Darío Aranda

Wichís, pilagás y criollos de Formosa resisten el avance del agronegocios y enfrentan los atropellos de un gobierno feudal. Crónica desde un territorio de pesares, pero también de luchas.

Mañana comienza el primer juicio por fumigaciones con agroquímicos. Dos productores y un fumigador acusados. Y el modelo de agronegocios, de empresas y gobiernos, en la mira.

Se realizó en Loncopué, Neuquén, el primer referéndum de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se votó Sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal.

Una masiva e inédita marcha de pueblos originarios llegó en mayo de 2010 a Plaza de Mayo y fueron recibidos por la Presidenta. Había una larga lista de reclamos, en primer lugar el territorio, que chocó de lleno contra la política de estado de extracción de recursos naturales. Nunca trascendió el contenido de la reunión. MU reconstruye ese momento histórica, donde se pasó de los agradecimientos y la esperanza, a las críticas y la decepción.

“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.

Organizaciones indígenas se pronunciaron a favor de la expropiación de REPSOL. Pero también pidieron el respeto a los territorios ancestrales, que se cumpla la legislación vigente y alertaron sobre los riesgos de la explotación de gas no convencional.

Tras 15 años de explotación, se convirtió en la mejor prueba de la megaminería: los propios estudios de impacto ambiental hechos por la empresa confiesan cómo afecta a la región, no mejoró la vida del lugar y se multiplican las protestas. El Estado se unió a las corporaciones.

Organizaciones rurales de todo el mundo se movilizan hoy, en el Día Internacional de la Lucha Campesina, en reclamo por otro modelo agropecuario basado en la producción local de alimentos, reforma agraria integral y soberanía alimentaria, es decir el derecho de cada pueblo a determinar qué producción priorizar y el rechazo al modelo basado en las compañías transnacionales de semillas y agrotóxicos.