El costo de la política de Milei: alimentos caros y productores en crisis

La cifra de la inflación de septiembre vuelve a poner en duda el capital político del gobierno nacional. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) rompió el techo del dos por ciento, como no ocurría hace cinco meses, y con una perspectiva devaluatoria postelectoral, la perspectiva de precios al alza promete acelerar. ¿Qué pasa con los alimentos? El precio de la comida acumuló un crecimiento del 22 por ciento en el año, por debajo del nivel general de precios. De un lado de la góndola, el consumo cae por falta de poder adquisitivo; del otro lado, en el primer eslabón de la cadena: los productores están en crisis con un dólar que sigue incrementando los costos —alquiler de la tierra, insumos y logística—, intermediarios que se quedan con la ganancia y una apertura de importaciones que genera competencia desleal y más disparidad de precios. 

El impacto es mayor en la agricultura familiar, campesina y cooperativa, que produce la mayor parte de los alimentos frescos que llegan a las mesas de los argentinos y a quienes el gobierno de Javier Milei tomó como enemigos: arrasó con todas las políticas de respaldo y abrió las importaciones de forma indiscriminada. La semana pasada, productores y productoras nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina protagonizaron un “Alimentazo” para decir basta a las políticas de hambre del gobierno nacional. 

Desde la Mesa Agroalimentaria denuncian que en Argentina más del 50 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza, millones de familias tienen dificultades para acceder a frutas, verduras, lácteos y carnes de calidad, y al mismo tiempo el consumo se estanca y los precios de góndola se mantienen altos por la intermediación. Como corolario: los productores reciben ingresos que no cubren sus costos. Afirman que el país se encamina a un escenario de desabastecimiento interno de alimentos frescos, con un aparato agroexportador robusto pero desconectado de las necesidades de la población. 

El precio del alimento en cifras  

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec de septiembre marcó una suba de 2,1 por ciento respecto de agosto. El salto inflacionario rompió el techo del dos por ciento que no se superaba desde abril, cuando ocurrió el anterior salto cambiario del dólar, que también impactó en el precio de los alimentos. 

En septiembre, el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” registró un incremento más moderado que el general, con un 1,9 por ciento, pero si se la contrasta con el IPC de agosto, mientras el nivel general marcó un incremento del 0,2 por ciento, los alimentos subieron por encima, con un 0,5 por ciento. 

En comparación con diciembre de 2024, los alimentos acumularon un incremento del 21,9 por ciento, según el Indec. Mientras que en la comparación interanual el precio de los alimentos se incrementó un 27,3 por ciento en relación a septiembre de 2024. Esa cifra está por debajo de la suba interanual general (31,8 por ciento). 

La agricultura familiar produce la mayor parte de alimentos frescos que llegan a las mesas argentinas. Para observar qué ocurre con los precios en ese sector, el informe “Precios de Hortalizas y Frutas” del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hace análisis de la evolución de precios en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), el mayor mercado concentrador del país. 

El informe analiza los precios ponderados de una canasta de Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) —batata, cebolla, lechuga, papa, tomate y zapallo que, en conjunto, representan 75 por ciento del volumen de comercialización— y Frutas —banana, limón, manzana y naranja, que representan el 55 por ciento del volumen comercializado—. 

En septiembre, el informe del CEPA registró un incremento del 26 por ciento en el segmento VTL en los precios del MCBA respecto de agosto, una caída interanual del 20,3 por ciento, pero con un acumulado en 2025 que se incrementó en un 46,3 por ciento. En el caso de las frutas, el CEPA registró un incremento en sus precios ponderados del 4,8 por ciento, un incremento interanual del 19,8 por ciento y un acumulado anual con una caída del 8,6 por ciento.

Se trató del tercer mes consecutivo de incrementos en los precios de verduras y frutas, según la medición del CEPA, ya que las seis especies de hortalizas más vendidas en el MCBA habían registrado aumentos intermensuales en agosto (4,1%) y en julio (4,5%); y lo mismo había ocurrido en frutas para agosto (5,1%) y julio (10,4%).   

