Tribunal Permanente de los Pueblos, un poder político, ético y moral

Si bien el TPP no tiene la capacidad de sentar en el banquillo a los acusados ni de condenarlos, “como se lo merecen -dice el padre Javier Giraldo, coordinador de la Audiencia Final del TPP para pueblos indígenas realizada en Colombia-, y como lo hace el poder Judicial en todos los Estados del mundo si tiene la capacidad de sacar del silencio todos los atropellos de los poderosos contra los débiles.

En este caso el TPP ha sido utilizado por los pueblos indígenas para denunciar todos los atropellos, que según ellos las empresas multinacionales y trasnacionales han cometido contra sus comunidades. Así lo dejaron claro centenares de indígenas colombianos, latinoamericanos y de otros países como Canadá y Suecia reunidos en la Sierra Nevada de Santa Marta donde se llevo a cabo la Audiencia Final del TPP para el caso de los pueblos indígenas en Colombia. La audiencia, en su primera parte, se realizó en el corregimiento de Atanquez, municipio de Valledupar, durante los días 17, 18 y 19 de julio.

“El Cerrejón la desgracia más grande para los wayuú”

Para los wayuú, por ejemplo, la llegada del Cerrejón, complejo carbonífero, fue la “desgracia mas grande”. La paz que antes reinaba en sus desiertos ya no es tal porque las empresas mineras y los proyectos turísticos les han dejado sumidos en una grave crisis. La Fuerza de Mujeres Wayuú así lo denunció, “cuando llego el Cerrejón, hace 25 anos, comienza la desgracia más grande para nuestro pueblo porque permitimos, hay que decirlo, la entrada de estas empresas a nuestro territorio engañándonos, consecuencia de esto vino la militarización y el paramilitarismo que cometieron genocidios y masacres”.

Acompañados de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos de varios países como Suecia, Suiza, Estados Unidos, España, Canadá, y todos los países de Latinoamérica los indígenas colombianos denunciaron todo el accionar de las empresas petroleras, mineras y los grandes megaproyectos que vienen afectando y “destruyendo lentamente su corazón, su pensamiento y su vida” como afirmaron los u’was de Arauca y Boyacá.

Para el caso de la Sierra Nevada donde se proyectan y se desarrollan grandes megaproyectos ha quedado un saldo tráfico de indígenas asesinados, desplazados, perseguidos y judicilaizados, según las autoridades tradicionales de esa región. Si bien en la mayor parte de estos asesinatos fueron cometidos por los actores armados, según los indígenas, tienen mucha relación con los megaproyectos implementados porque esto es lo que ha llevado a la militarización de la zona y paralelo a esto se ha dado un auge sin precedentes de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Claro que el TPP no escucha solo casos de violación por parte de las multinacionales, sino todos aquellos que provengan de donde provengan atenten contra la vida y la dignidad humana. El poder del TPP, si bien no es jurídico, “si tiene poder político, poder moral y ético” manifestó el padre Giraldo y aclaró que cuando se instituyó el TPP no se hizo con el propósito de ser un órgano más del Estado.

Russell: “No representamos a ningún poder estatal”

Russell, quien ideó este Tribunal de opinión en su momento manifestó que: “no representamos a ningún poder estatal y tampoco podemos obligar a que se presenten como acusados ante nosotros los diseñadotes responsables de los crímenes perpetrados contra los pueblos del Vietnam -el TPP nace con el fin de juzgar los crímenes de EEUU contra Vietnam- carecemos de esa fuerza mayor, es imposible cumplir con los procedimientos ordinarios de un juicio, pero creo que estas aparentes limitaciones son de hecho una virtud. Somos libres para conducir una investigación solemne e histórica sin la presión de razones de Estado o de otras obligaciones similares”.

