Wilfredo Ardito Vega

"El Estado peruano tiene una deuda pendiente hacia los pueblos indígenas amazónicos: garantizarles la propiedad de sus tierras. A nuestro modo de ver, esto implica también devolverles la propiedad sobre sus tierras forestales, eliminado las figuras legales que las retienen en poder del Estado."

Hace unos días, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros para recordarle un importante detalle sobre el conflicto de Cañaris: que los habitantes de esta región son indígenas y que como tales tienen derecho a ser consultados previamente sobre las actividades mineras en su territorio.

Hace menos de un año, la delegación peruana ante las Naciones Unidas promovió activamente una Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas donde se consagraba el respeto a los territorios tradicionales de los indígenas y a la participación de sus autoridades en las decisiones que les afecten, entre otros derechos políticos, sociales y culturales.