El informe del CEPA marca una tendencia de aumento en el precio de las frutas y verduras registrada, en medio de una corrida cambiaria que promete transformarse en devaluación después de las elecciones de octubre. “Los precios están siendo arrastrados por el precio del dólar y eso es inevitable. Es la quinta vez que aumenta la nafta en el año, aumentan la luz, aumentan los insumos para la producción. Eso se traslada a precios, es inevitable”, explica Eduardo Sánchez, analista económico y responsable del informe del CEPA.

El precio del alimento, del campo a la góndola 

El analista económico del CEPA agrega otra arista: la relación entre los precios y la situación productiva. “Los productores son los que menos ganan en toda esta cadena de valor”, apunta Sánchez. En el informe de CEPA, esa diferencia es notoria con el análisis de la brecha de precios entre los precios del Mercado Central y cuatro grandes supermercados —Coto, Jumbo, Carrefour y Más Online—: la brecha entre los precios de hortalizas en el MCBA y los supermercados, en septiembre, se ubicó en 92 por ciento, mientras que en agosto había alcanzado un máximo anual del 159 por ciento.  

El coordinador nacional de la UTT y exdirector del Mercado Central, Nahuel Levaggi, agrega otros aspectos que explican por qué la magra contención de los precios impacta directamente en las espaldas de los productores: aumento del alquiler de la tierra, contracción de la demanda e importación descontrolada.  

“Para el productor la ecuación es la peor. Los precios se mantienen relativamente estables porque la gente no tiene dinero y no consume, pero los costos de producción sí vienen aumentando, porque están ligados al dólar”, explica y precisa: “Javier Milei asumió con el dólar y el precio del gasoil a 300 pesos; en la actualidad, estamos con un dólar de 1400 y el gasoil 1700; la proporción de aumento en los insumos nada tiene que ver con el incremento en los productos que se venden”. 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ofrece dos mediciones para dimensionar tanto la caída de las ventas como también la brecha entre el productor y la góndola. En el caso del Índice de Ventas Minoristas, la CAME muestra que el derrumbe se sostiene desde mayo y, en el caso de los alimentos, fue del -1,8 por ciento en septiembre respecto de agosto y del -3,1 por ciento respecto a un año atrás.  “La evolución del sector estuvo influida por la situación económica general, el aumento de costos operativos y la pérdida de poder adquisitivo”, ratifica la CAME.

La Mesa Agroalimentaria marca un análisis más crítico. Señalan que en 2024 y en lo que va de 2025 el consumo de alimentos frescos y carnes registra una fuerte retracción. El consumo per cápita de carne vacuna cayó a 47,7 kilos en 2024, el nivel más bajo en un siglo, y en marzo de 2025 se redujo otro tres por ciento interanual. En frutas y verduras, la caída fue aún más pronunciada: entre 30 y 40 por ciento menos de demanda en 2024 y descensos adicionales en 2025, con bajas del siete por ciento en supermercados y del 3,7 % en autoservicios en marzo.

El informe del CEPA aporta datos cualitativos como testimonios de operadores del MCBA para marcar la relación entre precios y producción: “Todo está muy frenado. Desde marzo que la demanda de manzanas y frutas en general se encuentra planchada, producto del deterioro salarial que está sufriendo el trabajador. Nos cuesta mucho vender”. 

El otro dato de la CAME que aporta a la situación del sector es el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), que mide la brecha entre el precio que recibe el productor en el campo y la góndola. El último dato publicado es de agosto y arrojó que los productos agropecuarios se incrementaron 4,1 veces del campo a la góndola. Dicho de otro modo: por cada 4,1 pesos que paga el consumidor, solo llega un peso al productor. Esa cifra significó un incremento interanual del 27,3 por ciento en la relación de precios. En promedio, la participación del productor explicó el 22,9 por ciento de los precios de venta final. 