El colombiano al banquillo

En el marco esas facultades éticas, políticas y morales el TPP acusó al gobierno colombiano de facilitar las posibilidades a las multinacionales para incursionar en territorios indígenas, “a través de la militarización el gobierno ha puesto a los indígenas en una situación apremiante y les ha faltado al respeto a ellos y a la constitución al no consultar con ellos ni la presencia militar, ni la implementación de los grandes megaproyectos”, concluyó el Comité de Jurados del TPP.

Este comité de jurados estuvo por un grupo de magistrados y abogados de altas Cortes Internacionales y por jueces indígenas colombianos y latinoamericanos. Estos son los integrantes del Jurado: Aida Quilcue, autoridad tradicional del Pueblo Nasa, Consejera mayor del Consejo Regional Indigena del Cauca; Antoni Pigrau Solé, profesor de derecho internacional de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona España; Bruno Rütsche, secretario del Grupo de Trabajo Colombia-Suiza, Paz y Derechos Humanos; Hitoma Safiama, autoridad tradicional del Pueblo Muínane y Uitoto del Amazonas; José Silvio Tapasco, autoridad tradicional del Pueblo Embera Chamí, Consejo Regional Indígena de Caldas; Leonardo Crippa, Pueblo Colla, abogado del Indian Law Resource Center, ILRC, Washington; Leonor Zalabata, Pueblo Arhuaco, Confederación indígena Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta; Lorenzo Muelas Hurtado, autoridad tradicional del pueblo Guambiano, ex constituyente y ex senador indígena; Marcelo Ferreira, profesor de Derechos Humanos de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires; Marcos Atracyera Chimana, autoridad tradicional del Pueblo Barí, Asociación Comunidad Montilón Barí de Colombia; Marlon Santi, Presidente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador; Miguel Palacín Quispe, Pueblo Quichua, Presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, Perú; Oscar Uriana, autoridad tradicional, Pueblo Wayúu, cabildo gobernador del resguardo indígena Mayabamgloma, Guajira; Pablo Aristo Bonilla, autoridad tradicional del Pueblo Sikuani, Consejo Regional indígena del Vichada; Philippe Texier, magistrado de la Corte de Casación de Francia y presidente del Comité de DESC de la ONU y Roberto Cobaría, autoridad tradicional del Pueblo U’wa, Asociación Aso U’wa.

El cuadro comparativo en materia de violación a los derechos humanos que presentaron los indígenas ante este comité de jurados es desalentador y para nada favorece al gobierno actual: antes del gobierno de Pastrana 62 indígenas fueron asesinados en promedio anual, cifra que en el gobierno de 1998-2002 aumento a 130, pero en el primer periodo de gobierno de Uribe los indígenas el promedio de indígenas asesinados anualmente fue de 143.

Si bien la mayoría de muertes de indígenas, ellos las atribuyen a actores armados como la guerrilla y los paramilitares también denunciaron a la fuerza pública como responsable de asesinatos y aseguraron que la militarización se implementa para favorecer a las empresas transnacionales.

Durante al audiencia se trataron varios casos puntuales donde las comunidades indígenas han sido afectadas y vulneradas en sus derechos y su integridad física y territorial.

Qué generan las transnacionales

Según los indígenas la llegada de las multinacionales y transnacionales a sus territorios genera pobreza, desplazamiento, asesinatos en algunos casos, amenazas, torturas, persecución y rompimiento del tejido social entre otras agresiones. Si bien son casos diferentes y empresas diferentes las que operan en los territorios indígenas el Jurado del TPP considero que “en la mayor parte de los casos corresponden a patrones de conducta generalizables a la mayor parte de las regiones”.

También señaló el Tribunal que los pueblos indígenas no son las únicas víctimas de los hechos que a continuación se mencionaran “las violaciones de los derechos que se detallan responden a un contexto más general centrado en la política del gobierno de Colombia y, en especial, en su alineamiento político, económico y militar con la de los Estados Unidos de América. No es posible comprender está realidad sin tener en cuenta factores estratégicos como son la promoción del Tratado de Libre Comercio o los planes Colombia o Patriota, que ya han sido objeto de atención en otras decisiones del Tribunal”.

