación y la degradación de los bosques. Entre esos actores se destacan las Instituciones Financieras Internacionales, que promueven y hacen posible actividades que desembocan en la pérdida en gran escala de bosques y en la violación de los derechos de los pueblos de los bosques y de los pueblos que de ellos dependen. Sin embargo, la función negativa de esas instituciones no es fácilmente percibida por la opinión pública en general, ya que sus préstamos y políticas se presentan bajo el disfraz de "ayuda para el desarrollo". Por esa razón, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y Amigos de la Tierra Internacional decidieron producir en conjunto un boletín sobre este tema, dirigido a arrojar algo de luz sobre las oscuras andanzas de esas instituciones. Esperamos que los artículos siguientes contribuyan a ese objetivo.

En este número:

* NUESTRA OPINION - Otro mundo es posible ... sin las Instituciones Financieras Internacionales

* DESENTRAÑANDO EL PAPEL DE LAS IFIs - Instituciones financieras internacionales: el negocio del "desarrollo"

* FINANCIANDO LA DESTRUCCIÓN GLOBAL - El papel del FMI en la destrucción de los bosques tropicales- El Banco Mundial, los bosques y los pueblos de los bosques: políticas, impactos e implicaciones - "Abiertos a los negocios": como la Corporación Financiera Internacional subsidia a la industria de la celulosa y el papel - El papel destructivo de las agencias de crédito a la exportación

* LOS ACTORES REGIONALES - Secretos y mentiras: la nueva política forestal del Banco Asiático de Desarrollo - El Banco Interamericano de Desarrollo, los bosques y las plantaciones- El Banco Europeo de Inversiones: envuelto en secretos

* IMPACTOS A NIVEL LOCAL - El FMI y la deforestación en Indonesia- Laos: ¿habrá alterado los números el Banco Mundial para justificar Nam Theun 2?- Perú: el BID financia proyecto de gas de Camisea que amenaza la diversidad biológica y cultural de la selva- Uruguay: campaña ante la CFI contra proyectos de instalación de fábricas de celulosa

* CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS - La Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre como alternativa real para los bosques y los pueblos de los bosques * NUESTRA OPINION

- Otro mundo es posible ... sin las Instituciones Financieras Internacionales Hasta la década de 1950, los países eran solo eso: países. Durante la presidencia de Harry Truman en los Estados Unidos, los países fueron clasificados en "desarrollados" y "subdesarrollados", según cuán cerca o cuán distante estuvieran del modelo estadounidense. Con posterioridad, el adjetivo negativo "subdesarrollado" fue reemplazado por el más positivo de "en desarrollo". El hecho de que la mayoría de los países llamados "en desarrollo" estén ahora en una situación social, económica y ambiental peor de la que tenían cuando recibieron esa clasificación, no es siquiera objeto de demasiado debate.

Lo que es importante -para los países "desarrollados"- es mantener la ilusión de que los países "en desarrollo" PUEDEN llegar a ser similares a los países occidentales. Esa es también una de las ilusiones que las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) procuran mantener.

El objetivo no declarado de las IFIs, por supuesto, es diferente: asegurar que los recursos de los países "en desarrollo" continúen fluyendo hacia las naciones "desarrolladas" económicamente ricas, que en el proceso se enriquecen aún más - mientras los países "en desarrollo" se siguen empobreciendo. Lamentablemente, hasta ahora las IFIs han tenido gran éxito, tanto en lograr este objetivo, como en mantener la ilusión de un futuro al estilo occidental para el sur.

Las dos IFIs más conocidas son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuentan con el apoyo de los bancos de desarrollo regionales: el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como también el Banco Europeo de Inversiones y un gran número de Agencias de Crédito a las Exportaciones.

El financiamiento ofrecido por todas esas instituciones --que falsamente aducen ayudar a los países a "desarrollarse"-- ha provocado un empobrecimiento y una destrucción ambiental generalizada, a la vez que ha aumentado la deuda externa y la dependencia de los países del Sur. Esa dependencia es luego utilizada por las IFIs para imponer condiciones favorables --que claramente afectan la soberanía de los países-- a las inversiones del norte y a la apropiación de los recursos.

La huella de las IFIs es visible en la mayoría de los procesos que conducen a la deforestación. Tomemos el caso de la Amazonía. La deforestación fue posible en primer lugar por los préstamos de las IFIs destinados a la construcción de carreteras que penetraron en el bosque. A partir de ahí fue posible llevar a cabo actividades de madereo industrial, ganadería extensiva, agricultura en gran escala, minería y explotación petrolera, provocando una vasta destrucción forestal y violaciones de los derechos humanos. En la mayoría de los casos esas actividades pudieron llevarse a cabo por los préstamos de las IFIs. A pesar de la expoliación de sus recursos, los países amazónicos se endeudaron y los condicionamientos de las IFIs los forzaron a aumentar aún más la explotación de sus recursos para su exportación, a efectos de pagar los intereses de la deuda externa. Al mismo tiempo, los programas de ajuste estructural abrieron aún más el acceso de las empresas del norte a las riquezas de los países amazónicos. En la región tropical de África y Asia se identifica con facilidad la existencia de un modelo similar.

Aún hoy, cuando los ministros de finanzas de los siete países más ricos del mundo prometieron recientemente cancelar las deudas que los países más pobres deben al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, están persiguiendo los mismos objetivos que antes. Esto queda patente en el párrafo 2 de la declaración de los ministros de finanzas (11 de junio de 2005), que dice que para estar en condiciones de ser beneficiados con la cancelación de la deuda, los países en desarrollo deben "... alentar el desarrollo del sector privado" y eliminar "impedimentos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera". Esto significa abrir las puertas aún más a las empresas transnacionales así como privatizar todo lo que pueda ser privatizado, incluidas las necesidades básicas de la gente (tales como agua, asistencia de la salud, seguridad social, educación), activos de propiedad del Estado de todo tipo e incluso la atmósfera (a través del comercio de carbono relacionado con el cambio climático).

Queda claro que lo que la gente y el ambiente necesitan es exactamente lo opuesto: entre otras cosas, impulsar el desarrollo de las comunidades, establecer impedimentos claros a la inversión privada destructiva, asegurar el libre acceso de tod@s al agua, la asistencia de la salud, la seguridad social, la educación. En la medida que las IFIs empujan en la dirección contraria, resulta claro que no son parte de la solución de los problemas del mundo sino un actor de primera línea en agravarlos. Son herramientas utilizadas por los poderosos en contra de aquéll@s a quienes han quitado poder. Sus financiamientos y condicionamientos dan lugar a actividades social y ambientalmente destructivas. Otro mundo es posible sin esas instituciones.

Movimiento Mundial por los Bosques - Amigos de la Tierra Internacional * DESENTRAÑANDO EL PAPEL DE LAS IFIs

- Instituciones financieras internacionales: el negocio del "desarrollo"

El desarrollo puede brindar --de hecho lo hace-- grandes oportunidades para las corporaciones ansiosas por aprovechar los negocios en los llamados países "en desarrollo". Las instituciones financieras internacionales (IFI) han demostrado ser instrumentos muy buenos para lograr ese objetivo, y extremadamente malos para mejorar las formas de sustento de los pueblos del Sur o para proteger el medio ambiente.

El Grupo del Banco Mundial, constituido por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Banco Europeo de Inversiones (EIB), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las Agencias de Crédito a la Exportación son las IFI más importantes.

¿En qué se basa su poder? La desigualdad en la distribución de votos en las IFI es determinante para ejercer el control. La representación en el directorio ejecutivo está basada en la proporción de los fondos aportados. La estructura de las IFI se basa en la ponderación del voto, donde no opera el criterio de un voto por país sino que está condicionada al monto de dinero invertido por cada país miembro. La trascendencia del voto básico que se asigna a todos los miembros ha disminuido en proporción al número de votos asignados según el poder económico de cada país. La pérdida de valor del voto básico ha inclinado la balanza del poder en favor de los países industrializados. En la medida en que este "factor de equidad" ha ido perdiendo importancia, la asignación de votos se ha aproximado cada vez más a una relación de "un dólar, un voto". Si bien el FMI está integrado por más de 180 países, cinco de ellos (EE.UU., Gran Bretaña, Japón, Francia, Alemania y Arabia Saudita) controlan el 44 % de los votos.

EE.UU. tiene una participación de control de más de 16 por ciento del total de votos en ambas instituciones, lo que le da el poder de veto en decisiones muy importantes. En el caso del BM, los 24 países de la OCDE controlan más de dos tercios de los votos. Los directorios de los bancos regionales multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), además de seguir la misma estructura de "un voto, un dólar", son controlados principalmente por países que no pertenecen a la región, y que al integrar los bancos permiten que sus corporaciones se beneficien de las concesiones otorgadas a través de proyectos de "desarrollo". En el ADB, el país que detenta el mayor número de votos es EE.UU., seguido por Japón, Canadá y Alemania. ( aquí). En el AfDB, Nigeria lidera la lista, pero seguido de cerca por los EE.UU. y Alemania. ( aquí).

La asignación desigual de votos se ve exacerbada por el sistema de asignación de puestos en los directorios del FMI y el Banco Mundial sobre la base de un puesto por circunscripción, que les asigna un puesto a cada uno de los cinco países con mayor número de votos (EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Japón). Otros tres países (China, Rusia y Arabia Saudita) constituyen una circunscripción de un solo país, lo que les garantiza tener un puesto en los directorios. Quedan apenas 16 puestos libres, a ser compartidos por los restantes 176 países miembros.

Esta desigualdad transforma a las IFI en una herramienta a través de la cual los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido, y EE.UU.) proyectan sus objetivos económicos y de política exterior. Este pequeño grupo de países puede acordar políticas fuera de las IFI e implementarlas a través de ellas. Los países del sur deben adaptarse continuamente a las últimas modas económicas de las IFI, que a su vez son influidas por las necesidades de los países industrializados.

Las transacciones realizadas por las IFI en proyectos de (anti)desarrollo y otras actividades comerciales tienen varias consecuencias. Las transacciones han tenido y todavía tienen lugar en un campo desigual: los países ricos prestan dinero a los países empobrecidos, aumentando su ya enorme deuda externa. Cabe señalar que la deuda de muchos países creció durante períodos de dictadura militar a través de préstamos concedidos por las IFI, que apoyaron durante mucho tiempo esos regímenes dictatoriales.

Aunque muchos países derrocaron las dictaduras, sus gobiernos heredaron de todas formas esas deudas. Una vez atrapados, los países endeudados tienen que cumplir con el pago de su deuda financiera a expensas de su propia economía, desviando recursos de otras áreas, por ejemplo de programas sociales y ambientales.

Las IFI se relacionan de esta forma con el círculo vicioso de la deuda externa sobre el que se construye la dependencia. Por medio de esta dependencia, las naciones poderosas pueden imponer sus condiciones, imponiendo las políticas que deben seguir los gobiernos si quieren recibir los préstamos.

Entre las medidas que incluye la receta de políticas de las IFI están los programas de ajuste estructural (PAE) para recuperar la estabilidad macroeconómica en el corto plazo. Los PAE conllevan un paquete de políticas económicas diseñado para solucionar los desequilibrios de los países en el comercio mejorando su balanza de pagos, a través del incremento de las exportaciones y la reducción de las importaciones. Por lo tanto, los países del sur se han embarcado en la extracción intensiva de recursos naturales y en actividades de monocultivo orientadas a la exportación (los llamados productos básicos o "commodities"), también para generar las divisas necesarias para pagar la deuda externa. Otras políticas adicionales han forzado a los países a abrir sus economías nacionales a las compañías transnacionales que invierten en la explotación de los recursos naturales de los países.

Esas políticas y las inversiones de las IFI han implicado muy a menudo consecuencias ambientales y sociales negativas, porque ejercen una presión creciente e indiscriminada sobre la naturaleza. Proyectos de combustibles fósiles (como el gasoducto Bolivia-Brasil o el Proyecto de gas de Camisea en Perú), proyectos de explotación minera (como la mina Ok Tedi y la mina Lihir en Papua Nueva Guinea), represas (la represa Nam Theun 2 en Laos), el cultivo de camarones (como el proyecto que financian el BM y la CFI en Bangladesh, el Proyecto de servicios de apoyo a la industria pesquera en Indonesia, o el Proyecto de cultivo de camarones y peces en India), carreteras y plantaciones industriales (eucalipto, palma aceitera, teca, árboles de caucho, soja), por todas partes destruyen el medio ambiente y las formas de sustento locales y regionales y llevan a la deforestación y la destrucción de otras áreas biológicamente ricas.

Muy lejos de cualquier idea de "asistencia", los países del norte buscan las mejores oportunidades comerciales en todos los terrenos, incluyendo el del "desarrollo". Las experiencias a lo largo de los años muestran además -como en los casos de Camboya, Timor Oriental, Afganistán e Irak- que la etapa de reconstrucción posterior a los conflictos, guerras y desastres ha sido otro campo de operaciones para las IFI, cuyos programas de reconstrucción no contribuyen de manera significativa a la reconstrucción o la rehabilitación de la vida de los pueblos y comunidades afectados. Los gobiernos que no cumplen con sus recetas y condiciones, entran en la lista negra, es decir no reciben más inversiones ni transferencias de tecnología y a menudo ven bloqueados sus créditos para la exportación e importación.

A fin de demostrar lo rentable que son las inversiones en las IFI para los países industrializados, dejemos que el gobierno de EE.UU. hable por sí mismo (¡nos ha evitado la tarea de intentar descifrar su mensaje!): "La participación de EE.UU. en los bancos de desarrollo suministra un apoyo financiero esencial para el trabajo de las agencias de promoción de las exportaciones de EE.UU. (...) Los programas de ajuste estructural y de préstamos sectoriales de los bancos de desarrollo han sido extremadamente importantes en la promoción de sistemas de comercio más abiertos.

