Giorgio Trucchi

Por tercer día consecutivo las fuerzas represivas del Estado se ensañaron contra centenares de campesinos del Bajo Aguán, que exigen una solución integral y definitiva al grave problema de la falta de acceso a la tierra, así como el cese de la represión y el fin de la impunidad.

SABMiller vuelve a ser noticia en América Latina, ahora en Honduras. En mayo pasado, el INA emitió la resolución 050-2012, con la que expropió unas 6.600 hectáreas de tierra a dos ingenios: Azucarera del Norte SA (Azunosa) y Compañía Azucarera Hondureña SA (Cahsa), por no haber solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria.

Gobierno amenaza con declarar estado de sitio y suspender las garantías individuales como en los tiempos de Micheletti.

Centenares de campesinos pertenecientes al Marca (Movimiento auténtico reivindicador campesino del Aguán) y a las demás organizaciones del Bajo Aguán se hicieron presentes este miércoles (18/7) en la entrada de la finca San Isidro, sector de Sinaloa, y lograron frustrar el desalojo ordenado en los días pasados por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y de La Ceiba.

Dos nuevos asesinatos y un plan para revertir histórica sentencia. No hay paz para las familias campesinas del Bajo Aguán. Por cada paso adelante en la construcción de un nuevo futuro, hay una respuesta criminal por parte de las fuerzas reaccionarias, que pretenden mantener el statu quo existente y el control absoluto en la zona.

El pasado 29 de junio, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa dictó sentencia a favor de cientos de familias que integran el Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), restituyéndoles el derecho de propiedad sobre casi 1,800 hectáreas de tierra que venían reclamando desde hace 18 años.

Las organizaciones y redes internacionales convocantes de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, dieron a conocer la Declaración final del evento que se realizó el pasado 28 de mayo en la ciudad Tocoa, en la que presentaron los principales hallazgos, sus conclusiones y formularon recomendaciones al Estado hondureño y a la comunidad internacional.

"Estamos repudiando el papel que han desempeñado las instituciones al entregar los bienes naturales comunitarios sin consultarnos, violentando abiertamente el Convenio 169 de la OIT. Ya hay unos 50 ríos que han sido concesionados a empresas privadas. Exigimos que cese el abuso de poder y la entrega de nuestros bienes."