Indígenas colombianos, latinoamericanos y de distintas partes del mundo, reunidos en la Audiencia de Atanquez, denunciaron toda la violación a que han sido objeto por parte de los distintos actores armados como consecuencia de la entrada de multinacionales y transnacionales a sus tierras, lo mismo que a causa de la implementación de megaproyectos en sus regiones.

Las denuncias

Las vulneraciones que denunciaron los indígenas a sus derechos colectivos van desde violación al derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra y los recursos naturales hasta la violación a su libre expresión y autodeterminación como pueblos; “un 27% de la población indígena no tiene un reconocimiento legal de sus derechos territoriales”. De otra parte la prolongación, sin resultados efectivos, de los procedimientos de legalización de los resguardos, agravada por la política gubernamental de no autorizar nuevos resguardos; “existen más de 400 solicitudes de constitución de resguardos ante la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio del Interior. Entre los pueblos más afectados por ello están los pueblos Nasa, Pastos, Quillasingas, Zenúes, Yanaconas, Wiwas, Kankuamos, Koguis y Arhuacos”.

El desplazamiento es otro consecuencia del ingreso de las multinacionales a los resguardos indígenas; los pueblos indígenas denunciaron al gobierno de Colombia, a los actores armados, sectores económicos nacionales y transnacionales por idear distintas estrategias que tienen como objetivo el desplazamiento de sus comunidades fuera de las zonas de interés económico, para facilitar la exploración, explotación y extracción de recursos naturales y minerales.

Algunas de estrategias adoptadas son las leyes nacionales incompatibles con la Constitución colombiana, como la fallida Ley forestal, el código minero o el estatuto rural, entre otros, que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, recogidos en los tratados internacionales suscritos por Colombia. La utilización de la violencia; “amenazas por parte de grupos armados, con frecuencia al servicio de las empresas transnacionales, como una situación generalizada en los pueblos indígenas”. También denunciaron asesinatos de indígenas o campesinos por parte de la fuerza pública que “luego los hace aparecer tiempo después disfrazado con lustrosos uniformes militares que no presentan signos de violencia o agujeros de balas”, según el TPP.

La militarización del territorio indígena no ha traído para ellos seguridad, ni bienestar; “la militarización asociada a la implementación de grandes proyectos de explotación, especialmente los mineros, petroleros y agroindustriales que además precisan de proyectos de infraestructuras conexos, va acompañada de limitaciones de acceso a grandes áreas de territorio y de problemas de abastecimiento de bienes y servicios”, según el balance del TPP. Los indígenas denunciaron persecución militar en su contra, judicializaciones, detenciones arbitrarias, estigmatizaciones y falta de respeto a sus autoridades y comuneros.

También denunciaron que la fumigación que adelanta el gobierno contra los cultivos de hoja de coca ha generado destrucción de cultivos como pancoger, la contaminación del agua, destrucción de la pesca y otros animales y una serie de daños ambientales, y sobre todo graves afectaciones de salud que en algunos casos han muerto niños y personas a causa del impacto de las fumigaciones.

También la explotación minera, según los testimonios de varios indígenas ha dejado un saldo de contaminación de aguas y suelos, y la destrucción de flora y fauna. Un ejemplo de ello es la destrucción de la Laguna Lipa en Arauca o la degradación del Río San Juan en el Chocó, que además afectó profundamente el legado cultural y espiritual de los pueblos indígenas, en este caso los u’was y los embera. Pero al mismo tiempo ha traído consigo la destrucción de formas de vida tradicionales como la agricultura, la pesca y la caza y el saqueo de los conocimientos ancestrales asociados a la biodiversidad y de material genético de los pueblos indígenas de Colombia, a través del proyecto Genoma Humano.

