Darío Aranda

La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.

Hacinamiento, largas jornadas, paga mínima, incumplimiento de todos los derechos laborales. De Mendoza a Salta, de Río Negro a Misiones: la explotación laboral del trabajador rural. La responsabilidad privada y estatal.

En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom denunció a la estancia Don Panos, propiedad de Eurnekian. Desde allí sostienen que parte una avioneta fumigadora que esparce agrotóxicos que luego caen sobre el terreno lindante, donde viven familias enteras.

La medida, aprobada por el Concejo Deliberante, había sido vetada por el intendente. Pero después de una movilización de organizaciones aborígenes y ambientales la aprobó.

Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.

"Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado."

Una encuesta de la consultora Aresco evidencia una mayoritaria oposición a la megaminería. Se realizó en seis provincias mineras. Los encuestados también cuestionan las leyes que protegen la actividad. Más de la mitad cree que provoca un daño grave al ambiente

Familias rurales cortan la Ruta 34, en Santiago del Estero, desde hace un mes. Exigen una ley que frene los desalojos y piden detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial