Perú

Los indígenas del pueblo Awajún y Wampis del distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, resistieron, una vez más, a un presunto nuevo intento de invasión minera de la compañía Afrodita SAC en la Cordillera del Cóndor.

La comunidad nativa de Masenawa viene luchando para conseguir la ampliación de su territorio comunal y asegurar la protección de los bosques y su biodiversidad, a pesar de la oposición manifiesta de la municipalidad distrital de Madre de Dios, (Manu) que estaría apoyando a los mineros ilegales que están invadiendo estas áreas ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri.

La Contraloría General de la República determinó que los funcionarios y exfuncionarios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) incumplieron sus funciones de fiscalización ambiental “a las operaciones agrícolas de alta intensidad”.

Los efectos de la minería ilegal en la Amazonía peruana se han visto muchas veces con la ayuda de las imágenes satelitales, pero esta es la primera vez que un equipo de investigadores utiliza esta tecnología para analizar los efectos de esta actividad ilícita en las aguas de los ríos de la cuenca del Madre de Dios.

En geografía siempre prestamos especial atención a la localización de los objetos y las acciones en el territorio. Existe un consenso de que todas las actividades humanas (acciones) generan impactos positivos y negativos a distintas escalas y grados en el territorio y el ambiente. Es crucial por esta razón, empezar respondiendo, a la pregunta planteada en el título de este artículo.

Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, visitó Perú y comprometió al Gobierno a adoptar un mecanismo multisectorial para la protección de las personas defensoras.

Bajo el sol que calienta los arenosos bosques secos del distrito de Catacaos, en Piura, una comitiva de las Naciones Unidas, encabezada por el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, hizo un recorrido para conocer la realidad de la comunidad campesina San Juan Bautista que denuncia haber sido despojada de casi 10 mil hectáreas de sus tierras por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

Tras varios años de juicio, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco, presidido por la jueza Lisbeth Yépez Provincia, finalmente resolvió absolver a los diez defensores ambientales de la provincia de Chumbivilcas que venían siendo investigados y acusados por las protestas frente a la empresa minera Anabi entre el 2011 y 2012.