Violaciones del derecho a la autonomía y a la cultura propia

Al respecto varias autoridades indígenas denunciaron que existe un desconocimiento deliberado de las estructuras de organización y de la autoridad de los representantes indígenas por parte del gobierno y la sociedad por un lado y de otra parte denunciaron que el gobierno actual utiliza estrategias de cooptación, mediante engaño, de líderes indígenas por medio de prebendas u amenazas.

Denunciaron particularmente en el caso del Pueblo Nasa del Cuca que sus procesos de resistencia civil son estigmatizados sistemáticamente, mediante señalamientos colectivos y estigmatizaciones como guerrilleros, terroristas y delincuentes, incluido el pago de recompensas que fomentan las delaciones falsas.

Unido a esto denunciaron el ingreso por parte de los actores armados a sus territorios, sin autorización y el irrespeto a los lugares sagrados, con irrupciones en ellos, proyectos de explotación de recursos en los mismos e incluso ataques armados contra dichos espacios. Tres casos específicos denunciados ilustran bien esta realidad; la presencia de la empresa Muriel en el Cerro Careperro, entre Chocó y Antioquia o la presencia de OXY Petroleum en territorio sagrado de los u’wa, y el proyecto de la empresa DRISA de la represa de besotes, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Denuncias de violaciones del derecho a la participación

El derecho a la consulta previa pese a estar estipulado en la constitución nacional y en tratados internacionales ha sido, según las diferentes denuncias uno de los derechos más vulnerados. Los indígenas denunciaron que el gobierno colombiano desarrolla una política puesta al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales, haciendo dejación de sus funciones públicas y facilitando a las empresas una gestión privatizada de la supuesta participación, vulnerando, así, las decisiones de los pueblos en ejercicio de sus derecho de autogobierno y el incumplimiento generalizado de la obligación de consulta previa y la perversión o manipulación de ésta. Por esta razón algunos pueblos como el caso del Pueblo U’wa rechazan tajantemente la consulta previa, pues consideran que es una estrategia, de engaño, división y compra o corrupción de líderes en desmedro de sus comunidades.

Acusaciones de violaciones del derecho al propio desarrollo y a la existencia como pueblos

En este aspecto varios indígenas denunciaron que su derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones les ha sido vulnerado o se les ha ignorado al respecto.

Las autoridades indígenas presentes en al audiencia denunciaron que existe un desconocimiento del gobierno y la sociedad en cuanto sus propias formas de vida, sus propias costumbres y tradiciones, y su propia cosmovisión. Innumerables testimonios dieron cuenta de la situación apremiante en que por lo menos 18 pueblos indígenas se encuentran en riego de extinción cultural; los más propensos a desaparecer son los nukak makú, los Yukpa, los Amorua, los Wipibi y los guayaberos. Fue además doloroso escuchar cómo algunos de estas comunidades viven en condiciones inhumanas y denigrantes tales como comiendo de las sobras y basureros en algunas regiones del país.

Derechos individuales, denuncias por violaciones del derecho a la vida y a la integridad física

En este aspecto los indígenas denunciaron una serie de asesinatos a numerosos dirigentes indígenas atribuidos tanto a las fuerzas armadas como a otros actores armados. En la memoria colectiva ha quedado latente el padecer de cientos de viudas y de huérfanos a causa de lo anterior. Según el balance final del Tribunal solamente entre los cuatro pueblos indígenas de la Sierra de Santa Marta 403 personas han sido asesinadas en le periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez; un promedio de 146 personas por año. Los indígenas denunciaron también un sinnúmero de personas heridas, mutiladas y desplazadas.

Casos de discriminación también fueron puestos en escena, lo mismo que el incumplimiento al derecho internacional humanitario por parte de todos los actores armados que confluyen en el país, que han realizado numerosos ataques indiscriminados contra las comunidades indígenas. Los indígenas presentes recordaron actos ignominiosos como la masacre del Tigre en el territorio kofán, 52 personas muertas, el caso de la mascare de Bahía Portete que ha dejado a los wayuú marcados de por vida porque allí se rompió un principio ancestral de su cultura: los paramilitares asesinaron mujeres y niños, algo inimaginable e inconcebible para esta etnia. Como estos fueron muchos caos denunciados que consternaron a los casi mil asistentes y que de nombrasen en esta nota abarcarían por lo menos un centenar de páginas.

