México: Comunidad indígena de Mezcala denuncia apropiación ilegal de sus territorios comunales y forestales
La comunidad indígena de coca de Mezcala de Asunción, en el lago de Chapala, Jalisco, denunció la situación que ha vivido desde que el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó ilegalmente de 10 hectáreas de sus territorios comunales y forestales en 1999.
Hasta hoy(2/09), no ha habido una resolución que detenga los atentados en contra del patrimonio territorial, ya que las acciones realizadas por Moreno Ibarra han sido respaldadas por las autoridades del municipio de Poncitlán, de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Agraria, entre otras.
El empresario ha desmontado área forestal, construido una mansión cercada con una valla eléctrica, y creado una brecha exclusiva para la circulación de sus vehículos, así como desviado el cauce de los ríos.
Por ello, en el 2011, la Asamblea de Comuneros de Mezcala ordenó desmontar un panel solar que Moreno Ibarra había instalado en su territorio, y así poder montarlo en la Casa Comunal. Ante esto, Moreno Ibarra y sus colaboradores denunciaron ante el ministerio público de Poncitlán, Jalisco, un robo en contra de Rocío Moreno y cuatro miembros más de la comunidad, los cuales no fueron citados para una averiguación previa.
Los acusados fueron castigados con órdenes de aprehensión, hasta que pagaron una fianza y salieron libres bajo caución. Sin embargo, el 27 de mayo pasado una nueva sentencia de dos y tres años prisión fue dictada a los integrantes de la comunidad, además de una multa de 10 días de salario mínimo.
“El día de hoy, fue presentada en Audiencia la apelación en contra de infundada e inmotivada sentencia, cuyos agravios versan sobre las violaciones cometidas al debido proceso y la no aplicación del Protocolo para los casos donde se involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, así como de los tratados y convenios internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Actualmente la causa penal de apelación se encuentra en la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco”.
La comunidad expuso su denuncia a través del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
La comunidad indígena exigió a los magistrados de la Sexta Sala que resuelvan los casos por medio del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, y que impartan la justicia a los miembros, además de darles la oportunidad de recuperar el territorio.
Fuente: Ojarasca