En América Latina y el Caribe, este tipo de préstamos, junto con los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ha dado como resultado la reforma de políticas económicas fundamentales en algunos de los países más grandes. (...) Como consecuencia, estos países se están convirtiendo en mercados de exportación más grandes e importantes para EE.UU. y otros países industriales. (...) El importante papel de los BMD (bancos multilaterales para el desarrollo) en la economía internacional y los beneficios económicos que brindan a EE.UU. no son bien conocidos. (...) Desde la fundación del Banco Mundial en 1945, hemos sido su miembro contribuyente más grande e influyente. También hemos sido su mayor beneficiario en término de los contratos otorgados a empresas de EE.UU. para ayudar a los países prestatarios a ejecutar proyectos financiados a través de los bancos. Los antecedentes de EE.UU. en materia de contrataciones logradas en licitaciones a través de los bancos de desarrollo reflejan el enorme interés económico que tenemos como nación en la promoción del crecimiento económico sostenido de la economía internacional. La acción económica se desarrolla cada vez más en este terreno. Para que las cosas funcionen bien en casa, tenemos que efectuar acciones en el exterior." ("The Multilateral Development Banks: Increasing U.S. Exports and Creating U.S. Jobs"- Bancos multilaterales de desarrollo: cómo hacer crecer las exportaciones estadounidenses y crear empleo en EE.UU.", informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, mayo de 1994).

Las IFI facilitan hoy la fuga de recursos del sur al norte, cuyos orígenes se remontan a la época colonial, cuando las potencias se apoderaron de la riqueza de sus colonias para construir el "desarrollo" del norte. La pérdida masiva de capital de los países pobres en favor de los países ricos del norte fue calculada en US$ 50 mil millones sólo para 1985. En 1990 hubo una transferencia neta de US$ 156 mil millones del "Tercer mundo" hacia el norte. Sólo de África, el flujo de fondos hacia el FMI y el BM entre 1986 y 1990 fue de US$ 4,7 mil millones, mientras que en América Latina, entre 1990 y 1998 se transfirieron más de US$ 700 mil millones sólo por concepto de pagos a bancos y multinacionales de EE.UU. y Europa. En otras palabras, como consecuencia del otorgamiento de préstamos y del requisito de repago con intereses se está produciendo un flujo inverso de recursos desde el sur hacia el norte a una escala sin precedentes.

Esto tiene lugar en el marco de un sistema de comercio injusto controlado por los países más importantes a través de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de "libre comercio", un conjunto de mecanismos comerciales y la inversión extranjera directa canalizada a través de las IFI.

En las raíces de todo este proceso está el modelo de producción excesiva, consumo excesivo y desperdicio excesivo de las sociedades industrializadas del norte, a donde se dirige la mayor parte de la producción del sur. El norte puede mantener su estilo de vida gracias a la apropiación de recursos y de mano de obra barata de los países del sur y a su destrucción ambiental, que incluye la deforestación.

Sin embargo, la resistencia se expresa de varias formas, desde las luchas locales a las campañas mundiales y las nuevas perspectivas que aportan a la construcción de otros mundos posibles que desafíen el modelo globalizador dominante.

Una de esas expresiones es el concepto de deuda ecológica. Se basa en la idea de que existe una deuda histórica, social, ambiental y cultural del norte con el sur, originada en el saqueo colonialista impune que taló los bosques para extraer minerales y plantar cultivos comerciales, se apropió de los conocimientos ancestrales, esclavizó a los pueblos del sur y produjo daños ambientales y sociales irreparables.

La deuda ecológica no solo reside en los bajos precios que se pagan por los productos de exportación provenientes del sur, que no incluyen los costos sociales y ambientales locales y globales, sino también en los servicios ambientales que proporciona la riqueza natural del sur, como sus bosques, ríos y biodiversidad, por los cuales no se paga absolutamente nada.

Al cambiar la perspectiva desde la cual se enfrenta la deuda que ha esclavizado a los países del sur, la deuda ecológica convierte a los países del norte en deudores de los países del sur, porque es tan inmensa e histórica que ha hecho insignificantes las deudas financieras que los países del sur tienen con las IFI. El sur ya ha pagado con creces su deuda.

No obstante, la desproporción destruye el concepto de compensación. ¿Cuál es el precio de casos de daño a la salud o muerte, destrucción de culturas o del ambiente? ¿Pueden ser compensados con dinero en efectivo? Varias comunidades indígenas, como los U'WA en Colombia, han rechazado la compensación económica de la compañía Occidental Petroleum para que dejen su región porque para ellos no tiene precio, es su madre tierra.

La deuda ecológica no intenta convertir la naturaleza en mercancía sino oponerse como concepto a la deuda externa, que es recusada por ilegítima, inhumana e inmoral. Crece cada día la conciencia sobre el papel que juegan las IFI en el mantenimiento de un orden internacional injusto que afecta negativamente al medio ambiente y a los pueblos. Con este boletín nos unimos a las distintas organizaciones del norte y del sur que monitorean y ponen al descubierto las actividades de las IFI para contribuir a la justicia social y ambiental.

Artículo basado en información obtenida de: "IMF and World Bank: Instruments of Globalisation", Alternative Information & Development Centre (AIDC), aquí; "Deuda ecológica y derechos económicos, sociales y culturales", Joan Martínez-Alier, aquí; Ecological debt: the desecration of life, Aurora Donoso, Acción Ecológica, aquí; "Options for democratising the World Bank and the IMF", Paul Ladd, aquí;

* FINANCIANDO LA DESTRUCCIÓN GLOBAL

- El papel del FMI en la destrucción de los bosques tropicales

No nos confundamos. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de un "ambiente favorable", se refiere a los negocios, a un ambiente favorable para la inversión extranjera directa, por medio de las operaciones de bolsa, o indirecta, a través de las operaciones de compañías transnacionales. Las esporádicas referencias al medio ambiente en sus préstamos, donaciones, documentos y estrategias, son funcionales a sus clásicas recetas basadas en programas de ajustes y estabilización, que bien aplicados, nos deben conducir al desarrollo sostenido, entendido claro está, en términos de crecimiento continuo del PBI. El FMI sigue creyendo, o insiste en hacernos creer que hay un círculo mágico o "virtuoso" en el cual el crecimiento económico "sostenido" reduce la pobreza e incrementa los recursos disponibles para mejorar el medio ambiente. Círculo que además, se retroalimenta por sí mismo (1). Algo así como la mano invisible de Adam Smith.

El mismo FMI confiesa que no tiene en cuenta problemas ambientales ya que está limitado por su mandato y por la poca preparación de su personal en tales temas[MA1]. Esta institución argumenta especializarse "solamente en temas referentes a políticas macroeconómicas, monetarias, comerciales y fiscales a nivel nacional e internacional[MA2]", y que son otras las organizaciones, tales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas o los bancos de desarrollo regional, las que "están mejor equipadas" para lidiar con los problemas del medio ambiente[MA3]" (2). De esta manera, el FMI elude toda responsabilidad por los impactos ambientales generados por sus programas de estabilización y ajuste estructural.

Ya se han cumplido 3 décadas desde los primeros experimentos de ajuste estructural implementados por las sangrientas dictaduras de Uruguay, Chile y Argentina allá por mediados de los setenta. Desde allí, y sin distinciones de carácter histórico, geográfico, cultural o social, el FMI ha venido imponiendo una receta única para todo país que intenta acceder a sus fondos, la que supuestamente apunta a lograr crecimiento económico. El FMI aprovecha la oportunidad para imponer programas de ajuste estructural y estabilización como condicionalidades para la obtención de sus préstamos. Los mismos incluyen la implementación de medidas destinadas a superar el déficit presupuestario mediante el recorte del gasto público, como también la implementación de procesos de privatización, desregulación de la economía incluyendo la liberación comercial y financiera, y un crecimiento económico basado en el aumento de las exportaciones. Estos ajustes conllevan una reforma estructural del Estado, la cual permite la eliminación de las barreras que impiden el acceso y la creación de un ambiente favorable para la inversión extranjera. Tales "barreras" incluyen todo tipo de regulación social (incluidas medidas de protección laboral y ambiental). En resumen, cuando un país con dificultades en su balanza de pagos y al borde de la bancarrota se ve forzado a aceptar la "asistencia" financiera del FMI, en realidad comienza a sumergirse en un proceso de pérdida de control de sus recursos (entendidos en sentido AMPLIO) y soberanía.

Protestas y movilizaciones de comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y estudios de caso de organizaciones ambientalistas han demostrado una y otra vez que en la mayor parte de los países clientes del FMI no sólo no se han alcanzado los objetivos de desarrollo, sino que el resultado general de esas políticas sobre el medio ambiente, ha sido devastador (3). Y los ecosistemas boscosos no escapan a la regla. En el año 2002, un estudio de American Lands Alliance concluyó que los créditos y las políticas del FMI provocaron un notable aumento de la deforestación en países de gran riqueza biológica de América Latina, Asia y Africa. El estudio señala que la estrategia del FMI de promover el crecimiento basado en exportaciones e inversión extranjera, y a la vez presionar a los países para que recorten su gasto en programas ambientales, ha acelerado la deforestación. El FMI parece haber promovido la tala de bosques amenazados en Brasil, Camerún, Chile, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Costa de Marfil, Madagascar, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, Rusia y Tanzania.

La respuesta a este informe por parte del FMI fue que el mismo parecía basarse en información "vieja o incorrecta". El Fondo argumenta haber incorporado condiciones que requieren la reforma de políticas forestales -destinadas a reducir la tala ilegal y fortalecer la protección de los bosques-, y que incluso ha suspendido sus préstamos a varios países, en un intento por detener la tala ilegal y la deforestación (4). Pero la verdad es que hasta ahora el Fondo se niega a reconocer el impacto ambiental de sus programas de ajuste estructural.

El estudio señala por ejemplo que en Brasil, cuyas selvas tropicales representan un tercio de todos los bosques húmedos que quedan en el planeta, el gobierno redujo en casi dos tercios el gasto en programas ambientales, como condición de un acuerdo por un paquete de emergencia de 41.500 millones de dólares firmado con el FMI en 1998. Esto implicó la reducción presupuestal y 10 de los 16 programas ambientales de Brasil dejaron de aplicarse, varios de ellos destinados a hacer cumplir las normas de explotación forestal y protección de los bosques.

El FMI logró que Camerún, uno de los países con mayor diversidad biológica de Africa, devaluara su moneda y rebajara los impuestos a las exportaciones de productos forestales. "Esto volvió más rentable la explotación forestal y aumentó el número de especies comercialmente viables, lo que incrementó el volumen talado por hectárea". En consecuencia, el número de empresas forestales con operaciones en Camerún aumentó de 177 a 479 entre 1990 y 1998, frente a apenas 106 en 1980, con el resultado de que más del 75 por ciento de los bosques del país han sido talados o lo serán en breve.

En Papúa Nueva Guinea, que alberga 1.500 especies de árboles, 200 especies de mamíferos y 750 de aves, la mitad de ellas endémicas, el recorte del gasto público resultó en el desmantelamiento del Departamento de Ambiente y Conservación. Para incentivar a la industria maderera, el FMI logró que se redujeran los impuestos a las exportaciones forestales de 33 por ciento a entre 0 y cinco por ciento en 1998. El resultado no se hizo esperar: varias de las gigantes compañías forestales de Malasia se establecieron de inmediato en Papúa Nueva Guinea, afectando gravemente a los bosques del país.

El FMI, que responde principalmente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no ha hecho ningún viraje sustantivo para mejorar la situación. Apenas si ha reconocido que sus políticas tienen algún impacto en la pobreza, lo que ha significado un cambio de maquillaje en los programas de ajuste estructural. Nada sobre políticas que favorezcan al medio ambiente. El pasado 11 de junio los Ministros de Finanzas del Grupo de los 8 (Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Rusia) hicieron pública una declaración sobre "Desarrollo y Deuda" que incluye una propuesta de cancelación de deuda multilateral que sería presentada a las Reuniones Anuales del FMI, Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo en septiembre de 2005. La cancelación de deuda multilateral propuesta está todavía ligada al acatamiento de los condicionamientos que exacerban la pobreza, la sobreexplotación y el saqueo de los recursos naturales y perpetúan la dominación sobre el Sur. En la cancelación de deuda no se conmuta ninguna restitución y/o reparación por la esclavitud y la colonización, el saqueo de la riqueza y recursos naturales, la explotación laboral, ni la destrucción humana, social y ecológica en el Sur causada por las actividades económicas, operaciones militares y guerras que protegen los intereses de la cleptocracia internacional (5).

El silencio de los tecnócratas del FMI, producidos por universidades como Harvard y sus pares, no es una mera casualidad. Ellos han sido entrenados en función de un solo objetivo: suprimir las barreras que dificultan el acceso y control de las grandes empresas a los recursos naturales del planeta. O tal vez para la perpetuación del déficit comercial de Estados Unidos destinado a financiar los negocios de la cleptocracia mundial. Una vez más el fin justifica los medios: se firman cartas de intención, se organizan talleres para construcción de capacidad técnica, se extorsiona con amenazas de cierre de acceso a los mercados del capital internacional, se reprime a quien tenga el coraje de oponerse a este modelo de desarrollo neoliberal. Los actores son poderosos y conocidos: los gobiernos de los países ricos del Norte, las multinacionales, el FMI, la OMC, los bancos multilaterales y las elites y oligarquías corruptas del Sur. El resultado no se puede llamar de ningún modo desarrollo, no si es a costa de la destrucción de ecosistemas saludables, el empobrecimiento y marginación de las comunidades que los habitan o que dependen de ellos para su supervivencia, y la perpetuación a todo costo del actual sistema de producción global.

