Sergio Rincón

Ante la indiferencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y sumado a los cambios constitucionales y acuerdos internacionales, la sociedad comenzó a buscar el camino judicial para promover sus demandas en los máximos tribunales del país. Ese fue el caso del colectivo que busca prohibir la siembra y liberación de maíz transgénico.

Organizaciones civiles y expertos en la materia denunciaron que la Secretaría de Economía (SE) promueve el despojo de tierra y la violación de derechos humanos al publicar su “Guía de ocupación superficial. Alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano”.

Las empresas de transgénicos y autoridades federales han formado un frente común para “tumbar” la medida precautoria que impide la siembra de maíz genéticamente modificado en el territorio mexicano, advirtieron representantes de organizaciones civiles.