Argentina: liberan a los activistas de Greenpeace arrestados en Salta
Ambientalistas podrían ser condenados a dos años de prisión por verificar desmontes: fueron indagados e imputados por "violación de domicilio"
TARTAGAL, Salta (1 de septiembre de 2004).- Los once integrantes de Greenpeace detenidos el lunes y liberados hoy podrían ser condenados a penas de entre un mes y dos años de prisión, si prospera la configuración del delito de "violación de domicilio" que el juez Ricardo Hugo Martoccia imputó a los activistas.
A partir de ahora, el juez tiene 15 días para definir la situación procesal de los imputados y decidir si los procesa o no por el delito investigado, previsto en el Artículo 150 del Código Penal (1), en el marco de la denuncia formulada por la empresa "Desde El Sur", que acusó a los activistas de haber ingresado sin autorización a tierras de su propiedad, cuando realizaban tareas de verificación de desmontes al sur de Tartagal.
"Se trata de un hecho que busca ocultar lo que está pasando en Salta con los desmontes. El gobernador Juan Carlos Romero no quiere que Greenpeace muestre lo que pasa en Salta. El desmonte de la empresa 'Desde El Sur' es el más grande que Greenpeace ha documentado en el norte. Esto se hace detrás de cortinas o en zonas muy lejanas para que nadie se entere", dijo Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina, luego de ser liberado.
"La misión de Greenpeace es dar testimonio en el lugar de los hechos, mostrando la realidad palpable en el terreno, por eso fuimos presos", agregó.
Los activistas de Greenpeace, junto con Prieto, el abogado Sebastián Cardó y un baquiano de la zona, habían sido arrestados el lunes a la noche por una comisión policial que los interceptó en plena ruta, cuando realizaban una investigación sobre desmontes.
Según informó el abogado de Greenpeace, Matías Duarte, el juez Martoccia dispuso liberar a los activistas luego de tomarles declaración durante dos horas en la sede del juzgado de Tartagal. El equipo de Greenpeace se dirigió después a la comisaría donde permanecieron detenidos a retirar sus pertenencias.
No obstante, Greenpeace consideró que la injustificada demora en disponer la liberación de los ambientalistas por la forzada configuración de un delito menor y excarcelable responde a una decisión política de acallar a los ambientalistas y criminalizar una forma no violenta, legítima y democrática de protesta cívica.
"Hay una clara intencionalidad política en el manejo de esta situación", dijo Prieto.
En este contexto, la organización ratificó la convocatoria a la caravana "Todos a Pizarro", desde Salta hasta la Reserva de Pizarro, por la defensa de la reserva y de sus habitantes, cuya partida está prevista para el próximo domingo a las 08.30 de la mañana
Los activistas detenidos son los integrantes de "Los Jaguares": Leonardo Silva, Rosario Espina, Jorge Punzi, Roxana Florelli, Ernesto Aragón, Hernán Pérez Aguirre, además del fotógrafo de la organización Fernando Font, el abogado Cardó, Prieto y un baquiano que colaboraba con el equipo de la organización ambientalista.
Desde hace un mes, los activistas de Greenpeace llevan a cabo bloqueos de topadoras en el monte salteño, en particular en la región aledaña a la Reserva de General Pizarro, que el gobernador Juan Carlos Romero desafectó para vender a productores agropecuarios.
Las acciones de Greenpeace tienen por objetivo denunciar la pérdida del bosque nativo y reclamar una moratoria de los desmontes a escala nacional, que permita poner en marcha un plan de ordenamiento territorial.
POR MAYOR INFORMACIÓN
+ Martín Prieto (director Ejecutivo, detenido en Tartagal)
011.1544946997
+ Emiliano Ezcurra (coordinador de Biodiversidad) 011.1551094104
+ Juan Carlos Villalonga (Director de Campañas) 011.1551094166
+ Oscar Soria (Director de Comunicación) 011.1554670694
+ Gonzalo Girolami (coordinador de Prensa) 011.1551090786
+ Andy Stein (editor de fotos y video): 011.1554670692, o al
011.4962.0404 (internos 120 y 122)
NOTAS AL EDITOR
(1) CÓDIGO PENAL, Art. 150. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quién tenga derecho de excluirlo.