Por Marta Zogbi, Amigos de la Tierra Internacional, correo electrónico: marta@foei.org Fuentes consultadas: 1. Ficha técnica - Abril de 2004 "El FMI y el medio ambiente", aquí; 2. "The IMF and the Environment", Ved P. Gandhi, July 28, 1998, aquí; 3. "The IMF: Funding Deforestation", Jason Tockman, American Lands Alliance, aquí (en inglés); 4. "FMI bajo fuego por promover desforestación", Danielle Knight, aquí; 5. ADITAL 22.06.05 - ARGENTINA "Respuesta de Jubileo Sur a la propuesta sobre Deuda del G8", aquí - El Banco Mundial, los bosques y los pueblos de los bosques: políticas, impactos e implicaciones

Nuevas políticas, viejos problemas. Ya desde la década de 1970 el Banco Mundial viene esforzándose para definir una forma de encarar los bosques que reconcilie su declarado compromiso de aliviar la pobreza con su promoción del "desarrollo" a través de modelos verticales de crecimiento y comercialización. Los modelos de desarrollo de libre mercado, fundados en el derecho a la propiedad privada, no concuerdan con las formas convencionales de encarar la actividad forestal. Desde principios del siglo dieciocho, el modelo dominante de "silvicultura científica" europeo se ha opuesto a la libre actuación de las fuerzas del mercado, reservando los bosques para intereses estratégicos definidos por el Estado. Esto supone el control estatal de las reservas forestales, en tanto "bienes públicos", del que están excluidas tanto las comunidades locales como (por lo menos en teoría) las industrias destructivas. Hace tiempo que los ministerios de Silvicultura, a favor del control estatal y la propiedad pública, y los ministerios de Agricultura, a favor de la propiedad privada y el libre mercado, desconfían unos de otros. . La primera vez que se impuso este modelo de "silvicultura científica" a un país en desarrollo fue en la década de 1840, con los británicos en Birmania. Desde entonces, en los bosques tropicales la política económica ha estado dominada por relaciones, demasiado cercanas para ser saludables, entre los organismos estatales, que controlan los bosques, y los madereros a gran escala dispuestos a sobornarlos para acceder a la madera. Por lo tanto, la "silvicultura científica" no solamente ha favorecido la corrupción y la connivencia; también ha llevado al soborno institucionalizado, de ahí que una parte sustancial de las ganancias producidas por la madera va a parar a las cuentas bancarias de políticos y sus redes patrimoniales y, en las llamadas democracias de hoy día, partidos políticos. La penetración de la corrupción y la exclusión social en el sector forestal ha sido tan grave que los objetivos de la "silvicultura científica", de reservar bosques para producir madera con fines estratégicos y garantizar los servicios ambientales, han sufrido una derrota total. Los bosques han sido explotados en aras de las ganancias de las elites comerciales y esto ha tenido severas consecuencias sociales y ambientales.

Esta forma de silvicultura no solamente está plagada de "ineficiencias" económicas (que los economistas del Banco Mundial encuentran de tan mal gusto) sino que ha impuesto una onerosa carga a las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, a quienes se privó de sus derechos al establecerse las reservas forestales del Estado, al punto de que la contradicción entre la actividad forestal y los pobres es tan cruda que hasta el Banco Mundial tuvo que darse por enterado. A partir de los años 1980 la solución preferida del Banco Mundial ha sido entonces promover por un lado enfoques del sistema de concesiones basados en el mercado (a través de medidas como la licitación competitiva, la transparencia del mercado o la revocación de prohibiciones del madereo) y por el otro la "silvicultura social", en general fuera de las reservas forestales. La "silvicultura social", basada en el modelo chino de plantaciones masivas a cargo del campesinado dirigido por el Estado, pretendía brindar a la población rural por lo menos algunos productos forestales. Sin embargo, en países más capitalistas pronto se descubrió que estas plantaciones podían diseñarse para beneficiar a las fábricas de celulosa y las industrias papeleras más que a los forestadores locales, cuya mano de obra fue cooptada y así se ocuparon de mudas y plantines pero prácticamente no tuvieron acceso a los árboles una vez que éstos maduraron.

Fue recién a mediados de la década de 1980 que los movimientos ambientalistas y por la justicia social impugnaron el enfoque del Banco Mundial respecto de los bosques. En cuanto quedó claro que el Banco Mundial estaba financiando la destrucción masiva de los bosques tropicales y los Pueblos Indígenas (mediante planes colonizadores, plantaciones, represas, minas, construcción de carreteras y agronegocios), éste prometió reformas. Estableció un nuevo departamento ambiental, adoptó lo que llegó a llamarse "políticas de salvaguardia" (procedimientos obligatorios cuyo fin es proteger de los peores impactos a los ambientes y grupos sociales más vulnerables) y anunció que su objetivo era promover el "desarrollo sustentable", un concepto contradictorio que se hizo famoso gracias a la Comisión Brundtland.

Sin embargo, en realidad las ONG no empezaron a centrarse en la política forestal del Banco Mundial hasta que en 1986 se reveló el Plan de Acción de Bosques Tropicales (TFAP), una propuesta del Banco Mundial, la FAO, el PNUD y el World Resources Institute para lanzar US$ 7 mil millones de ayuda monetaria a la actividad forestal tropical. Esto iba a ser más de lo mismo: más madereo comercial, más plantaciones según el modelo de Aracruz en Brasil y más silvicultura social vertical del tipo que estaba desposeyendo a los campesinos y cubriendo los mal llamados 'eriales' de India con un mar de Eucalyptus. Una respuesta de las ONG fue fundar el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, que surge en respuesta al TFAP durante una conferencia internacional realizada en 1986 en Malasia.

La indignación fue tanta y las pruebas reveladas por las ONG tan concluyentes que, en 1990, la cumbre del G-7 llamó a la reforma del TFAP, que pronto se desintegró. Durante un corto período la voz crítica de las ONG fue tan fuerte que, cuando quedó claro que prácticamente no había en el mundo un solo ejemplo de manejo sustentable de los bosques tropicales, el Banco se vio obligado a adoptar una política forestal basada en un enfoque de precaución respecto de la explotación de los recursos naturales; esto ocurrió en 1991. En ausencia de cualquier prueba de la sustentabilidad del madereo en los bosques tropicales, la nueva "política forestal" prohibió al Banco Mundial financiar proyectos que dañaran los bosques tropicales húmedos primarios.

La Ley del Mercado: divide y reinarás. Desgraciadamente, las ONG no se mantuvieron firmes en su rechazo a los modelos de mercado para la reforma forestal. Es cierto que algunas, como el WRM, dieron prioridad a enfoques alternativos de los bosques basados en la restitución de los derechos de los Pueblos Indígenas, la reforma agraria para hacer justicia a los campesinos y los pobres y sin tierra del campo, la promoción del sustento local, la justicia entre los sexos y el autogobierno. Sin embargo muchas otras, con inclusión de grandes organizaciones conservacionistas como el WWF, se sintieron atraídas por la posibilidad de aprovechar las fuerzas del mercado para incentivar al sector privado a manejar los bosques en forma "sustentable", lo que a su vez, esperaban, traería las reformas para el sector forestal. El resultado inmediato fue el Consejo de Manejo Forestal, establecido 1993; si bien entre sus principios y criterios figura la fuerte protección de los derechos de las comunidades locales, los Pueblos Indígenas y los trabajadores, llevó a la rehabilitación del sospechoso concepto de Manejo Forestal Sustentable. En 1998, el WWF y el Banco Mundial anunciaron una nueva "Alianza Forestal" conjunta dedicada a promover para 2005 la certificación de 200 millones de hectáreas de bosques en países que el Banco Mundial se había fijado como objetivo. El Banco Mundial había vuelto al juego forestal.

El Banco Mundial seguía teniendo el problema de que su estrategia forestal de 1991 no era realmente compatible con un enfoque de los bosques basado en el mercado. Sin embargo, ahora que las ONG estaban divididas, el Banco se embarcó en una compleja maniobra pensada para legitimar su regreso a la promoción del madereo de los bosques tropicales y las reformas basadas en el mercado. Llevó a cabo un prolongado proceso de revisión de la instrumentación y desarrollo estratégico de su Política sobre Bosques, inició consultas regionales extensivas, encargó una serie de documentos para examinar asuntos importantes como la reducción de la pobreza, los Pueblos Indígenas y el manejo comunitario de los bosques para llegar a la conclusión, impugnada pero nada sorprendente, de que era hora de volver a la explotación forestal igual que en las décadas de 1970 y 1980: promoviendo reformas de la industria forestal basadas en el mercado y haciendo al mismo tiempo "forestería comunitaria" para demostrar que todavía le preocupaba la pobreza. Se levantó la prohibición de financiar el madereo en los bosques tropicales húmedos primarios y el enfoque precautorio se dejó de lado.

La nueva Estrategia y su política asociada, adoptadas en 2002, ponen todavía más énfasis que antes en el mercado. Se promoverán nuevos mercados para servicios ambientales, junto con mercados para la madera "verde", que esta política pretende alcanzar mediante la certificación voluntaria. También se está promoviendo el comercio de carbono a través del nuevo Fondo de Biocarbono del Banco.

Tal como se detallara en la edición de abril del boletín del WRM (Nº 93), las inversiones recientes del Banco Mundial desatadas por la nueva política están causando graves problemas: la expansión de inversiones dañinas tanto social como ambientalmente en plantaciones, agronegocios y falsos sumideros de carbono y los esquemas verticales de foresteria comunitaria que pisotean los derechos de los Pueblos Indígenas. Mientras tanto, en las operaciones forestales sustentables certificadas por el Banco los ejemplos de mejores prácticas no se ven por ninguna parte.

Mercados sin derechos. Nadie debería sorprenderse de que el Banco Mundial prefiera un enfoque de mercado al tratar el tema de los bosques, pero lo que el enfoque del Banco Mundial tiene de realmente incoherente es el tratamiento de los derechos a la propiedad de los pobres. Por supuesto que las ONG tienden a argumentar a favor del reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales sobre la base de los derechos humanos y la justicia natural, pero economistas capitalistas como De Soto han subrayado también que el desarrollo no puede funcionar a favor a los pobres si no hay un marco fuerte para la protección de los derechos de propiedad.

Como señaló Adam Smith, filósofo del libre mercado del siglo dieciocho, para que los "mercados libres" funcionen el Estado debe, en la mayor medida posible, "poner a cubierto de la injusticia y de la opresión a todo ciudadano por parte de otro miembro de la misma..." y para eso ha de "establecer una exacta justicia entre sus pueblos". Smith concluye que el imperio de la ley es necesario para proteger la propiedad privada y que esto debe hacerse en forma justa para no "exacerbar la indignación de los pobres", resultante en el peligro de que "el gobierno civil, en la medida en que se instituye en aras de la seguridad de la propiedad, en realidad se instituya para que los ricos se defiendan de los pobres" (Adam Smith, La riqueza de las naciones).

Aun así, la nueva "Política sobre Bosques" del Banco Mundial, basada en el mercado, cae en esta misma trampa. El Banco Mundial señala que alrededor de 1.200 millones de personas pobres en el mundo entero dependen de los bosques para obtener agua, leña que se utiliza como combustible y otros elementos fundamentales para su sustento. De estas personas, cerca de 350 millones dependen enteramente de los bosques; de éstas, apenas 60 millones han sido clasificadas como "Pueblos Indígenas" por el Banco. Aunque la nueva política sobre bosques exige que los proyectos de madereo financiados por el Banco garanticen "el reconocimiento y el respeto de los derechos de propiedad y uso de la tierra documentados jurídicamente o consuetudinarios", tales protecciones no se extienden a los pueblos que sufren los impactos de otros proyectos financiados por el Banco que afectan a los bosques, como represas, minas, carreteras, planes de colonización, agronegocios y plantaciones. En lugar de tratar directamente estos problemas, el Banco Mundial dijo que resolvería estas cuestiones más amplias sobre la tenencia de la tierra en su Política Revisada sobre Pueblos Indígenas, a pesar de que dicha política está dirigida a aproximadamente el 5% de los 1.200 millones de personas que, según estima el Banco Mundial, dependen de los bosques. En efecto, el Banco Mundial está dispuesto a imponer su política de mercado para el "desarrollo" de bosques y plantaciones sin tratar el asunto de los derechos de tenencia de unos 1.100 millones de personas que dependen de estos bosques para su bienestar.

Además, incluso la política sobre Pueblos Indígenas, aprobada finalmente por el Banco Mundial en mayo de 2005, ofrece protecciones muy inciertas. Aunque la política constituye una leve mejoría con respecto a los borradores para la discusión publicados a lo largo de los últimos cuatro años, la nueva política no pide el reconocimiento pleno de los derechos territoriales. Lo único que exige a los gobiernos beneficiarios del préstamo es que establezcan un "plan de acción" para iniciar sea el total reconocimiento legal de los sistemas existentes de tenencia consuetudinaria de tierras, o bien un proceso de conversión de los derechos consuetudinarios en derechos de propiedad, o bien medidas para el reconocimiento legal de los derechos de uso de larga data.

Los Pueblos Indígenas no quedaron contentos con la nueva política. Una declaración firmada por muchas de las principales organizaciones de Pueblos Indígenas que participaron en el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas en mayo de 2005 señala al respecto de la nueva política del Banco Mundial que: "Esta política revisada recientemente ha hecho progresos importantes en muchas esferas, como la exigencia de que el desarrollo comercial de los recursos culturales y conocimientos de los Pueblos Indígenas afectados esté sujeto a su consentimiento previo. Sin embargo, seguimos estando extremadamente preocupados porque estos Bancos Multilaterales de Desarrollo no reconocen los derechos consuetudinarios de los Pueblos Indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, ni tampoco su derecho al libre consentimiento previo informado; también nos preocupa la degradación de normas internacionales a leyes nacionales que han llevado a cabo".

