"Si alguna virtud tiene el nuevo capítulo es que finalmente permite visualizar con claridad las devastadoras consecuencias que la aprobación de este proyecto y del Convenio UPOV-91 tendrá para los agricultores nacionales. Por primera vez, el Gobierno expone en todas sus dimensiones los poderosos instrumentos que se pretende otorgar a las empresas trasnacionales para perseguir a los productores locales y obligarlos a pagar por el uso de las semillas de su cosecha"