Esa dispersión de precios y la diferencia entre la góndola y la realidad del productor puede graficarse con otro dato. El informe del CEPA señala que de las seis hortalizas analizadas, en septiembre, la lechuga fue una de las dos que deprimió su precio con una caída del 29 por ciento. En góndola, el kilo de lechuga también cayó (33 por ciento) y en los supermercados se comercializó a entre 2.032 y 3.699 pesos el kilo, mientras que a los productores del cinturón del cordón hortícola de La Plata, según consultas de Tierra Viva, les pagan 1.500 pesos el cajón de doce kilos. 

“Mucha producción se está tirando. No se está pudiendo vender por la baja del consumo. La baja de los productos, en particular los frescos, se siente en todo el país. Días atrás, en Santiago del Estero, en Colonia El Simbolar, un productor de UTT tuvo que pasar la rastra a toda una producción de zanahoria por no tener dónde venderla. Esto pone en peligro la próxima temporada, porque no tiene el margen para reinvertir”, suma como ejemplo Levaggi. 

Dora Leidy Ortiz, presidenta de la Federación Alta Red —que coordina desde una nave del Mercado Central la relación entre productores agroecológicos y cooperativos de todo el país con ocho comercializadoras— aporta otro ejemplo: “La suba de precios en frutas y verduras viene golpeando muy fuerte a todo el circuito, desde el productor hasta el consumidor. En el Mercado Central, Alta Red ocupa un galpón de 600 metros cuadrados, donde la caída del consumo se nota: cerraron muchas verdulerías, se nota poco movimiento a comparación de años atrás o antes de este Gobierno. Los jueves y viernes, al mediodía, se ve cómo se tira mercadería; da tristeza".  

“La dinámica de precios está en una paz de los cementerios. ¿Te baja la inflación? ¿A costa de qué? A costa de que no se consuma. A costa de que los productores tiren la mercadería porque no tienen a quién vender”, sentencia Sánchez.

¿Qué resolvió la importación?

El informe de CEPA califica como “difuncionalidades económicas” lo que ocurre con el modelo de precios de Milei. El ejemplo de este año es el tomate: con una variación acumulada de 346 por ciento en su precio, productores nacionales tirando mercadería por no poder colocarla en el mercado y una fuerte importación desde Bolivia. 

La presidente de la Federación Alta Red describe el panorama que vivieron con los productores tomateros del norte del país. “Los compañeros de Jujuy nos decían: ‘Tenemos un montón de tomate y no nos están comprando’. Pero, claro, el cajón de Bolivia llegaba a 4.000 pesos, mientras el productor jujeño tenía solo 2.000 pesos de costo en el cajón de madera para el empaque. En agosto-septiembre había mucho tomate en Jujuy, pero por el cambio de temporada en el resto del país se decidió importar de Bolivia en lugar de apostar a lo local". 

La apertura de importación descontrolada, que el Gobierno de Milei habilitó desde el inicio de su gobierno como supuesta herramienta para bajar los precios, evidencia su irracionalidad. “Cada fruta o verdura que ingresa es una menos que venden un productor local”, analiza Levaggi.  

El analista económico del CEPA agrega: “El Gobierno vendió la apertura de importaciones como un modelo en el que el productor se iba a inclinar a mejorar el precio para competir con los productos que venían de afuera. Pero en una economía como la argentina, con restricción externa y precios en dólares, inevitablemente el costo de logística, de empaque, de insumos aumenta. ¿Le vas a pedir a un productor de Salta o Buenos Aires con una hectárea de tomate que salga a importar plástico para abaratar el embalaje?”.

Y cierra respecto del modelo importador: “Si vos querés generar una competencia, le tenés que dar al productor herramientas para que pueda competir. Y la realidad es que la apertura de importaciones no está ayudando a que se bajen los costos de producción y eso le pega directamente al productor. Produce que los pequeños productores abandonen la actividad y la dejen en manos de grandes empresas con capacidad de importar o comprar local en grandes cantidades. El modelo va cambiando al jugador del mercado”.