En particular, los Pueblos Indígenas se han inquietado con lo ocurrido con su exigencia de reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas en relación con los proyectos propuestos para sus tierras consuetudinarias; la misma fue convertida en una exigencia de "consulta libre, previa e informada" resultante en un "amplio apoyo de parte de la comunidad". Según la nueva política del Banco, dicha consulta y la evaluación del "amplio apoyo de parte de la comunidad" serán realizadas por el gobierno beneficiario del préstamo, no implican el derecho de la comunidad a vetar el proyecto y solamente serán verificadas por el Banco a través del análisis de los documentos proporcionados por el gobierno. Todo esto deja demasiado lugar para que se impongan proyectos sin que se respeten adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras y a la autodeterminación. Como señaló el activista canadiense por los derechos indígenas Arthur Manuel:

"La consulta suena bien, pero no sirve para nada. Es un mecanismo para permitir el robo definitivo de nuestras propiedades indígenas sin costo alguno. El consentimiento previo e informado significa reconocer nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra forma de vida".

Por Marcus Colchester, Programa para los Pueblos de los Bosques, correo electrónico: marcus@forestpeoples.org. Puede encontrarse información más detallada (en inglés) sobre las implicaciones de la Política sobre Bosques del Banco Mundial aquí. Por más información relacionada véase aquí.

- "Abiertos a los negocios": como la Corporación Financiera Internacional subsidia a la industria de la celulosa y el papel

Desde su fundación en 1956, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha otorgado más de US$ 44 mil millones de sus propios fondos y movilizado otros US$ 23 mil millones en forma de préstamos a 3.143 empresas en 140 países. Según su declaración de principios, la CFI existe para promover "inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo como una manera de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente".

Pero al dirigirse a la industria, los funcionarios de la CFI dejan entrever a veces el verdadero propósito de la institución. "Estamos abiertos a los negocios", anunció Tatiana Bogatyreva, jerarca en el sector de inversiones de la CFI, durante una conferencia sobre la industria del embalaje realizada en Moscú este mismo mes. La conferencia fue organizada por el Instituto Adam Smith, un grupo de presión de extrema derecha a favor de la privatización, e incluyó sesiones con nombres como "El embalaje como herramienta de marketing" y una "Mesa redonda del champán" con ejecutivos de la industria del embalaje. Bogatyreva declaró en la conferencia que la CFI está dispuesta a financiar más proyectos en el sector del embalaje.

A diferencia del resto del Grupo del Banco Mundial, la CFI otorga préstamos directamente a las empresas, no a los gobiernos. Los beneficios para las empresas son claros. Además de financiación barata a largo plazo, la CFI brinda asesoramiento sobre mercados emergentes, sectores industriales y estructuración financiera. Y la CFI puede ayudar a movilizar fondos de bancos comerciales para financiar los proyectos, así como brindar apoyo financiero a las empresas a través de la compra de acciones..

Durante varias décadas la CFI ha sido un importante patrocinador de proyectos de celulosa y papel en todo el mundo. Hace pocos meses la CFI aprobó préstamos para proyectos de celulosa y papel en Pakistán, China, Brasil, Jordania y Kirguistán. La CFI tiene un papel importante en la financiación de la expansión del sector forestal industrial en China.

En setiembre de 2001 la CFI otorgó préstamos por un total de US$ 25 millones a dos subsidiarias de la corporación Sino-Forest para la construcción de fábricas relacionadas con la madera y la compra de plantaciones en China. Las plantaciones de la empresa canadiense Sino-Forest abarcan unas 240.000 hectáreas en el sur del país. Actualmente la empresa está expandiendo la superficie de sus plantaciones en unas 200.000 hectáreas en la provincia de Guangdong.

En diciembre de 2004 la CFI anunció un paquete financiero para la papelera Jiangxi Chenming Paper Company, destinado a construir una fábrica de papel que produciría 350.000 toneladas anuales y una planta de celulosa asociada. Jiangxi Chenming es un emprendimiento conjunto de Sappi (Sudáfrica), Shinmoorim (Corea del Sur), Chenming Group (China) y Jiangxi Paper Industry Company Limited (China). La CFI suministrará US$ 72,9 millones en participaciones de capital y préstamos y movilizará otros US$ 205 millones para financiar el proyecto.

En junio de 2005, Stora Enso firmó con la CFI un acuerdo para un préstamo de US$ 75 millones para financiar las actividades de esta empresa en China. El dinero irá a parar a las plantaciones de eucaliptos de Stora Enso en la provincia de Guangxi, en el sur de China, y a expandir su fábrica de Suzhou.

Las empresas que reciben préstamos de la CFI a menudo declaran que el préstamo es una suerte de aprobación independiente de las actividades de la firma. Luego de que su empresa recibiera un préstamo de la CFI, Allen Chan, presidente y director ejecutivo de Sino-Forest, dijo que "la contribución de la CFI respalda a Sino-Forest en tanto uno de los líderes del manejo forestal sustentable en China".

Cuando la CFI acordó otorgar un préstamo a Stora Enso, el director de Stora Enso Asia Pacífico, Markku Pentikäinen, dijo: "Nos complace ver que inversores como la CFI aprecian nuestro enfoque de sustentabilidad tanto en las operaciones forestales como en la producción de papel. Gracias a que hace énfasis en la inversión socialmente responsable, la CFI es un buen ejemplo para otros inversores en la región".

Aunque la CFI tiene una serie de políticas que deberían significar que los proyectos se miden según normas ambientales y sociales, la realidad es que la CFI prefiere hacer negocios antes que respetar las normas.

En noviembre de 2004, la CFI aprobó un préstamo de US$ 50 millones a la gigante brasileña de la celulosa Aracruz, para financiar la expansión de las operaciones de esta empresa en celulosa y plantaciones. La CFI otorgó el préstamo a pesar de los continuados litigios territoriales iniciados contra la empresa.

En abril de 2005, representantes de 64 ONG escribieron al entonces presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, para exigir que la CFI cancelara su préstamo a Aracruz. En su respuesta, Atul Mehta, director del Departamento para América Latina y el Caribe de la CFI, desestimó las continuadas reclamaciones territoriales a la empresa y declaró que "durante la evaluación de la CFI se hizo una revisión completa de las cuestiones de litigios territoriales".

Una semana después de que Mehta enviara su carta, unos 500 indígenas Tupinikim y Guaraní cortaron miles de eucaliptos para demarcar 11.008 hectáreas de su tierra, tierra que Aracruz había cubierto de plantaciones de eucaliptos. "Con este acto", escribieron los Tupinikim y Guaraní al ministro de Justicia de Brasil, "queremos expresar a Ud. y a la entera nación brasileña que la tierra pertenece a las naciones Tupinikim y Guaraní y debe ser restituida para que podamos construir nuestro propio futuro y garantizar nuestra libertad y autonomía y el futuro de nuestros hijos y nietos". Con su apoyo a Aracruz y al sector de la pulpa y el papel en general, la CFI deja en claro de qué se trata su negocio: otorgar dinero público para el lucro privado.

Por Chris Lang, correo-e: chrislang@t-online.de - El papel destructivo de las agencias de crédito a la exportación

La globalización, un proceso liderado por corporaciones a lo largo del mundo, ha tenido inmensos impactos sociales y ambientales negativos, particularmente en el Tercer Mundo. Aunque las enormes fuerzas comerciales detrás de la globalización han intentado hacer que la gente piense que se trata de algún tipo de fuerza incontrolable de la naturaleza, y que el famoso libre mercado gobierna el mundo por derecho propio, cada vez hay una mayor conciencia de que gran parte de esa devastación es financiada y apoyada por el dinero de los contribuyentes, a través de las agencias nacionales de crédito a la exportación, comúnmente conocidas por sus siglas en inglés como ECAs (Export Credit Agencies).

Las ECAs son agencias públicas del norte y constituyen la mayor fuente de financiamiento gubernamental - es decir, de los contribuyentes- para proyectos en el sur y en Oriente. A través del otorgamiento de préstamos, garantías, créditos y seguros, las ECAs permiten que compañías privadas de sus países de origen hagan negocios en el exterior.

Durante la década de 1990, el financiamiento de las ECAs promediaba entre US$ 80 y US$ 100 mil millones o más por año, aproximadamente el doble del total oficial de la asistencia al desarrollo. En todo el mundo, las ECAs sostienen actualmente actividades de comercio e inversiones por un monto estimado en US$ 432 mil millones, casi el 10 por ciento de las exportaciones mundiales. El sistema se basa en un acuerdo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tienen todos al menos una ECA, que es en general, una división oficial o cuasi-oficial del gobierno.

Actualmente, las ECAs están colectivamente entre las mayores fuentes de financiamiento público para la participación corporativa extranjera en proyectos industriales en los países del sur. Se estima que en los últimos años han brindado apoyo financiero de entre US$50 y US$70 mil millones por año en lo que se da en llamar "transacciones a mediano y largo plazo", una gran parte de las cuales son grandes proyectos industriales y de infraestructura en esos países.

Cuando un negocio se frustra, la garantía de la ECA cubre las pérdidas de la compañía privada, pero luego añade esa suma a la deuda bilateral entre el país de origen y el país receptor. Como resultado, las ECAs son actualmente responsables de hasta un 25 por ciento del total de la deuda pendiente del sur.

El tipo de proyectos que a menudo apoyan las ECAs son proyectos que incluso el Grupo del Banco Mundial y otros bancos multilaterales encuentran potencialmente perjudiciales de apoyar. Por este motivo, las ECAs tienen un papel muy importante en la expansión de proyectos rentables de (anti)desarrollo de globalización corporativa.

Compiten en una carrera en la oferta de créditos con las restricciones ambientales menos estrictas posibles y a raíz de esa carrera hacia abajo, los proyectos que respaldan a menudo saquean el medio ambiente y distorsionan las vidas de las comunidades locales debido a sus impactos ambientales, políticos, sociales y culturales. Por ejemplo, las ECAs financian plantas de energía que emiten gases de efecto invernadero, grandes represas, proyectos de minería, construcción de carreteras en bosques tropicales prístinos, oleoductos, planes de plantación y explotación forestal, por nombrar algunos.

Sólo recientemente la mayoría de las ECAs adoptaron políticas ambientales comparables a las del Grupo Banco Mundial y las de los bancos regionales de desarrollo (como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo). Estas políticas fueron el resultado de un acuerdo sobre una serie de recomendaciones, denominadas los "Enfoques Comunes", adoptadas en diciembre de 2003 en el Grupo de Créditos a las Exportaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, Francia.

Las políticas ambientales del los bancos regionales de desarrollo han sido criticadas por sus debilidades, al tiempo que el Grupo del Banco Mundial parece determinado a debilitar sus propias políticas también. Por lo tanto, las débiles normas de las ECAs se basan en los débiles parámetros de los bancos regionales o del Banco Mundial, con muy poco que poder mostrar en materia de liderazgo mundial. Mientras tanto, el acuerdo de los Enfoques Comunes está lleno de vías de escape. Por ejemplo, establece que los proyectos apoyados por las ECAs deben cumplir "en todos los casos" con las normas del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y del país receptor, a menos que una ECA "encuentre necesario" aplicar ...¡normas inferiores!.

Otra característica de las ECAs es la total falta de transparencia ya que los impactos de sus proyectos no se dan a conocer a la opinión pública. Los Enfoques Comunes no exigen que las ECAs consulten a las comunidades y la sociedad civil afectada por los proyectos que financian. Según Transparencia Internacional, "sobornar a funcionarios extranjeros a fin de asegurar contratos en el exterior para sus exportaciones se ha convertido en una práctica habitual en los países industriales, particularmente en ciertos sectores como el de la exportación de equipos militares y el de obras públicas. Normalmente estos contratos son garantizados por planes de Seguros de Créditos a la Exportación (ECI por sus siglas en inglés) de carácter público o apoyados por los gobiernos (HERMES en Alemania, COFACE en Francia, DUCROIRE en Bélgica, ECGD en el Reino Unido)."

Gracias al apoyo de las ECAs, los bancos comerciales privados pueden eludir gran parte de sus responsabilidades. Como lo describiera un ejecutivo del Midland Bank a cargo de los negocios de armamento, "...antes de que adelantemos dinero a una compañía, siempre insistimos en que los fondos estén cubiertos por el Departamento de Garantía al Crédito a la Exportación (Export Credit Guarantee Department)[del Reino Unido] ... No podemos perder. A los 90 días, si los iraquíes no pagaron a la compañía, paga el gobierno británico en su lugar. De cualquiera de las dos formas, recuperamos nuestro préstamo, más el interés por supuesto. Es hermoso." (Killing Secrets: ECGD, The Export Credit Guarantee Department, Killing Secrets, 1998.) Un ejemplo de los proyectos perjudiciales apoyados por las ECAs es la inversión en la industria de la pulpa y el papel de Indonesia, que está entre las diez más grandes del mundo. Esto ha sido posible gracias a la inversión internacional de más de US$15 mil millones durante la década de 1990.

Los dos mayores productores de pulpa de Indonesia --Asia Pulp and Paper (APP) y Asia Pacific Resources International, Ltd (APRIL)-- multiplicaron por nueve su producción entre 1988 y 1999, lo que implicó un gran aumento en el consumo anual de madera para pulpa de papel que pasó de 1,8 millones de m3 a 16,7 millones de m3. Para satisfacer la demanda de fibra para la industria de la pulpa, el gobierno indonés promueve el establecimiento de plantaciones de árboles, a pesar de los problemas sociales y ambientales que generan. Aún así, el desarrollo de las plantaciones ha ido a la zaga del aumento en la capacidad de procesamiento de la industria y los productores de pulpa pasaron a depender de una mezcla de maderas duras tropicales. Un estudio del Banco Mundial calcula que la deforestación en Indonesia avanza a un ritmo de 2 millones há/año, lo que equivale aproximadamente a la superficie del territorio de Bélgica.

