"Las acciones legales presentadas ante el Ministerio público por los delitos de difamación, coacción, amenaza, calumnia e injuria contra los líderes mencionados, son decisiones políticas de intimidación y de limitar la oposición de las organizaciones indígenas contra la imposición del Reglamento de Consultas."

Nosotras y nosotros hijos e hijas de ésta tierra, reafirmamos nuestra lucha organizada en articulación para la defensa de nuestra Madre Tierra y Territorio, amparados en el marco legal nacional e internacional; Constitución Política de la República, Ley Marco de los Acuerdos de Paz; Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, La Convención 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Declaración Universal de los Derechos Humanos.