Ha quedado demostrado que la criminalización de la protesta social es política de Estado del gobierno actual en cualquiera de sus jurisdicciones. Pese a eso los miembros de la Asamblea Ciudadana de Concordia (ACC) sostenemos la necesaria e impostergable reivindicación en su buen nombre y honor de las cuatro personas injustas y criminalmente detenidas y judicializadas.