Otro ejemplo de la participación de las ECAs en proyectos ambientalmente destructivos es el gasoducto de gas natural Bolivia - Brasil, con un costo total de US$2 mil millones. La construcción del gasoducto requirió la tala del bosque, y se extiende sobre unos 3.150 kilómetros, desde Santa Cruz, Bolivia hasta Mato Grosso do Sul en Brasil. Atraviesa varios ecosistemas importantes: el Gran Chaco, un área protegida de bosque tropical seco primario en Bolivia; el Pantanal, el humedal más grande del mundo; y lo que queda del bosque tropical denominado Mata Atlántica en el sudeste de Brasil. El proyecto, con sus problemas sociales concomitantes, también tiene impactos importantes sobre las comunidades locales en Brasil y Bolivia. En Bolivia el gasoducto atravesó un número de comunidades indígenas y un área protegida gestionada por una organización indígena. En Brasil, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia - Brasil (TBG) cuyos inversores incluyen a Petrobras, Transredes, Enron y Shell, es la empresa propietaria del gasoducto; Gas Transboliviano S.A., un consorcio que comprende a Transredes, Nerón, Shell y Petrobras es la compañía dueña de la porción boliviana del gasoducto.

En 1997, el Banco Mundial se convirtió en la primera agencia multilateral en financiar el gasoducto. Otros bancos multilaterales involucrados son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones (EIB). Las agencias de créditos a la exportación involucradas incluyen la agencia japonesa Japan Bank for International Cooperation (JBIC), y la agencia italiana de créditos de exportación SACE, que conjuntamente aportaron la suma de US$346 millones.

Un segundo gasoducto de 630 kilómetros comienza en Ipiás, Bolivia, donde se bifurca del gasoducto principal Bolivia - Brasil y corre en sentido noreste hacia San Matías y de allí hacia Cuiaba, Brasil. Este gasoducto atraviesa unos 200 kilómetros del bosque tropical primario Chiquitano, 100 kilómetros de humedales prístinos del Pantanal y divide en dos el Área Natural de Manejo Integrado San Matías en Bolivia, la única área protegida para el mayor bosque seco tropical del mundo y las cabeceras del Pantanal. Este proyecto es financiado por Gas Oriente Boliviano (GOB), un consorcio formado por Enron, Shell, y Transredes. En 1999, Enron obtuvo financiamiento por US$ 200 millones del gobierno estadounidense a través de una de sus agencias de créditos de exportación: la agencia Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

El financiamiento fue aprobado a pesar de la Ley de Asistencia Exterior que prohíbe financiar proyectos en "bosques tropicales primarios". La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto al igual que científicos independientes califican a esta región como "bosques tropicales primarios". Utilizando la degradación previa para justificar una mayor degradación, Enron, el principal patrocinador del proyecto, sostuvo que se trataba de un bosque "secundario" debido a las actividades esporádicas de tala en algunas partes.

Como forma de cortar sus pérdidas en la quiebra de Enron, OPIC se retiró en febrero 2002. De todas formas, los impactos locales sobre la región de bosques de Chiquitano y la población local han sido importantes: contaminación de los recursos hídricos locales, degradación de los caminos locales, contaminación de la tierra y el aire, aumento de la criminalidad, la prostitución y la perturbación de los poblados y ciudades locales debido a los campamentos de trabajadores.

Mientras las ECAs cumplen su papel, hay cada vez más conciencia de que están muy lejos de ser vehículos potenciales del desarrollo y, que por el contrario, encarnan una forma de globalización corrupta, turbia y ambiental y socialmente destructiva. Los procesos sociales en varios países del sur se oponen a estas agencias en búsqueda de otros mundos posibles, libres de la dependencia y la alienación de comercial. Artículo basado en información obtenida de: The Shadowy World of Export Credits", Tove Selin, Aaron Goldzimer, y Roy Jones, Asian Labour Update, aquí; "Financial power + ECA: themes and alternatives", James Goodman, AID/WATCH and the Minerals Policy Institute, aquí; "What are ECA?", ECAWatch, aquí; "Export credits: Fuelling illegal logging", Chantal Marijnissen, FERN, aquí

* LOS ACTORES REGIONALES

- Secretos y mentiras: la nueva política forestal del Banco Asiático de Desarrollo

Fundado en 1966, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) declara "dedicarse a reducir la pobreza en Asia y el Pacífico". Los préstamos que el Banco otorga al sector forestal indican que en realidad el Banco se centra en la promoción de la industria y las empresas más que en resolver las necesidades de los pobres de la región.

El primer préstamo del BAsD al sector forestal ocurrió en 1977, y a partir de entonces el Banco ha otorgado más de mil millones de dólares en préstamos para proyectos forestales. Más del 80% de este total se invirtió en establecer más de un millón de hectáreas de plantaciones forestales, tres cuartos de las cuales son plantaciones comerciales. Éstas brindan pocos beneficios a los pobres, si es que brindan alguno.

Durante los pasados dos años el Banco Asiático de Desarrollo ha mantenido discusiones secretas sobre su nueva propuesta de política forestal. El público no tiene acceso a ningún detalle relativo a las discusiones del Banco. El borrador más reciente de la política forestal propuesta disponible para el público data de junio de 2003. El Directorio del Banco rechazó esta versión en julio de 2003.

En noviembre de 2004, veinticuatro ONGs de dieciséis países escribieron al entonces presidente del BAsD, Tadao Chino, señalando los defectos del proceso de revisión de la política forestal del Banco. En respuesta, Robert Dobias, director de la División de Agricultura, Recursos Naturales y Sector Social del BAsD, explicó que el Banco había revisado el borrador de junio de 2003 para "incorporar los comentarios recibidos de parte de analistas internos y externos". En algún momento después de esto, añadió, "se plantearon cuestiones fundamentales relativas al apoyo que el BAsD brinda al sector forestal".

Dobias no dijo cuáles fueron las "cuestiones fundamentales" ni quién las planteó. "Actualmente estamos en un proceso de discusión interna de estas inquietudes", escribió. "Por favor tengan la certeza", añadió Dobias al final de su carta, "de que las conclusiones de nuestras deliberaciones internas se harán públicas y se invitará a presentar comentarios".

En enero de 2004 Grant Curtis, un "especialista en ONGs" del Departamento de Desarrollo Regional y Sustentable del BAsD, me dijo, en respuesta a mis preguntas, que "el BAsD piensa poner la versión final del documento de política a disposición del público antes de someterlo a consideración del Directorio".

La información sobre la próxima reunión del Directorio del BAsD es secreta. Sin embargo, se filtró un memorando interno del Banco, de fecha 7 de abril de 2005, donde se menciona un documento R de Política Forestal (la R significa "restringido") para ser discutido y posiblemente aprobado por el Directorio del BAsD el 5 de julio de 2005. La fecha de reunión del Directorio puede cambiar. Sin embargo, el memorando filtrado confirma que el BAsD ha producido otra versión de su política forestal. Contrariamente a las afirmaciones de Dobias y Curtis, no está a disposición del público.

El BAsD comenzó la revisión de su Política Forestal de 1995 en junio de 2000. Se previó que la nueva política forestal se completara para fines de 2002. Para ese momento, según Jan van Heeswijk, entonces director general del Departamento de Desarrollo Regional y Sustentable del BAsD, "los estudios y el borrador de una política estaban listos". Tras seis meses de "revisión interna y afinación del documento", el BAsD produjo el borrador de junio de 2003 de su propuesta en materia de política forestal.

Durante un tiempo el Banco solicitó comentarios a su borrador a través de su sitio web, sin mencionar que en julio de 2003 su propio Directorio lo había rechazado. Luego el BAsD dejó de solicitar comentarios y prometió que en julio de 2004 publicaría un borrador revisado.

En setiembre de 2004 el borrador revisado todavía no había aparecido (y el sitio web del Banco seguía prometiendo que el borrador se publicaría dos meses atrás, en julio de 2004). Escribí entonces a Javed Mir, jerarca del Banco especializado en recursos naturales (forestales) y director de misión para la nueva política forestal, para preguntarle, entre otras cosas, para cuándo podríamos esperar la publicación del próximo borrador. Mir no respondió.

Más tarde, el 27 de octubre de 2004, el Banco publicó la siguiente explicación en su sitio web: "Luego de haber celebrado consultas internas y externas, durante la segunda mitad de 2003 se preparó y discutió un borrador de documento de trabajo (documento W). Se esperaba la publicación de un borrador revisado del documento en este sitio para hacer posibles los comentarios del público. Sin embargo, discusiones internas recientes (agosto de 2004) han planteado cuestiones fundamentales relativas al apoyo al sector forestal de parte del Banco. Que el borrador de la política continúe progresando dependerá de los resultados de dichas discusiones, que siguen en curso".

En marzo de 2005 volví a escribirle a Javed Mir. Le pregunté por qué el Banco no había publicado el documento de trabajo para la segunda mitad de 2003 y quién, exactamente, había discutido el documento. Le pregunté si había notas disponibles en relación con estas discusiones. Le pregunté qué había ocurrido entre la segunda mitad de 2003 y agosto de 2004. Le pregunté cuáles "cuestiones fundamentales" se plantearon y quién las había planteado. Le pregunté para cuándo anticipaba el Banco la publicación del siguiente borrador de su política forestal propuesta. Una vez más, Mir no respondió mis preguntas.

Luego de recibir el memorando filtrado del BAsD que declara que el Directorio discutirá la política forestal en julio le escribí a Rolf Eckermann, director ejecutivo del BAsD para Alemania. Le pregunté sobre la situación actual de la nueva propuesta de política forestal del Banco y para cuándo esperaba el Banco elaborar la nueva política. Le pregunté qué documentos había producido el Banco a partir de julio de 2003. También pedí a Eckermann que garantizara que Javed Mir o alguna otra persona del Banco respondiera mis cartas de setiembre de 2004 y marzo de 2005. Eckermann no respondió.

El Banco proclama que la política forestal que propone se basa en un "proceso participativo de revisión", y esto es totalmente falso. El proceso del BAsD expone al Banco como lo que realmente es: una institución secreta, deshonesta y no democrática.

Por Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de - El Banco Interamericano de Desarrollo, los bosques y las plantaciones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no tiene una política ni una estrategia sectorial específica en materia de bosques, dado que afirma que ha abarcado el asunto de los bosques en otros documentos de política y estrategia, entre ellos los documentos sobre reducción de la pobreza rural, finanzas rurales, agricultura, recursos hídricos, recursos costeros y energía. El proyecto actual de la Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias del BID también menciona el tema de la protección de los hábitats naturales.

En junio de 2005, el BID dio a conocer un Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF) que evalúa a los países en base a su situación para recibir inversiones en el sector forestal. El índice evalúa a los países latinoamericanos y del Caribe sobre la base de 80 indicadores, incluidas medidas económicas nacionales, riesgo político, reglamentaciones nacionales y el estado de derecho. Utilizando datos de 2002, el índice identificó que Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica ofrecen el mejor "clima de negocios para la inversión" forestal. También identificó a Haití, Ecuador, Guatemala, Belice, y Paraguay como los países que plantean más dificultades al referido sector.

Antes de crear el índice, el BID contrató la realización de tres estudios sobre las acciones del Banco en el sector forestal y de bosques entre 1999 y 2002. El informe más reciente, "Financiamiento Forestal en América Latina: el rol del Banco Interamericano de Desarrollo", brinda recomendaciones para el otorgamiento de préstamos relacionados con los bosques y ofrece el apoyo por parte del BID al desarrollo institucional y de las políticas.

El informe afirma que el potencial de financiamiento para el sector forestal en América Latina y el Caribe se estima en US$ 6,8 mil millones al año durante los próximos 10 años, más de dos tercios de los cuales corresponden a plantaciones industriales. Esto obviamente quiere decir que los países identificados como aquellos que ofrecen mejor "clima de negocios para la inversión" forestal se verán más afectados por las plantaciones industriales de monocultivos de árboles financiadas por el BID, que ya han demostrado tener efectos sociales y ambientales negativos en los cinco países mencionados.

La inversión del BID en el sector forestal se redujo durante la década de 1990 de US$ 100 millones a US$ 40-20 millones. Sin embargo, el informe anima al BID a incrementar el financiamiento en el sector para aprovechar las "oportunidades inversión" en lo que llama el "manejo sostenible de los bosques".

El informe analiza una gran variedad de fuentes e instrumentos de financiamiento que podrían hacer más viables las inversiones privadas en el manejo de bosques. Continúa diciendo que los préstamos del BID al sector público seguirán siendo importantes para promover el manejo ecológico y social de los bosques y que también pueden utilizarse para crear las condiciones que permitan su explotación industrial.

El BID promoverá además la utilización de "instrumentos comerciales para el desarrollo, como las compensaciones de carbono, el cobro de derechos por el uso de agua y los fondos de riesgo" para promover "actividades de manejo sostenible de los bosques". El manejo sostenible incluiría un cambio hacia el manejo "sostenible" de las plantaciones, lo que significa que "se deberá requerir el cumplimiento estricto de las precauciones ambientales y se deberá prestar la debida consideración a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y otros temas sociales". Brasil, Chile y Uruguay son presentados como casos exitosos importantes en el manejo de plantaciones en América Latina.

A pesar de lo que dice el informe, el hecho es que en ninguno de esos países se puede definir a las plantaciones como "casos exitosos" para las personas o el medio ambiente. A menos que, por supuesto, la pérdida de medios de sustento, las violaciones de los derechos humanos, la usurpación de tierras de los pueblos indígenas y las comunidades de los bosques, la concentración de la tierra en manos de empresas, el agotamiento del agua, la erosión del suelo y la pérdida de la biodiversidad se consideren logros "exitosos". El otorgamiento de préstamos del BID al sector de las plantaciones sólo contribuiría a exacerbar esos impactos.

