Suplemento Ojarasca N° 196

A lo largo de la historia que podemos contar, vemos que la invasión a las comunidades indígenas no ha disminuido, al contrario, va en aumento; sólo han cambiado las formas. En un principio llegó la cruz junto con la espada y fuimos aceptando poco a poco, sin darnos cuenta, la entrada de una cultura que nos domina, que nos impone sus leyes, sus costumbres, su educación y la explotación de los recursos naturales.

Nada es casualidad en la actual embestida contra los territorios de los pueblos indios en México. Se hicieron con tiempo las leyes para perpetrar el despojo; y ahora se promueven conflictos intercomunitarios para dividir a la población; se organizan consultas amañadas e ilegítimas; el capital trasnacional impone sus reglas al Estado; las empresas constructoras llegan invariablemente custodiadas por fuerzas policiacas e incluso por el ejército, pues solas, lo saben, no podrían introducir la maquinaria con la que depredarán un bosque, realizarán la perforación de una mina, desviarán el agua de un río o se robarán el viento.

Estamos presenciando la peor ofensiva contra los pueblos indios en toda la historia, que en realidad es contra la nación entera, pero como es en sus territorios donde se encuentran los recursos naturales, tan de ellos, es ahí donde se concreta la barbarie que viene con el anuncio del “progreso”.

El capital, ni hablar, sí tiene un manual. Un recorrido por algunos estados de la República permite ver lo rudimentario de las estrategias empresariales y de los gobiernos de cualquier filiación. Las implicaciones son macroeconómicas, pero los operadores inician el trabajo de casa en casa, ofreciendo espejitos por oro. Rupestres.

En la misma semana dos historias ejemplificaron el escenario de la confrontación inducida. En Real de Catorce, San Luis Potosí, y en Tepoztlán, Morelos, se pretenden imponer dos proyectos. En el primero las minas y en el segundo una carretera. En ambos lugares les ofrecieron a los lugareños 150 pesos por su beneplácito y por crear un grupo adversario al que se opone al proyecto. En Catorce son los empleados de la mina los que van casa por casa para convencerlos; en Tepoztlán, los trabajadores de la constructora Tradeco son los que “contratan” a gente de dentro y de fuera del poblado para que digan “sí a la autopista”.

Suplemento Mensual Número 196, Agosto 2013 (leer online)

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Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Pueblos indígenas

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