Argentina: soberanía alimentaria para los pueblos. Entrevista a Carlos Vicente

“En Argentina hay 16 millones de hectáreas de soja transgénica. El 99,9 por ciento de la soja que se cultiva es controlada por la corporación Monsanto, y de la exportación de granos casi el 90 por ciento lo maneja la multinacional Cargill, que se dedica a diseñar las políticas agrícolas de cada país”. Estos son sólo algunos de los ejemplos que citó Carlos Vicente, investigador que trabaja arduamente sobre estos temas.

Vicente es representante para América Latina de GRAIN (Acción Internacional por los Recursos Genéticos), una ONG que promueve el uso sustentable de la biodiversidad agrícola basado en el control de la gente sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional. La organización trabaja en regiones como África, Asia y América Latina.

Vicente disertó en la Cátedra de Libre de Soberanía Alimentaria de La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto a Miguel Quarleri de la Federación Agraria Argentina. “Las corporaciones multinacionales ejercen control sobre nuestros territorios a través de distintas herramientas: corporativamente, mediante derechos de propiedad intelectual y de la tecnología”, explicó. “El control de las semillas deja de estar en manos de los agricultores y pasa a manos de las multinacionales, el 90 por ciento de las semillas transgénicas las controla Monsanto. Los recursos naturales no son renovables, se terminan, va ser el fin de la era del petróleo, del gas, y las corporaciones sólo ven la posibilidad de seguir haciendo negocio con nuestra biodiversidad planetaria”, explicó.

Esto se trata de imponer con el Derecho del Obtentor (un privilegio monopólico), a través del "mejoramiento" de las semillas. “Los agricultores, campesinos y los pueblos originarios crearon miles de semillas a lo largo de la historia, sin que a nadie se le ocurriera pedir el privilegio monopólico de las semillas, ellas se intercambiaban, se compartían”, continuó diciendo.

En nuestro país, la Ley de Patentes de 1994 (sacada para la legislación de medicamentos) prohíbe patentar seres vivos “tal como se encuentran en la naturaleza”. Pero esta ley es aprovechada por las corporaciones, aunque los transgénicos no existan en la naturaleza, e intentan patentar genes que dicen crear. Pero no crean nada, porque el gen del "glifosato" (herbicida que se utiliza para el sistema de producción con transgénicos) viene de otra planta que se introduce en la soja y, además, Monsanto no reclamó esa patente en ese momento”.

Resulta que todo fue una perfecta estrategia de invasión. En los ‘90 Argentina fue uno de los países pioneros al imponer en Latinoamérica el “nuevo” modelo agroexportador basado en el monocultivo de la soja.

En 1996, con 13 millones de hectáreas al borde del remate, los productores argentinos celebraron el decreto del Secretario de Ganadería Agricultura y Pesca, Felipe Solá (actual gobernador de la provincia de Buenos Aires) que daba entrada libre a la producción de soja modificada genéticamente para resistir al herbicida. Esto daría como resultado la expansión imparable de la soja, ya que los productores encontraron en ella una mayor rentabilidad que producir cualquier otro cultivo. Esta, además, empieza a ser contrabandeada a países como Paraguay, Brasil y Bolivia. Se la comercializa sin marcas, en bolsas blancas y conocida como la “Soja Maradona”.

“Cuando la soja ya instalada en toda América Latina supera todos los porcentajes de cultivo, Monsanto reclama regalías a los productores. Y en Paraguay, por ejemplo, llegaron a un rápido arreglo con los agricultores antes de que fuera legal sembrar soja en ese país”, continúa Vicente.

A diferencia de lo que sucede en estos países, donde la soja es presentada como un alimento con un alto nivel nutricional, Europa no consume transgénicos para humanos. La soja que exporta Argentina se vende como alimentos para animales de China y Europa, es decir que aquí se deja de producir alimentos genuinos para una población con el 40 por ciento de pobreza, con altos índices desnutricionales.

“Algo más evidente sobre las facilidades legales con que cuentan las corporaciones está sucediendo actualmente”, dice Vicente. “Ahora nuestro Secretario de Agricultura, Miguel Campos, crea una facilidad por 90 días para que las empresas que quieran aprobar un tipo de maíz transgénico no tengan que presentar todo los papeles de registración. Esto es porque Syngenta (una de las competidoras de Monsanto) ya tenía aprobado el lanzamiento de un maíz transgénico en esta temporada y Campos quería facilitar a sus amigos de Atanor, a través de una empresa que se llama Atar, el que la empresa pudiera registrar y comercializar su maíz RR (transgénico). Por otro lado Atanor es uno de los principales productores nacionales de glifosato. Hay bastantes intereses en estos negocios”, asegura.

