Darío Aranda

Después de sufrir trabas por parte del Decano de la Facultad, la Práctica Final de la carrera de Medicina de Rosario volvió a realizar un campamento sanitario. Fue el más grande de todos, en San Antonio de Areco. La crónica y los resultados preliminares.

Monsanto es investigado por el juez federal de California, Vince Chhabria, acusado de haber pagado 250 mil dólares a científicos para enunciar que el glifosato no es dañino a la salud. La revista Science publicó una investigación al respecto.

El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza

Unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad Campo Maripe en Neuquén y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. La Confederación Mapuche denunció la militarización del lugar.

El gobierno nacional presentará el Acuerdo Federal Minero, un plan nacional de extractividad impulsado por empresas. Amplio rechazo. En Chubut, el gobernador Das Neves aseguró que no habrá ningún proyecto de megaminería ni nuclear en la provincia.

Los transgénicos en Argentina son aprobados por las mismas empresas que los producen y comercializan. Se trata de un selecto y secreto grupo que decide qué semillas se aprueban y, al mismo tiempo, eluden responsabilidades sobre el impacto que eso implica: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos, afecciones en la salud.

Organismos de derechos humanos, comunidades originarias y organizaciones sociales denunciaron “la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas” y advirtieron que Agustín Santillán “se encuentra detenido por demandar sus derechos”.

La comunicación interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mayor institución “técnica” del agro argentino, es clara: prohíbe a sus trabajadores utilizar el término “agrotóxico” en escritos y publicaciones institucionales. Insta a llamarlos, como proponen las empresas que los venden, “agroquímicos” o “plaguicidas”.