Respondiendo a una demanda de los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias, el 23 de agosto la sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que permitían que tierras adquiridas por campesinos con subsidios del Incoder y baldíos adjudicados a colonos pasaran a manos de empresarios para adelantar proyectos agropecuarios y forestales y que se adjudicaran baldíos en extensiones ilimitadas a empresas mediante contratos diversos.
