México: pronunciamiento de organizaciones ante clima de violencia, tensión y conflicto en Montes Azules

En 1972 una decisión presidencial adjudicó de forma jurídicamente cuestionable, 614 mil hectáreas de selva chiapaneca a 66 familias lacandonas, sin tener en cuenta a cientos de familias de otros Pueblos Indígenas que también habitaban ese territorio y que desde entonces permanecen en amenaza de ser desalojadas de sus tierras. Seis años después, al convertir parte de este territorio en Reserva de la Biósfera de Montes Azules, la presión para impedir la regularización de los demás pueblos de por si existentes se agudizó y su reubicación o desalojo forzoso ha sido la respuesta gubernamental ante la problemática.

En abril de 2014, se ratificó el acuerdo entre la Comunidad Zona Lacandona y la Aric Unión de Uniones Independiente y Democrática, en el que se reconoce el derecho agrario de tres poblados asentados esta región. Este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo entre las partes directamente involucradas, sin participación del gobierno, debido a la “falta de voluntad” del mismo para resolver el conflicto, afirmaron representantes de la ARIC en conferencia de prensa el 1o de mayo pasado.

Desde el pasado 28 de abril distintos eventos han ido escalando el clima de violencia, tensión y conflicto en torno de la delimitación de la llamada Brecha Lacandona y la Biósfera Montes Azules. Es preciso reconocer que las comunidades y pueblos indígenas que habitan en esta región han ido construyendo diversas propuestas e iniciativas, algunas de ellas desde hace más de 30 años, con el interés de contar con el reconocimiento legítimo de su lucha y derechos agrarios y autonómicos

Para descargar el Pronunciamiento (PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo: