México: El relato de los relatores de la ONU sobre responsabilidad de empresas y derechos humanos

Por invitación del gobierno mexicano los Sres. Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, visitaron nuestro país del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. Su propósito fue “evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales para los derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para Proteger, Respetar y Remediar”.

Su evaluación requirió diálogos con sectores del gobierno, empresariales, grupos de la sociedad civil y también la representación de grupos y personas afectadas por la actuación de empresas y gobiernos. La REMA participó en estos encuentros con grupos sociales y colectivos de base, con la cada vez más magullada esperanza de abrir otras pequeñas ventanas que nos ayuden a terminar con la desenfrenada impunidad y la violación recurrente no sólo de los derechos humanos, sino del propio marco legal que a las empresas y al gobierno les compete cumplir y acatar de forma obligatoria, lo cual implicaría no solo su reconocimiento, sino su respeto y, en consecuencia, aplicaría la rendición de cuentas y la procuración de justicia.

Consideramos que las reuniones realizadas en buena medida fueron falsos espacios para el debate; “sobre las iniciativas en curso y los retos derivados de la armonización de las políticas y prácticas existentes con los Principios Rectores”. Se trata de espacios falsos porque buscan la aplicación de códigos voluntarios, cuando las violaciones que generan empresas y gobiernos las sufren involuntariamente personas en carne y hueso; falsos porque piden subyugarse al respeto de códigos “éticos” a quienes carecen no sólo de ellos, sino de la sensibilidad más elemental; falsos porque los integrantes del grupo de trabajo de la ONU asumen y promueven posturas como si fueran a concretarse en mandatos universales, cuando en realidad no se cumplen las condiciones mínimas para establecer un diálogo respetuoso con los afectados, pues vienen a las prisas, dicen que revisarán la información que se entrega en documentos -la cual definitivamente no se refleja en absoluto en sus informes-, y por si fuera poco, “democratizan” la participación a través de formatos ajenos a los sentires que les demandamos compartir, lo cual ratifica el acrecentamiento de esta soledad y abandono del estado de derecho en el que vivimos las resistencias y luchas de los pueblos en México, en Latinoamérica y en el mundo.

Ciertamente no esperábamos un informe fuerte y categórico que estuviera en congruencia con las gravísimas violaciones a los derechos humanos que desde hace varios años sufrimos en México, pero sí nos sorprendió tal nivel de delicadeza diplomática y condescendiente, pasando por alto la represión y olvidando a las y los desaparecidos, asesinados y habitantes enfermos, además de los ecosistemas hechos pedazos por las empresas y solapados por las instancias de gobierno. En contraste, en su análisis prácticamente se concluye que las causas de este desastre son la falta de consulta y la no alineación o como dicen, “armonización” de las leyes para que entonces, tanto gobierno como empresas apliquen los principios rectores con los que las empresas se portarán cómo debe ser, se acabará la impunidad y no habrá más violación a los derechos humanos, como si el problema básico se tratase de una armonización técnica jurídica y no de violadores sistemáticos de derechos, leyes y procedimientos.

No nos escucharon cuando les dijimos que no queremos este modelo económico de desarrollo porque nos está despedazando la vida social y está acabando con los bienes naturales, y por ello no se trata de fomentar procedimientos para convencernos de manera “previa, libre e informada”. Ciertamente nuestras denuncias y señalamientos expresaron el no respeto de nuestro derecho al consentimiento o no de sus proyectos que pretenden el despojo de nuestros bienes naturales, pero ello no significa que estuvimos solicitándoles la consulta como solución, por el contrario, hicimos énfasis en que hemos asumido lo que dice nuestra constitución, las leyes y los convenios y declaratorias internacionales: el pleno ejercicio del derecho que tenemos a la libre determinación, por lo tanto, nosotros somos quienes estamos realizando nuestras consultas, nuestras asambleas, justo para evitar que ahora, con la moda y el auspicio de los principios rectores, estos gobiernos y empresas violadores de derechos, impongan mecanismos y procedimientos a modo como ya sucede en muchos países, además de lo vivido ya en algunos lugares de nuestro país. Indigna que personas con el nivel de cobertura y medios a su alcance, como los integrantes del grupo de trabajo mencionado, en vez de levantar la voz y brindar un pulso crítico, autónomo y fuerte de lo que constatan, sean temerosos y sumisos ante el nivel de violencia que vivimos y elijan a la retórica de manera insustancial para afirmar que ahora los pueblos son quienes requieren ser consultados y las leyes deben ser “armonizadas”.

