María F. Sánchez

Uno de los objetivos del Gobierno de coalición, que ha quedado reflejado en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, es la reindustrialización de nuestro país. Mientras se traza esa meta, la Unión Europea sigue adelante con varios tratados de comercio como el de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), México o el de Vietnam, que contemplan importaciones de materias primas y productos a bajo coste, por debajo del precio de producción en Europa. Hay voces que llevan años denunciando el impacto negativo de estos acuerdos internacionales en la salud, el medioambiente, el empleo y la soberanía económica y alimentaria de todos los países implicados. 

Para muchas organizaciones este mecanismo daña seriamente la soberanía de los estados para decidir sus políticas, mientras que es contrario al Estado de derecho. Un 64% de las compensaciones económicas ganadas en estos litigios fueron a parar a empresas que tienen una facturación por encima de los 10.000 millones anuales.

"Los efectos negativos sobre las comunidades locales y el medioambiente en América Latina de empresas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Endesa han sido recogidos en el informe “Energía y Derechos Humanos” del OMAL".