Varios documentos del BID sobre estrategias y políticas abordan el tema de los bosques en una variedad de formas, pero no llegan a constituir una estrategia integral en materia de bosques. La Estrategia Ambiental reconoce que los bosques son "frágiles y en la mayoría de los casos están en un estado de deterioro", pero no propone medidas específicas para detener la deforestación. La Estrategia de Reducción de la Pobreza Rural establece que uno de los factores clave de las nuevas estrategias rurales es "romper el círculo vicioso de la deforestación, la degradación de los recursos hídricos y del suelo y el crecimiento de la pobreza rural". La instrumentación de esta estrategia debería llevar a que el Banco deje de financiar plantaciones industriales (ya que éstas tienen como resultado precisamente los impactos mencionados) pero obviamente no es lo que ocurre.

La Estrategia para el Desarrollo Agrícola incluye la producción forestal en el sector agrícola y afirma que los nuevos acuerdos comerciales presentan nuevas oportunidades de incrementar el comercio de productos forestales. La estrategia exhorta nuevamente a realizar un manejo sostenible de los productos forestales, utilizar de manera sostenible los recursos naturales y aplicar prácticas de reforestación en las cuencas altas. Esto plantea la pregunta: ¿qué se entiende por "prácticas de reforestación"? ¿El establecimiento de plantaciones industriales o la replantación de especies autóctonas diversas?

El BID ha tenido la misma Política Ambiental de una página y media desde 1979, y finalmente la revisará este año. El proceso de revisión surgió después de la decisión del Banco de financiar el muy polémico proyecto del gasoducto de gas natural de Camisea en Perú. El gas se extrae de depósitos ubicados en una de las áreas de mayor diversidad cultural y biológica del bosque tropical amazónico, se transporta hasta la costa al otro lado de la cordillera de los Andes, donde se procesa en una planta en la bahía de Paracas, en una zona adyacente a un sitio Ramsar de Naciones Unidas, y luego se exporta.

La zona de concesión de Camisea en la Amazonía y la planta de fraccionamiento de gas en la costa fueron algunos de los puntos más controvertidos del proyecto. El setenta y cuatro por ciento de la zona de concesión se encuentra en la Reserva territorial Nahua - Kugapakori de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, algunos de los cuales evitan celosamente el contacto con intrusos. La planta de fraccionamiento de la bahía de Paracas plantea una amenaza directa a la única área marina protegida de Perú. Los debates que se suscitaron por la construcción en estas zonas parecen haber servido como incentivo tanto para que el BID cambie su Política Ambiental como para que además elabore una Política de Pueblos Indígenas, pero no para que revise el otorgamiento de préstamos a Camisea. Si bien los procesos de consulta de ambas políticas han terminado, ninguna de las dos ha sido aprobada todavía.

El borrador de consulta de la nueva Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias contiene una directiva que protege las "áreas de conservación críticas", que es paralela en líneas generales a la política del Banco Mundial que protege los hábitats naturales críticos. Sin embargo, la versión borrador de la política de hábitats naturales del BID es significativamente más débil que la del Banco Mundial y protegería menos áreas. Durante las consultas sobre la política, las ONG instaron al BID a que reforzara la redacción de esta directiva, pero sigue sin quedar claro cómo incorporará el BID este aporte en la versión final.

En general, el BID parece considerar la promoción de los "negocios forestales" como un requisito previo esencial para el manejo sostenible de los recursos forestales y en consecuencia promueve las plantaciones y otras inversiones en el sector como una manera de promover la "sostenibilidad". Lamentablemente, lo que el BID entiende por sostenibilidad no necesariamente coincide con el significado que tiene para nosotros ese término.

Por Elizabeth Bast, Amigos de la Tierra-Estados Unidos, correo electrónico: ebast@foe.org, www.foe.org - El Banco Europeo de Inversiones: envuelto en secretos Las deliberaciones financieras generalmente tienen lugar entre actores dudosos desde oscuros escondrijos del escenario político. Así se maneja el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que recién en los últimos tiempos ha comenzado a estar en el centro de la atención pública. Ya es hora de revelar los sucios secretos de la institución bancaria de la Unión Europea.

Fundado en 1958 para respaldar la integración dentro de Europa, el BEI nunca se sometió al escrutinio de la opinión pública. Esto es bastante increíble si se examinan las cifras. El BEI tiene actualmente un presupuesto anual mayor que el del Banco Mundial: alrededor de 4 mil millones de euros. Tiene un historial de financiamiento de obras de infraestructura a gran escala dentro de la Unión Europea, incluidos numerosos aeropuertos polémicos y la serie de autopistas destructivas conocida como las Redes Transeuropeas. Su gigantesca cartera de préstamos le da gran influencia sobre el desarrollo de los países receptores. Muchos de sus préstamos están destinados a riesgosos proyectos de infraestructura, así como a actividades petroleras, de extracción de gas, de minería y grandes represas hidroeléctricas. A diferencia de otras instituciones financieras, el BEI nunca se molestó en adoptar salvaguardias para asegurar que sus proyectos protegieran a las personas y el medio ambiente.

Mientras que el Banco Mundial y otros bancos están reconociendo la necesidad de fijar normas sociales y ambientales, el BEI guarda silencio. Si bien está obligado a cumplir la legislación de la Unión Europea en sus actividades, hay pocas pruebas de que lo haga. La situación jurídica del BEI y sus obligaciones con respecto a la UE nunca han sido aclaradas en forma apropiada. Hay confusión acerca de los procedimientos exactos para hacer que el BEI asuma su responsabilidad en virtud de la legislación de la UE y exigirle que rinda cuentas por la infracción de leyes, políticas y reglamentaciones ambientales y sociales pertinentes. Tanto el Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) como el Parlamento Europeo (2002) han subrayado la necesidad de que el BEI integre las prioridades generales de la Unión Europea en sus actividades.

Pero en la práctica la evaluación de proyectos del BEI se realiza en base a consideraciones económicas, financieras y técnicas, sin centrarse en el desarrollo sustentable. Mientras afirma que respalda la política de cambio climático de la UE, el BEI sigue financiando proyectos que involucran la utilización de combustible fósil a gran escala. Ha comenzado a otorgar préstamos polémicos para la captura de gases de efecto invernadero a través del llamado "desarrollo forestal sostenible", y participa en la aplicación de los controvertidos "mecanismos flexibles" del Protocolo de Kioto. "El BEI considera que los mecanismos flexibles con asiento en el mercado son fundamentales para los esfuerzos de lograr una mitigación del cambio climático oportuna y eficaz en cuanto a costes", declaró el Vicepresidente del BEI, Peter Sedgwick, en diciembre de 2004.

Actualmente el Banco Europeo de Inversiones dirige cada vez más sus proyectos de inversión hacia los países del sur. Pero no queda claro si cuenta con el mandato necesario para hacerlo.

La mayor parte de los préstamos del BEI fuera de la UE están dirigidos a países de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP). El 2 de junio de 2003, el BEI inició un fondo de inversiones que se conoce como la Facilidad de Inversiones del Acuerdo de Cotonou para los países ACP, que canaliza dinero hacia el sector privado. Entre 2003 y 2008, la región de los países ACP recibirá unos 2.200 millones de euros provenientes de este fondo, además de 1.700 millones de euros de recursos propios del BEI. Pero no hay señales de que el BEI preste alguna consideración sustancial al objetivo fundamental del Acuerdo de Cotonou, que es el de erradicar la pobreza en los países ACP. Al mismo tiempo, el BEI tampoco tiene una estrategia de desarrollo propia.

El BEI es más explícito sobre sus razones para las líneas de financiamiento en América Latina. Un memorando de diciembre de 2004 para el Banco Interamericano de Desarrollo declara que "La actividad de préstamos en América Latina tiene un objetivo de acción claro, principalmente en apoyar la Inversión Extranjera Directa europea". El BEI es claro acerca de sus ambiciones y afirma que el "alcance político" del Banco Interamericano de Desarrollo hace muy atractiva la cooperación. Actualmente el BEI se ha comprometido a invertir 2.480 millones de Euros en la región de Asia y América Latina. Ambos bancos aspiran a trabajar juntos para implementar la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), un programa regional de alto riesgo para la integración de la infraestructura regional. Los proyectos del IIRSA seguramente pondrán en peligro algunas de las culturas y de los ecosistemas más delicados de la región. Malas noticias, si tenemos en cuenta la falta de todo tipo de garantías en cuanto a que estos proyectos sean adecuados o sustentables. Pero peor aún, el informe continúa diciendo que la preparación de proyectos será delegada generalmente a los patrocinadores. Esto significa que las dos instituciones financieras se eximen de asumir cualquier responsabilidad ambiental y social.

Por citar tan solo algunos de los proyectos del BEI que han causado graves impactos en las comunidades y bosques del mundo en la década pasada: el Gasoducto Brasil- Bolivia de Shell (55 millones en 1998), el Oleoducto Chad-Camerún de Exxon (134 millones en 2001), las plantaciones de eucaliptos y fábrica de celulosa de Veracel, en Brasil (98 millones en 2003) y la Represa Nam Theun II en Laos (40 millones en 2004). Entre los principales problemas identificados en las actividades del Banco Europeo de Inversiones se incluyen:

- Su confusa condición simultánea de institución de la UE y entidad independiente;- Un mandato poco claro de realizar actividades en los países del sur ;- Siempre hay un velo de secreto en torno a sus actividades;- Ausencia de directrices ambientales y sociales claras;- Omite consultar a las comunidades afectadas;- Personal escaso y dirigido en forma inadecuada;- No concede préstamos proactivos de protección ambiental;- Falta de implementación de objetivos ambientales.

A medida que el Banco Europeo de Inversiones comienza a actuar en todo el mundo, también nosotros lo hacemos. La sociedad civil presentó recientemente un sitio web donde se puede efectuar el seguimiento de todos los proyectos financiados por el BEI en los últimos diez años. Con el "No" a la Constitución Europea, surge ahora un espacio renovado para la protesta civil en el escenario político europeo. Y podemos utilizarlo para denunciar públicamente los secretos de las actividades financieras europeas en todo el mundo. Debemos organizarnos, movilizarnos y plantear propuestas en nombre de nuestros bosques, nuestra dignidad y nuestras vidas. L@s inivitamos a visitar el sitio e informarse.

Por Janneke Bruil, Amigos de la Tierra Internacional, correo electrónico: janneke@foei.org. Por mayor información: aquí, aquí, aquí

* IMPACTOS A NIVEL LOCAL

- El FMI y la deforestación en Indonesia

Debido a la prolongada crisis económica y la devaluación de la rupia indonesa a comienzos de 1997, el país se vio forzado a buscar la asistencia del FMI. A fines de octubre se acordó el primer paquete de asistencia. Los US$ 43 mil millones del paquete del rescate financiero incluían algunos ajustes o reformas estructurales estipuladas en la Carta de Intención, a los que se obligaba el gobierno de Indonesia. El entonces Presidente Suharto firmó la primera carta de intención con el FMI en octubre de 1997, que planteaba fundamentalmente reformas en el sector financiero, pero no incluía ninguna referencia al sector de bosques ni al medio ambiente.

A comienzos de enero de 1998, el gobierno indonés no había logrado implementar los compromisos de la primera carta de intención y el país se hundía en una crisis económica aún más aguda. A pesar de no haber cumplido con los compromisos de la primera carta, se negoció una segunda carta de intención que se firmó el 15 de enero de 1998. El FMI anunció que esta segunda carta de intención aceleraría y ampliaría los compromisos de reforma ya asumidos.

El primer conjunto importante de reformas que afectó los bosques fue parte de las condiciones de la carta de intención firmada por el gobierno indonés con el FMI en enero de 1998 -donde se establecían las condiciones que debía aceptar Indonesia para asegurarse US$1 mil millones como parte de un paquete de rescate de US$43 mil millones. Un agregado impactante, ausente en la primera carta firmada por Indonesia, fueron las disposiciones relativas a los bosques (6 puntos) y al medio ambiente (4 puntos). Estos puntos incluyen importantes compromisos de "reducir los impuestos a la exportación de rollizos (madera sin procesar), madera aserrada y caña, e imponer impuestos adecuados a la renta de los recursos" (punto 37) y "eliminar las restricciones a la inversión extranjera en las plantaciones de palma aceitera" (punto 39).

Irónicamente, mientras las cartas de intención exigían mayor transparencia y consulta con la sociedad civil, el proceso de redacción de los acuerdos mismos fue en realidad todo menos transparente. Los contenidos de las cartas de intención todavía no se hacen públicos antes de que éstas se firmen. No existe ninguna participación importante de las ONG, ni en particular de las personas mas afectadas por las condiciones que establecen las cartas.

A través de los paquetes de las cartas de intención del FMI, el Banco Mundial ha llevado al gobierno indonés a implementar las recetas del FMI de sus préstamos de ajuste estructural. Las cartas de intención se transformaron en la "santa biblia" que guía la economía del país y las políticas de manejo de recursos.

En 2002, WALHI/AT Indonesia encargó un estudio independiente para evaluar el impacto de la implementación de las Cartas de intención sobre los bosques y el medio ambiente. El estudio fue conducido por un equipo liderado por un eminente experto en economía de bosques del Instituto de Agricultura de Bogor. Según las conclusiones de estudio, el presupuesto estatal de gastos públicos en el manejo ambiental disminuyó y la liberalización del comercio y la economía determinó el aumento de la explotación de los recursos naturales. Algunas conclusiones del estudio se resumen más adelante.

La liberalización de las exportaciones de rollizos (punto 37, carta de intención de 1998) estableció incentivos financieros para la exportación de madera. Aunque la reducción de los impuestos a la exportación de madera puede haber mejorado el precio de la madera subvaluada en Indonesia, lo que podría implicar la mejora de la eficiencia en la extracción de la materia prima y servir de incentivo a los esfuerzos de conservación, esta política ha sido por el contrario catastrófica.

