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Una buena parte de las inversiones que llegan a nuestro país se orientan hacia los agronegocios; el modelo extractivista, agroexportador, es la base del crecimiento económico, pero conlleva el problema de una limitada generación de mano de obra ocupada, el desplazamiento de poblaciones rurales hacia zonas suburbanas, y negativas consecuencias medioambientales.

Nosotras, nosotros y nosotres, militantes y personas aliadas de la Articulación de Diversidades de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – La Vía Campesina (CLOC-LVC), reunides en nuestra Primera Asamblea Continental el día 2 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, levantamos nuestra voz para proclamar un momento histórico en la lucha campesina, indígena y popular de Nuestramérica.

El Informe sobre la Desigualdad Mundial 2026 (WIR 2026) es la tercera edición de esta emblemática serie, tras las ediciones de 2018 y 2022. Estos informes se basan en el trabajo de más de 200 académicos de todo el mundo, afiliados al Laboratorio Mundial sobre la Desigualdad y que contribuyen a la mayor base de datos sobre la evolución histórica de la desigualdad mundial. Este esfuerzo colectivo representa una contribución significativa a los debates mundiales sobre la desigualdad. 

La digitalización de la agricultura ya es un hecho: las Big Tech trabajan con las corporaciones monopólicas del agro y están impulsando una datificación en el sector rural sin precedentes. Las comunidades campesinas e indígenas exigen protección y seguridad en relación a sus saberes, datos y modos de producción. ¿Se pueden introducir tecnologías digitales en los campos que respeten los derechos campesinos y promuevan la soberanía alimentaria?

"Comprender el extractivismo no puede limitarse a producir papers o mapas: implica adentrarse en los sentidos, narrativas y afectos que hacen ciertos modelos de desarrollo se acepten como inevitables. En Argentina, la narrativa agroindustrial dominante sostiene que la expansión de la soja, los hidrocarburos o el litio sirve para alimentar a millones y garantizar el progreso económico. Sin embargo, en la práctica, estas políticas suelen dejar tras de sí comunidades enteras en situación de precariedad, desplazamientos, contaminación y despojo de bienes comunes. Lo que se presenta como un bien general se traduce, en realidad, en daños concentrados sobre los sectores más vulnerables".

Desde las tierras de Emiliano Zapata, México, en el marco del Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo los delegados, las delegadas y delegadas de 21 países: expresamos nuestra solidaridad con la lucha por tierras del campesinado en Paraguay y en particular de las campesinas y campesinos de la Coordinadora Interdistrital de San Pedro Norte, que este momento atraviesa una criminalización por querer acceder a unas tierras que el Estado paraguayo ha incautado al narco ‘Cabeza Branca’, actualmente preso en Brasil. 

La intención de eliminar o debilitar los Derechos de la Naturaleza en la Constitución del Ecuador, expresada en declaraciones oficiales que señalan que la Constitución debe “adecuarse a la realidad productiva”, que los Derechos de la Naturaleza “impiden el desarrollo”, “frenan la minería”, “frenan la inversión” o “paralizan la economía”, desnudaron la tensión estructural entre un modelo constitucional basado en el Buen Vivir, la protección de la vida y la integridad ecológica, y un modelo económico dependiente de la extracción de minerales, petróleo y otros bienes naturales.

La Patagonia cuenta con viento, agua y tierra óptimos para la producción de hidrógeno verde y derivados y eso la convierte en un territorio disponible para una nueva aventura del capital. La carta de presentación es la descarbonización del transporte y de la industria para enfrentar el cambio climático; sin embargo, en los territorios se traduce en concentración productiva y extranjerización de la propiedad de la tierra.

"El informe, advierte que la contaminación del agua, la inexistencia de controles ambientales y la operación irregular de empresas extractivas en la zona amenazan derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, la salud e integridad de las comunidades, así como los derechos territoriales del pueblo indígena poqomam".

Los relatores recuerdan que “el derecho internacional es claro: los Estados tienen soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo por encima de su territorio. Cualquier medida que busque regular, restringir o ‘cerrar’ el espacio aéreo de otro Estado constituye una violación flagrante de la Convención de Chicago”.