Entonces, ¿qué políticas existen desde el Estado?. “En este momento las empresas no tienen límites. En todo el forcejeo con Monsanto el Estado no tuvo intervención, sólo pelea públicamente, discursivamente. La apertura durante la década del ‘90 fue monstruosa y esta gestión es una continuidad del modelo. Y lo que aparece como un grupo grande de productores sojeros, son de alguna manera la nueva oligarquía argentina que en un tipo de alianza con el gobierno tratan de impulsar una Biotecnología Nacional".

“Ya hay en el Senado algo aprobado que está esperando ser tratado en Diputados, pero esto no tiene nada que ver con patrimonios nacionales, sino con favorecer algunos intereses particulares de quienes se han enriquecido en los ‘90 con la siembra de la soja”, cuenta el Oficial de Información de GRAIN.

Vicente sostiene que, si bien desde el Gobierno dicen que el presupuesto nacional 2005 (que pasa de 67.729 en 2004 a 77.454 millones de pesos) muestra un aparente incremento en inversión social que seguramente contempla el sector rural, en la práctica no se habrían empleado políticas nacionales de Desarrollo Rural, ni Políticas de Planeamiento.

Otro elemento de control sobre la Soberanía Alimentaria y que todo el tiempo amenaza es la tecnología. Los cultivos transgénicos son consecuencia de una industria de alta tecnología que no puede integrarse a los sistemas locales agrícolas, por lo tanto son riesgosos para la salud, el ambiente, la población, la cultura socioeconómica, y para mantener esto es necesario la bioseguridad. La ruptura de esos sistemas se provocaron sin un marco legal existente.

Actualmente en México se aprobó la Ley de Bioseguridad y Transgénicos, denominada “Ley Monsanto”, convirtiéndose en reglamentaciones deficientes y débiles facilitando a las industrias la aprobación de sus cultivos transgénicos, la contaminación y la impunidad. Por su parte Brasil aprobó su “Ley Monsanto”, ley que fue denunciada públicamente por el mismo Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, lo que hace es legalizar el cultivo de la soja RR de Monsanto. “Es necesario un sistema de bioseguridad real, y no de leyes encubridoras. Es necesario que los factores de riesgo para la diversidad biológica sean eliminados y sancionados”, agrega Vicente.

Finalmente afirma que "toda la soja que produce Argentina es para alimentar aves de la Comunidad Europea y China, desde este punto de vista Argentina no tiene ninguna política agrícola. No hay estímulos a pequeños y medianos productores, no hay una definición de lo que debemos producir, hay una entrega total a las leyes del mercado y al pequeño milagro de la soja artificial”.

“Este modelo –asegura Vicente- provoca la destrucción del suelo y de la agricultura. Depende de un dólar a valor alto y apenas ese dólar caiga o la bolsa de Chicago diga que la soja vale menos, vamos a quedar peor de como estábamos antes de la devaluación”. Eso significaría que muchos de los territorios nacionales podrían quedar en manos de extranjeros acreedores, que son las mismas corporaciones como Monsanto, Cargill, Syngenta y Bayer.

Por otro lado Vicente rescata las múltiples acciones que se vienen realizando en muchos países mediante ONGs, Movimientos Sociales y Campesinos. “Se hizo un juicio en Viena a las transnacionales y se condenó a Suez (la misma empresa que controlaba a Aguas Argentinas), Bayer y otras porque están destruyendo y privatizando los recursos naturales y las comunidades con sus políticas. Dañando a través de sus medicamentos, de la comercialización agropecuaria, etc. Lo que se planteó es que se debe poner un límite a ellas y defender la Soberanía Alimentaria, que es de los Pueblos y no de las corporaciones”. También rescató el trabajo de diversas organizaciones en Latinoamérica, como la Vía Campesina, que reúne a decenas de organizaciones campesinas en todo el mundo, como el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, el Movimiento de Mujeres Campesinas, el Movimiento de Agricultores, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) de Argentina, etc”.

Una de las conclusiones y reflexiones de esta clase de Soberania Alimentaria, fue la necesidad de hablar y plantear estos temas, instalarlos, hacerlos conocer, tratar de educar, para no dejar que viejas historias se repitan.

Por Zulema Enriquez - Desde la Redacción de APM
zenriquez@prensamercosur.com.ar

Fuente. APM, www.prensamercosur.com.ar