A la vez que se alentó la exportación de rollizos aumentó el déficit en la oferta de madera para las industrias nacionales procesadoras de madera. Irónicamente, a pesar de la escasez de madera en el mercado local, la industria basada en la madera incluso aumentó su producción, en particular, de celulosa y papel. La madera utilizada por la industria provino entonces de fuentes ilegales no registradas. Más aún, en la medida que la oferta de madera de las concesiones madereras disminuyó, aumentó la demanda de madera proveniente de la conversión de bosques.

Básicamente la misma tendencia mostró la política de liberalización de inversiones en el sector de plantaciones de palma aceitera (punto 39). Esta política había sido controvertida desde sus inicios, ya que contravenía absolutamente el compromiso asumido con el Banco y el FMI de reducir la conversión de bosque en Indonesia. La eliminación de las restricciones a las inversiones extranjeras en aceite de palma significó un importante aliciente para la expansión de las plantaciones de palma aceitera a expensas de los bosques. Conjuntamente con la política previa del gobierno indonés, esta condición abrió las puertas a una mayor conversión de bosques. De acuerdo al estudio, el 80% de plantaciones de palma aceitera se estableció a partir de la conversión de bosques naturales.

Aunque las mejoras en algunos aspectos de gobernanza y transparencia (por ejemplo, la solicitud de reformas en las reglamentación de las concesiones, la introducción de normas de desempeño y el demantelamiento de los cárteles) podrían ser evidentemente beneficiosas para los bosques y las arcas del estado, otros objetivos planteados, como la reducción de impuestos a la exportación de madera, resultaron claramente negativos, contrapesando estos aspectos positivos. El compromiso de terminar con la conversión de los bosques, resultó totalmente inconsistente con la eliminación de las restricciones a la exportación de aceite de palma y a la inversión extranjera en el sector (una medida cuyo resultado probable era acelerar la conversión de bosques en plantaciones). Entre las medidas no se incluyó ninguna referida a las causas estructurales subyacentes de la deforestación y degradación de los bosques.

Desde el colapso económico de 1997, el Banco Mundial y el FMI han jugado un rol directo en la toma de decisiones que afectan a los bosques y los pueblos de los bosques, mientras presionan a Indonesia a mantenerse al día en el repago de la deuda. Estas instituciones deben aceptar su responsabilidad por la destrucción de los bosques y la marginalización de las comunidades que conlleva, y comenzar a priorizar las necesidades de los pobres por sobre los intereses de las finanzas internacionales.

Por Longgena Ginting, WALHI /Amigos de la Tierra Indonesia, correo electrónico: ginting@foei.org - Laos: ¿habrá alterado los números el Banco Mundial para justificar Nam Theun 2?

Cuando el 31 de marzo de este año el Banco Mundial aprobó el otorgamiento de US$ 270 millones en fondos y garantías para la controvertida represa hidroeléctrica de Nam Theun 2 (NT2), de mil megawatts de potencia, la mayoría del Directorio tenía la convicción de que los beneficios económicos del proyecto superaban sus consecuencias ambientales y sociales negativas.

El reservorio de la represa de Nam Theun 2 inundará una superficie de 450 kilómetros cuadrados, hogar de 6.000 indígenas y hábitat de especies amenazadas como el elefante asiático y el pato de alas blancas. El agua se transferirá del río Theun al río Xe Bang Fai. El curso alterado del Xe Bang Fai destruirá la pesca y el sustento de más de 120.000 personas que habitan a lo largo de este río.

Pero existen pruebas de que el personal del Banco alteró la valoración económica del proyecto; asimismo, los supuestos erróneos justifican algo más que el beneficio económico neto del proyecto. A lo largo de una nutrida correspondencia con el Banco, un equipo conformado por economistas universitarios tailandeses y un analista del sector de la energía que trabaja por el interés público se dieron cuenta de las suposiciones erróneas del Banco y de los impactos que éstas tendrían.

La evaluación del Banco Mundial concluye que "la decisión de comprar la energía producida por NT2 redundará en ahorros significativos para el sistema energético regional" y los ahorros netos que se lograrán con la construcción de NT2 a lo largo de su vida, en comparación con la producción de la misma cantidad de electricidad mediante gas natural, ascenderá a $188 millones. Cerca del 95% de la electricidad de NT2 se venderá a Tailandia.

El equipo investigó los supuestos sobre los que se calculó el ahorro de $ 188 millones declarado por el Banco, así como los cambios experimentados por dichos supuestos entre el borrador de la evaluación, de amplia circulación, y la versión final publicada apenas una semana antes de la reunión del Directorio. Un descubrimiento impactante es que en la versión final de la evaluación, el personal del Banco había inflado los costos estimados para "operaciones variables y mantenimiento" de la otra alternativa (el gas natural) en 1.240% con relación a la estimación del borrador. El cambio, de $ 0,564 a $ 7,000 por MWh, solamente se percibe al comparar las dos versiones de un cuadro (borrador y documento final) que figuran en la mitad del estudio, uno de ellos en letra tamaño 6 y el otro en letra tamaño 5.5.

La suma retocada es 1.310% mayor que la estimada por la autoridad tailandesa encargada de la electricidad de $ 0,5358 por MWh. Los costos estimados de las operaciones y el mantenimiento de la alternativa a la represa (el gas), se disparan a más del triple de los parámetros base tailandeses y a más del doble de los parámetros base internacionales más elevados que los investigadores pudieron encontrar.

Al hacer que la electricidad generada mediante gas natural parezca más cara, las alteraciones a las estimaciones de los costos de operaciones y mantenimiento en el caso del gas justifican US$ 156 millones del declarado ahorro de $ 188 millones que conllevaría la construcción de NT2. Un dato revelador es que esta cantidad corresponde más o menos a la necesaria para compensar el aumento de los costos y la baja de los beneficios que hubo que acomodar en la versión final, con inclusión de un aumento de US$ 101 millones en los costos de desarrollo del proyecto y la supresión de un crédito de $ 20 millones en emisiones de gases de efecto invernadero no concedido a NT2.

Los investigadores descubrieron que el análisis económico de NT2 realizado por el Banco también estaba plagado de muchas otras suposiciones incorrectas que ayudaron a dar una buena imagen de la represa.

En primer lugar, el análisis determinaba hasta qué punto NT2 reduciría realmente los beneficios económicos de la producción de electricidad de otra represa, Theun Hinboun, de donde NT2 desviará agua. Inexplicablemente, el Banco adjudicó a cada unidad de electricidad producida por Theun Hinboun solamente 1/3 del valor de cada unidad producida por NT2. Esto otorga a NT2 un atractivo de entre $ 51 y $ 63 millones que de otro modo no tendría.

En segundo lugar, el análisis del Banco no tuvo en cuenta las cuatro centrales de energía que generarían un total de 2.800 megawatts, que construirá la autoridad tailandesa responsable de la energía eléctrica. En caso de que la futura demanda de electricidad de Tailandia sea baja, la construcción de NT2 significará que estas centrales de energía permanezcan inactivas, acumulando gastos sin generar beneficios. La evaluación económica del Banco considera una situación en que la demanda de energía es baja, pero no toma en consideración estas centrales eléctricas. La inclusión de una sola de estas centrales de energía omitidas (pero no por ello menos reales) reduciría los ahorros totales de NT2 en otros US$ 20 millones.

En tercer lugar, el Banco no incorpora los resultados de un estudio que él mismo encargó, según los cuales sería más barato invertir en 1.225 megawatts de conservación de energía y 216 megawatts de energía renovable que construir NT2. Es difícil determinar con exactitud cuánto se inflan los "ahorros" atribuidos a NT2 con esta omisión, pues el cálculo exigiría pasar revista a todo el modelo económico y el Banco no ha puesto a disposición del público las hojas de cálculo ni la información económica pertinente.

Si sumamos el impacto de todos los errores antes analizados obtenemos un total de por lo menos US$ 227 millones, que sobrepasa por lejos los US$ 188 que supuestamente ahorraría el proyecto.

Además, el Banco declara reiteradamente algo que no es cierto: que su modelo de simulación económico consideró "solamente riesgos de pérdida" que "podían considerarse las pruebas más difíciles para la viabilidad del proyecto, por ejemplo condiciones de demanda menor que la esperada, combustibles más baratos que lo esperado y gastos de inversión más elevados que lo anticipado para NT2". De hecho, el Banco basó su evaluación del riesgo en la suposición de que los costos de construcción serían "bajos", con lo que la opción a favor de NT2 ofrece beneficios económicos inesperados. Si el análisis del Banco realmente utilizara las condiciones pretendidas, NT2 parecería $ 51 millones más caro.

Las irregularidades de la evaluación económica de NT2 deben investigarse en forma independiente, y el Banco Mundial debe reconsiderar su papel en el proyecto NT2. Todavía se está a tiempo de corregir los errores y evaluar el proyecto basándose en sus verdaderos méritos. La cancelación del proyecto sigue siendo probablemente una opción mejor que comprometer a los contribuyentes de Tailandia con una opción económicamente inferior. Los inversores también resultan afectados, pues muchas de las cifras falsas del Banco Mundial inflan muchísimo la valoración comercial del proyecto.

La evaluación económica discutida en este artículo es de Robert Vernstrom, Nam Theun 2 Hydro Power Project Regional Economic Least-Cost Analysis: Final Report, marzo de 2005 aquí.

El borrador del informe de la evaluación económica se encuentra aquí. Una versión de este artículo con referencias completas se encuentra aquí. Los cálculos de los investigadores relativos al impacto de las suposiciones erróneas del Banco están disponibles aquí. El archivo de la correspondencia con el director del Banco Mundial para Laos y Tailandia (con copia al Directorio del Banco) relativa a estos asuntos está disponible aquí.Por Christopher E. Greacen, Ph.D., director, Palang Thai, correo electrónico: chris@palangthai.org; y Decharut Sukkamnoed, profesor de Economía, Universidad de Kasetsart, correo electrónico: tonklagroup@yahoo.com

- Perú: el BID financia proyecto de gas de Camisea que amenaza la diversidad biológica y cultural de la selva

Camisea es el proyecto energético más grande de la historia peruana. Este proyecto involucra la extracción de gas natural de un área conocida como Lote 88, ubicado en ambas márgenes del río Camisea, una de las áreas más ricas en biodiversidad en el mundo. El costo de la construcción de todo el proyecto será de 1.600 millones de dólares lo que incluye la explotación, el procesamiento del gas y la construcción de dos gasoductos que pasarán por la cordillera de los Andes antes de llegar a la costa para su distribución.

El yacimiento contiene un estimado de 11 trillones de pies cúbicos de gas y 600 millones de barriles de condensado. La mitad de la producción será exportada a Estados Unidos para proveer a los mercados de energía de la costa oeste. El costo de esas exportaciones ya lo están pagando los pueblos indígenas, dado que cerca del 75% de los yacimientos de extracción de gas están localizados dentro de la reserva de pueblos indígenas, quienes ya han sido forzados a tener contacto con el consorcio Camisea, violándose así sus derechos reconocidos internacionalmente.

Asimismo, Camisea es el hogar de los Machiguengas, y de las comunidades nativas en aislamiento voluntario como los Nahua, los Yora o Kugapakori, y posiblemente de los Kirineri. Las comunidades de Camisea Shivankoreni, Segakiato y Cashiari tienen asentamientos cercanos a los pozos, con una población de alrededor de mil habitantes. Para sobrevivir, estas comunidades dependen de la agricultura, recolección, caza, pesca y extracción de los productos del bosque, actividades amenazadas por la expansión de los proyectos de extracción de gas.

Además, la planta de extracción de gas natural del Proyecto Camisea se encuentra en una región de abundante biodiversidad. Según el Smithsonian Institution, se han identificado 747 especies de árboles, 150 especies de mamíferos, 75 de anfibios, 83 de reptiles, 156 especies de peces, 420 de aves y cientos de especies de invertebrados. Una gran victoria de la campaña contra el proyecto Camisea fue lograr que el Export- Import Bank (la agencia oficial de los EE.UU. para el financiamiento de exportaciones ) negara préstamos vinculados al proyecto Camisea (Lote 88) en agosto del 2003. El directorio de este Banco tomó en cuenta los riesgos sociales y ambientales del proyecto que no pudieron ser minimizados por los proponentes de la inversión.

Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) igual decidió hacer un préstamo por 135 millones de dólares al proyecto. Poco lo importó el hecho de que la empresa no cumplía con estándares internacionales como evitar el contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Tampoco le pareció importante que la planta de fraccionamiento se ubicara en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, que es la única área marina costera protegida del país.

De esta forma, el BID desconoció su propio mandato, que dice que: "Los dos principales objetivos del Banco son reducir la pobreza y promover la equidad social, y lograr el crecimiento económico sostenible". En efecto, el proyecto ya está incrementando la pobreza, aumentando la inequidad social y haciendo imposible un desarrollo sostenible.

Un acuerdo entre la sociedad civil y el BID ha impulsado la puesta en marcha de un 'monitoreo independiente' del Proyecto del Gas de Camisea, el cual aun no garantiza que los impactos del proyecto sean revertidos pero con mayor información sobre estos. Entre los impactos sociales ya sufridos por las poblaciones del área de influencia del proyecto se pueden encontrar los siguientes: disminución de los recursos pesqueros, afectando la alimentación de las familias; debido a la contaminación del agua con aceites, grasas, detergentes y residuos inadecuadamente manejados, se ha deteriorado la salud de los pobladores indígenas; las comunidades afectadas por donde pasa el gasoducto manifiestan que las empresas no han pagado derechos administrativos; no han dado trabajo a los pobladores; han destruido caminos, puentes y canales de regadío; y se han dañado las viviendas, etc.