Denuncias por violación del derecho a la salud y a la alimentación

Numerosos casos de muertes y enfermedad, fueron denunciados como consecuencia de la fumigación extensiva e indiscriminada, de la contaminación de las aguas y cultivos de pancoger y de la deficiente nutrición. En lo referente a medicina tradicional los indígenas consideran que han sido fuertemente afectados porque las plantas utilizadas para esos fines son cada vez más difíciles de encontrar, a consecuencia de la deforestación maderera y las fumigaciones y esto es otra afrenta cultural.

En cuanto a la perdida de la soberanía alimentaria de las poblaciones autóctonas los indígenas manifestaron que lo que antes obtenían del cultivo de la tierra, ahora deben adquirirlo con dinero. Lo anterior afecta profundamente la cultura indígena pues, según el TPP, los cultivos y alimentos tradicionales son reemplazados por otros que se imponen como consumos nuevos, y en algunos casos se trata de alimentos transgénicos.

Los derechos de las mujeres indígenas también son vulnerados

La mujer para el caso del pueblo wayuú y otros pueblos ha sido considerada como el símbolo de la vida y de la paz, sin embargo muchos testimonios dieron cuenta de las constantes violaciones, abusos sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las mujeres. También denunciaron como los actores armados incluyendo al ejército dejan jovencitas embarazadas en algunos pueblos, engañándolas y luego abandonándolas sin ningún escrúpulo y sin responsabilidad alguna; lo cual contribuye a la desarticulación social y al resquebrajamiento de los valores ancestrales. También se presentaron casos de tortura asesinato y desaparición.

Acusaciones por violaciones al derecho a la libertad y a la libre circulación

En este aspecto se denunciaron casos de detenciones arbitrarias, especialmente en los pueblos kankuamo, embera-chamí y nasa. Otros testimonios dieron cuenta de secuestros y desapariciones forzadas, reclutamiento forzado por parte de los distintos actores armados y criminalización o judicialización de dirigentes indígenas. De otra parte fueron puestos en evidencia casos de confinamiento forzado a comunidades indígenas por parte de los actores armados. Algunas comunidades indígenas no pueden salir de sus territorios porque son señaladas de pertenecer a uno u otro actor armado y como tal son considerados colaboradores de dichos grupos ya amenazados por el oponente.

De igual manera se ha vista afacetada y vulnerada el derecho a la propiedad privada de los indígenas; varios de ellos denunciaron casos de requisa y confiscación de bienes y alimentos, robo de animales entre otros.

El derecho a la justicia y la reparación no se ha cumplido

De todas esta serie de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas la mayoría de casos denunciados los indígenas manifestaron que más de un 95% permanecen en la impunidad, lo que según el TPP, supone una vulneración del derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad y, en consecuencia, la imposibilidad de hacer efectivo el derecho a la reparación.

Los indígenas manifestaron que el proceso de aplicación de la Ley llamada de Justicia y Paz está contribuyendo a reforzar esta impunidad. El Tribunal, por su parte, consideró extremadamente grave el cuadro general de violaciones de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas evidenciados en la Audiencia.

Quizá hayamos quedados cortos en la descripción minuciosa de las denuncias presentadas, sin embargo somos concientes de una tarea de tal envergadura; tres días escuchando testimonios dolorosos, donde los medios de comunicación masivos brillaron por su ausencia. Consideramos, pues, que la única esperanza para caminar a hacia la es la que se trazó el Tribunal desde sus orígenes que es “evitar el crimen del silencio”.

Fuente: Actualidad Étnica