La desplanificación del agro, una constante que Milei profundiza  

Este rumbo profundiza la concentración de tierras y capital, expulsa a los pequeños productores, deteriora el ambiente y compromete la soberanía alimentaria. Es el resumen que hace la Mesa Agroalimentaria. A esto se le agrega el desmantelamiento de programas como Cambio Rural o ProHuerta, la eliminación de fondos de fomento y del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci) y el desguace del INTA, que fue resistido por las organizaciones de la Mesa Agroalimentaria y los gremios del sector.  Otro informe de CEPA sobre Ejecución Presupuestaria deja a las claras la paralización que atraviesa el INTA con un recorte del 38 por ciento en las partidas para el organismo durante los primeros nueve meses de 2025. 

Frente a esto, las organizaciones de la economía social juegan un rol clave frente al abandono del Estado y la lógica de mercado. La presidenta de la Federación Alta Red sostiene que, frente a la disparada de los costos, la respuesta es un “trabajo colectivo con el productor para amortiguar todo lo posible el impacto a precios y responder a la demanda y no perder el vínculo con los consumidores".

"Es un trabajo en red: hablamos con los productores, proyectamos la cosecha y la distribución, vemos los precios que está manejando el mercado y pensamos el precio para que el productor no pierda, vemos las formas de llegar a un precio justo", explica y ejemplifica: un cajón de manzanas que en el Mercado Central se vende entre 35.000 y 45.000 pesos, Alta Red lo ofrece a las comercializadoras que integran la federación a unos 28.000 pesos. 

No se trata solo de calcular los costos sin una perspectiva netamente comercial, sino también de planificar. Un ingeniero agrónomo de la Federación viaja a visitar a los productores; la red acepta medidas de manzana que no entran en los cánones de los grandes exportadores y luego unifican los envíos de productores en cámaras y fletes. “Buscamos fortalecer a las organizaciones, mantener el contacto con los productores, promover las compras colectivas y seguir apostando a la economía social y solidaria porque es la manera de resistir y cuidar el acceso al alimento sano y el trabajo de cada familia. El Gobierno tendría que hacerlo, pero nosotros nos encargamos también de ese trabajo de hormiga", reivindica Ortíz. 

Levaggi sostiene que “para bajar el precio de la fruta y la verdura hay que cambiar el modelo”. Considera que “en la política real hay urgencias que dejan atrás” esa tarea, que hace que un paquete de lechuga viaje 400 kilómetros, en lugar de ser producido en cada localidad, como ocurre con modelos como los de las colonias agroecológicas.

Plantea cuáles serían los tres puntos clave para una futura política pública de producción y abastecimiento que alimente y baje los precios: “Planificación y fomento de la producción local en función del abastecimiento y la oferta estable. Achicar los canales de comercialización, que significa mayores mercados de proximidad y mercados concentradores; y descalce del dólar, que significa un cambio del modelo tecnológico y un avance de la agroecología con biofábricas y semillas propias”. 

Sánchez pone otro ejemplo para ver cómo la falta de planificación impacta en los precios. Argentina es uno de los principales exportadores de limón a nivel mundial. Sin embargo, entre junio y julio tuvo que importar limones de Egipto, debido a un proceso de caída de las hectáreas cultivadas que, en tiempos sin cosecha, no alcanza para abastecer las industrias de productos elaborados para la exportación, a la que se destina el 80 por ciento de lo producido en el país, mientras que solo el 20 por ciento se destina al mercado local. Esos desajustes provocan que el limón, a pesar de haber caído en su precio durante el año, se esté vendiendo un 85 por ciento más caro que en septiembre del año pasado. 

“No hay una política de producción planificada que te permita contar con una producción dedicada a la exportación e industrialización y abastecer al mercado local. Con una política planificada podés pensar en abastecer al mercado interno, mejorar los costos, bajar los precios; y luego pensar la exportación, no del producto primario, sino con industrialización: con lo que generás trabajo, mejorás los salarios y ponés en marcha el sistema científico para mejorar los procesos”, plantea Sánchez.

Fuente: Agencia Tierra Viva