A menos de cinco meses de iniciadas las operaciones del proyecto, el 22 de diciembre del 2004, en el Km. 8,8 se produjo la ruptura del gasoducto del Proyecto Camisea, ocasionándose el derrame del hidrocarburo, que pasó a la quebrada Kemariato y de ahí al río Urubamba. "Nuestras comunidades han sido gravemente afectadas y hasta el 20 de enero, cuando estuve en la zona, se seguían encontrando animales muertos en las orillas del Urubamba", señaló Roger Rivas del Consejo Machiguenga del Río Urubamba.

Asimismo, entre los impactos ambientales se encuentran: la deforestación por el derecho de vía, la contaminación de los ríos, contaminación por ruido, erosión de los suelos, y la consecuente alteración de la flora y fauna en el área de influencia del proyecto.

Con respecto a impactos sobre el ambiente global, las reservas del yacimiento de Camisea liberarán un estimado de 687,2 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Este proyecto será el sexto en América financiado por una institución financiera internacional, en contar con el más grande potencial de emisiones de dióxido de carbono. Camisea generará, luego de su tiempo de vida, más de 23 veces el total de combustible fósil en relación con el CO2 que actualmente es liberado en el Perú cada año (Caffrey, 2002, Informe de consultoría independiente para COMARU Y AIDESEP). Todo esto en un mundo cuyo futuro está comprometido por el cambio climático relacionado con las emisiones de dióxido de carbono. El BID por ende está contribuyendo al cambio climático.

En el Urubamba, los impactos ambientales y sociales continúan y la capacidad de las poblaciones de defender su territorio es limitada. Para agravar la situación de los ecosistemas, un nuevo proyecto de explotación aumentará aún más los impactos sobre los bosques, reservas de agua natural y la flora y fauna de una región cuyo valor natural es de alcance nacional e internacional.

En efecto, en setiembre del 2004, Perupetro firmó el contrato de concesión del Lote 56 con el Consorcio Pluspetrol de Camisea I. El lote 56 está ubicado también en el Bajo Urubamba, con una extensión de 58.500 hectáreas, al noroeste del actual Lote 88.

Dentro del Lote 56 se encuentra un área clasificada como bosque primario y es hogar de los Kirineri, población en aislamiento voluntario altamente vulnerable. Se invertirán 500 millones de dólares en la extracción del gas líquido; asimismo, 1.100 millones de dólares serán destinados a aumentar la capacidad del gasoducto Camisea para transportar el gas a la costa. La explotación del Lote 56 (Camisea II) viene a ser el primer componente de un proyecto de exportación de gas licuado.

El segundo componente consiste en una Planta de Licuefacción (Gas Natural Licuado) que convertiría el gas en líquido para su exportación. Esta planta se construirá en la Pampa Melchorita al sur de Lima.

La lejanía del proyecto imposibilita la difusión pertinente de los impactos que ocasiona; sólo las poblaciones que se encuentran en su área de influencia ven día a día cómo su ambiente natural, el cual les proporciona seguridad alimentaria y social, se va transformando en un cruce de tuberías inmensas, por donde pasa un elemento que quizás para ellos nunca significará mejorar su calidad de vida.

Este proyecto hará desaparecer poblaciones nativas en aislamiento voluntario como los Kirineri y devastará un territorio de inigualable importancia. Peor aún, ahora el gobierno se encuentra impulsando la exploración de más lotes (57 y 58) en la misma zona de Camisea, acumulando aún más impactos a los ya existentes.

¿Financiará el BID también estos nuevos proyectos destructivos?

Por Patricia Patrón, Amigos de la Tierra Perú, correo electrónico: ppatron@labor.org.pe - Uruguay: campaña ante la CFI contra proyectos de instalación de fábricas de celulosa

Uruguay está bajo la mira de la industria de la celulosa. La multinacional finlandesa Metsa Botnia y la española Ence se proponen instalar dos fábricas para la producción de celulosa de eucalipto ("al sulfato") blanqueada con dióxido de cloro (proceso ECF), con un volumen máximo de producción de 1 millón de toneladas anuales Botnia, y 500.000 toneladas Ence, para exportación. Las fábricas se instalarían sobre las márgenes del río Uruguay, el cual es compartido con Argentina, a la altura de la localidad de Fray Bentos.

Los proyectos han levantado una creciente oposición ciudadana tanto en Uruguay como en Argentina, que ha tenido como máxima expresión un multitudinario encuentro de ambos pueblos sobre el Puente General San Martín que une los dos territorios (ver boletín Nº 94del WRM).

Las cuestionadas fábricas de celulosa, cuya propia escala constituye un alto riesgo de contaminación del río y la atmósfera, están vinculadas además al modelo de monocultivos forestales en gran escala que las abastecerían, y acerca de cuyos impactos también se ha generado una fuerte denuncia (ver boletín Nº 68 del WRM).

La FAO, el Banco Mundial, y la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), han sido artífices de la creación de esa masa forestal para celulosa (ver boletín Nº 83 del WRM), en este país donde los árboles crecen rápido, la mano de obra es barata y los controles ambientales son muy débiles, al igual que el poder de un Estado condicionado por la deuda externa generada a lo largo de varias décadas, y aún más durante la dictadura militar instalada entre 1973 y 1984.

Ahora las IFIs entran en acción. Para llevar adelante su negocio, la empresa Metsa Botnia ha solicitado un préstamo de US$ 100 millones a la Corporación Financiera Internacional (CFI, institución miembro del Banco Mundial que promueve la inversión en el sector privado). Al mismo tiempo, la CFI también facilitaría un préstamo de otros US$ 100 millones por parte de la banca privada para este proyecto. Ence también acaba de solicitar un préstamo a la CFI para la instalación de la fábrica que aspira a comenzar a construir en octubre de 2005.

Cientos de organizaciones de Uruguay, Argentina, y del mundo entero enviaron una carta a la CFI reclamando que no apruebe el préstamo ya solicitado por la empresa Metsa Botnia, y el que se sabe está por solicitar la empresa Ence, debido a los graves impactos que la instalación de las fábricas de celulosa generarán en el Uruguay. En la carta, las organizaciones firmantes manifestaron las siguientes preocupaciones: "En primer lugar, es importante destacar la escala de estos emprendimientos y sus posibles impactos acumulados en caso de que efectivamente se concretaran.

En segundo lugar, el informe ambiental de Metsa Botnia ha sido criticado en forma detallada por un conjunto de técnicos vinculados al grupo ambientalista uruguayo Guayubira.

En tercer lugar, ni Metsa Botnia ni Ence llevaron a cabo ningún estudio serio acerca de los posibles impactos sociales negativos de sus emprendimientos, tanto en materia de previsibles pérdidas de empleo (por la contaminación producida por los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas y con fuerte olor desagradable de las plantas de celulosa), como en los posibles impactos sobre la salud de la población local. Por otro lado, ambas empresas han exagerado el número de empleos "indirectos" que generarían, manejando cifras sin fundamento alguno.

En cuarto lugar, la instalación de una o dos plantas de celulosa implicaría el aumento del área actualmente plantada de monocultivos forestales. Es necesario señalar que ya se están constatando graves impactos ambientales y sociales en las plantaciones de eucalyptus existentes, que se agravarían en caso de que la superficie plantada se ampliara.

Es también importante señalar los impactos que una o ambas plantas tendrían en materia de uso de la infraestructura carretera del país debido al tránsito de cientos de camiones con cargas de 40 o más toneladas.

Existen además otros problemas no resueltos en torno a la instalación de ambas plantas:

1) Una disputa internacional aún no formalizada con Argentina, vinculada a la posible contaminación del río Uruguay, compartido por ambos países.2) Un cuestionamiento acerca de la legalidad del otorgamiento de una zona franca a cada una de las dos empresas que pretenden instalar plantas de celulosa.3) Un cuestionamiento acerca de la legalidad del uso de enormes volúmenes de agua y su posible contaminación luego de la aprobación de la reforma constitucional del agua en las últimas elecciones. Finalmente, es fundamental destacar la creciente oposición social a estos proyectos, tanto en lo referente a las plantaciones de eucalyptus como sobre las plantas de celulosa".

Por estas razones, las organizaciones firmantes reclamaron a la Corporación Financiera Internacional que no se involucre en los proyectos de Metsa Botnia y Ence ni tampoco les otorgue crédito, ya que la instalación de las plantas de celulosa provocaría graves impactos ambientales y sociales que no sólo no resolverán, sino que agravarán los problemas que viven el país y su gente.

* CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS

- La Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre como alternativa real para los bosques y los pueblos de los bosques

"La peor inmoralidad es la ignorancia estudiada, la determinación de negarse a ver o conocer" (Andrea Dworkin)

Las instituciones para el "desarrollo" y las instituciones financieras internacionales (IFIs), junto con los principales responsables de las decisiones en el seno de las mismas, intentan a menudo justificar políticas y proyectos destructivos con el argumento de que la política económica neoliberal encarna la única vía posible hacia la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Tal como se demuestra en la recopilación de artículos aquí presentada, seguir manteniendo este argumento equivale a "la determinación de negarse a ver o conocer".

Si estudiamos la historia de las IFI en lo que atañe a los bosques, lo que se manifiesta, más que una ignorancia estudiada, es el éxito perpetuo, sistemático e institucionalizado de negar a los Pueblos Indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques el acceso a los procesos de adopción de decisiones. Las comunidades y los pueblos, legítimos propietarios de estos bosques, son los más directamente afectados por estas decisiones y como grupo representan una enorme masa de poblaciones empobrecidas. La Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre sobre los bosques comprende los principios de unidad de un movimiento mundial para garantizar los derechos de los pueblos a los bosques y la conservación de los bosques. Nació de la aspiración a "otro mundo posible" durante el Foro Social Mundial de 2004, reiterada y revisada durante el Foro 2005 en Porto Alegre. Se trata de una declaración de principios concreta que da cuerpo a las voces de una coalición diversa de organizaciones e individuos que trabajan por la justicia social y ambiental en los bosques.

Su punto de partida es que "Los Pueblos Indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques, que viven en los bosques y los utilizan para satisfacer sus necesidades de subsistencia, son los verdaderos protectores y gobernantes de sus bosques y gozan de derechos inalienables sobre los mismos". [Principio #1) Continúa afirmando que "La protección y la conservación de los bosques exigen que se garanticen sus derechos". (Principio #2)

Los dos primeros principios, primeros tanto en esencia como en la disposición espacial, surgen del claro entendimiento de que las cuestiones relacionadas con los bosques son principalmente sociales y políticas, y por lo tanto las soluciones que se requieren para enfrentarlas son sociales y políticas más que técnicas.

Esta Iniciativa de base tan amplia se fundamenta en la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y los derechos sobre sus territorios ancestrales, que estos Pueblos vienen reclamando desde hace mucho tiempo, así como en la larga experiencia con los proyectos de "desarrollo", los ajustes estructurales y los condicionamientos para la ayuda que las IFI imponen. Estas amargas experiencias son testimonio de que la respuesta a reiterados reclamos de transparencia ha sido el secretismo rampante (véase el artículo sobre el Banco Asiático de Desarrollo), del mismo modo que al reclamarse un mayor acceso a los recursos mínimos para la supervivencia se ha respondido con una exclusión aun más aguda de los mismos (véase artículo sobre el Banco Mundial). Este movimiento por la justicia social y ambiental no puede ignorar estas experiencias y no lo hará, así como tampoco dejará de lado los derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto se opone "...a cualquier participación del Banco Mundial, el FMI, la OMC y otras instituciones financieras internacionales en políticas y proyectos que puedan afectar a los bosques y a los pueblos de los bosques". (Principio # 11)

Los pueblos que integran la Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre sobre los bosques han expresado el deseo cada vez más consciente de impugnar los "monocultivos globales de la mente" y el paradigma de modelo único para toda ocasión que éstos profesan; han comprendido que el futuro está en la diversidad, la aceptación y el respeto mutuos y el derecho a elegir la velocidad y las formas del propio "desarrollo": "Los mecanismos institucionales para el control social de los bosques por parte de los pueblos de los bosques, incluidos los Pueblos Indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques, evolucionarán de acuerdo con las necesidades socioecológicas y económicas de las comunidades y adoptarán distintas formas según los diferentes perfiles culturales de las comunidades en las diferentes partes del mundo". (Principio #3) En la medida más amplia, las causas profundas de la pobreza en casi todo el mundo tropical son consecuencia directa de las transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas impuestas por los invasores del "viejo mundo" durante la colonización. Las políticas de las instituciones financieras internacionales han perpetuado y continúan imponiendo las construcciones ideológicas socioculturales de occidente so pretexto de que estos valores son universales. La traducción de este proceso en los bosques tropicales ha sido dar prioridad a las necesidades de los consumidores y las empresas occidentales sobre la población y las necesidades locales, lo que ha provocado conflictos sociales siempre en aumento y una carrera desesperada para agotar los ecosistemas de bosques tropicales. Si pudiera decirse que no hay mal que por bien no venga, esta larga historia de ostentosa falta de respeto a los pueblos y los ecosistemas resultó fundamental para la creación de una contracorriente sólida y unida con principios concretos y una determinación bien dirigida.

Apelamos a tod@s a unirse a este proceso.

El texto completo de la Iniciativa de Mumbai - Porto Alegre sobre los bosques se encuentra aquí. Los doce principios, seguido cada uno de un breve comentario, están disponibles aquí

Si desea solidarizarse con los principios de este movimiento o necesita más información, por favor comuníquese con: antonis@wrm.org.uy

Por: Antonis Diamantidis, correo electrónico: antonis@wrm.org.uy

World Rainforest Movement Movimiento Mundial por los Bosques Maldonado 1858CP 11200 Montevideo UruguayTel: (598 2) 413 2989 Fax: (598 2) 410 0985 e-mail: teresap@wrm.org.uy / Página web B O L E T I N 95 Editor: Ricardo Carrere


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