Honduras: gremios empresariales y la campaña insidiosa contra defensores de la madre tierra

Idioma Español
País Honduras

La Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable (AHER) en las últimas semanas ha emprendido una campaña de desprestigio en contra de defensores de la madre tierra, cargada de un odio visceral contra los que ellos dicen se oponen a la instalación de proyectos de supuesta energía renovable. 

El tono de las acusaciones nos hace recordar la cacería de brujas desatada en la década de los 80 del siglo pasado, cuando los reclamos sociales eran categorizados como actitudes subversivas.

Para colmo de males, el pastor y ministro de la presidencia Ebal Díaz, declaró a los medios de comunicación que “que podría existir una estrategia de fuerzas ideológicas del extranjero para boicotear la economía nacional”, dando entender con sus declaraciones un posible retorno a las prácticas de hostigamiento hacia la población civil que rechaza la destrucción de los hábitats funcionales de sus comunidades, tal como esta sucediendo en este momento con los habitantes de Guaipinol y de otras zonas del país, que se encuentran en la mira de los empresarios con intereses en la implementación de proyectos extractivos.

La campaña desatada por la AHER, señala que la actitud de defensa de la madre tierra asumida por las comunidades tiene paralizada la inversión de 265 millones de dólares. La directiva de la AHER, la Sra. Elsía Paz solicitó al gobierno “garantizar la paz en las zonas donde se desarrollaran los proyectos hidroeléctricos”, agregó además “solicito a los organismos internacionales que antes de financiar grupos organizados de violencia, audite las zonas a través de una debida diligencia de campo”.

Es muy probable que las señora Paz crea que los informes provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe de la relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra. Vicky Tauli Corpus, y el de Global Wittness, entre otros, tiene el propósito de “tragiversar” la calamitosa situación que atraviesan comunidades indígenas y campesina que defienden sus territorios y formas de vida (ver aquí).

La sra Paz en febrero del año pasado en un  tweet dirigido a Juan Orlando Hernández señaló a la Fiscalía de las Etnias como una amenaza.  Paz además acusó en marzo del presente año, el abandono del país de empresarios del rubro de la energía, ante el proceso en contra del egresado de West Point, el Sr. Roberto Castillo procesado por el asesinato de Berta Cáceres.

Es indudable que se viene dando una ofensiva en contra de la líder asesinada Berta Cáceres y de organizaciones indígenas y ambientalistas defensoras de sus territorios y la madre tierra, con el propósito de lograr desvincular a militares y empresarios involucrados en el asesinato.

Los miembros de la AHPER poseen una visión desfasada en cuanto a la viabilidad de sus proyectos ya que descartan los efectos del cambio climático y la muy posible disminución de precipitaciones pluviales especialmente en las zonas centro y sur del país. El Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL han efectuado proyecciones sobre las consecuencias del cambio climático en la producción de energía hidroeléctrica en América Latina.

Definitivamente el siglo XXI es el de la energía solar y eólica. Tanto las termoeléctricas como las hidroeléctricas son formas obsoletas de producción de energía. Casos come el desplome en Laos de la represa Xepian-Xe Nam Noy, acontecida el pasado julio, y la actual crisis de Hidroituango en Colombia, son indicadores de los enormes riesgos que representan las hidroeléctricas.

La AHPER envió una misiva al Congreso  Nacional el pasado 12 de septiembre, en la cual exigen a los diputados que se “acelere la discusión y aprobación del anteproyecto de Ley de Consulta”, elaborado por el Estado y el PNUD; documento que ha sido fuertemente criticado por la relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, la Sra Vicky Tauli-Corpuz, la cual fue enfática en señalar en sus observaciones sobre el anteproyecto, que no se apega a estándares internacionales en materia de derecho indígena (ver aquí).

Todo parece indicar que los integrantes de AHPER claman por el derramamiento de sangre con el propósito de aterrorizar las comunidades. Parece ser que el asesinato de Berta Cáceres y otros lideres y liderezas es insuficiente y en nombre del desarrollo reclama al estado ofrendar más víctimas.

Rechazamos y condenamos esta criminalización y estigmatización de los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.

¡Defender la naturaleza es defender la vida!

Fuente: OFRANEH

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

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