"Es necesario establecer las responsabilidades del gobierno ecuatoriano y también de otros gobiernos, así como de empresas privadas o estatales que financian la depredación de la Naturaleza y la violación de los derechos de los pueblos. Este Tribunal exige a las instituciones del Estado ecuatoriano cumplir con su misión de garantizar los derechos de las personas, los pueblos y de la Naturaleza."