Presentan un informe de 108 puntos en donde prevalece esta “práctica compasiva” del buen lenguaje; de la solicitud respetuosa tanto para las empresas como para los gobiernos quienes se caracterizan por ser esencialmente irrespetuosos; pretenden hacernos creer que el “ejercicio inadecuado de la diligencia en los derechos humanos” por parte de las empresas y el gobierno, es la causal de la violación de los mismos. Han descendido al nivel propio del encubrimiento discursivo de los funcionarios electorales. Lamentamos que este tipo de instancias de la ONU hayan dejado de operar como verdaderos actores de vinculación y denuncia para los pueblos y sirvan para contrarrestar un poco la terrible asimetría que enfrentamos contra el poder empresarial y gubernamental, por el contrario, se han vuelto otro intermediario del proceso que vivimos, en donde la paz, el respeto de los pueblos y el buen vivir pueden ser negociados o “armonizados” desde arriba.

Es insultante y oneroso, no sólo por lo que este simulacro cuesta en términos de dinero, sino por lo que cuesta a nuestros pueblos en términos de ocultamiento, complicidad y legitimando el atropello en el que ni siquiera buscan reparar. Su papel de “evaluar” es ya anómalo, y así han dejado de ser una pequeña esperanza para los pueblos, mientras gobiernos y empresas se mofan de sus conclusiones porque saben que -aún aplicándolas a plenitud-, el saqueo, el despojo, el desplazamiento de poblaciones y la diversidad de crímenes inherentes a todo ello seguirán impunes y legitimados porque atendieron a cabalidad las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU.

Así, dedican más tiempo en citar las buenas prácticas del legislativo y las virtudes de nuestra constitución, como si nosotros no conociéramos y sufriéramos su alcance real. Hablan de México como el campeón en firmar tratados y convenios internacionales que garantizan los derechos humanos, al mismo tiempo que desaprovechan un espacio vital dentro del informe para denunciar las desgracias sistémicas que vivimos y omiten recomendar, encomendar o pensar en cómo abonar a procesos fuertes de vinculación legal y de rendición de cuentas, porque una buena parte de su principal apuesta es la implementación de los “principios voluntarios y de concientización de los dueños y directivos de las empresas”.

El grupo de trabajo no le informa al gobierno y a las empresas lo que nosotros a ellos estuvimos notificándoles de forma presencial y escrita; por el contrario, les sugieren, proponen e incluso felicitan a sectores de gobierno y empresas “por haber asumido los principios rectores”, como lo citan en el caso de la CNDH, lo cual contrasta terriblemente cuando en el informe se mencionan preocupados por las “presuntas” violaciones humanas, lo cual claramente muestra que no nos escucharon como tampoco nos creyeron, porque al parecer, para que ellos no las consideren “presuntas” violaciones, debemos llevar a las y los muertos, a las y los desaparecidos o el acta de denuncia presentada a pesar de señalarles lo riesgoso de hacerlas ante ministerios públicos abiertamente vinculados con el crimen organizado.

Retoman 6 -de los mal llamados por otros actores-, “casos emblemáticos”: Parque eólico, Siembra de Soya genéticamente modificada (son cuidadosos y no usan la palabra transgénica), Autopista Toluca-Naucalpan, Proyecto Acueducto; y de los ríos Sonora y Santiago, además de citar casos relacionados con Derechos Laborales, el Trabajo Infantil, Trabajo con Discapacidad, Discriminación por motivos de Género, Defensores de los Derechos Humanos, todos sin duda inherentes en mayor o menor medida al actuar de empresas y gobiernos. De cada uno hacen una descripción que acaba siendo un mero ejercicio de síntesis documental de lo que a caudales conoce el gobierno, las empresas y nosotros como afectados.

En ese contexto, pareciera que nosotros algo hicimos mal por ser incapaces de mostrarles los problemas y casos que sufrimos en cada comunidad, o de plano estuvimos hablando ante un aparato o grupo que literalmente se dedica a mediar desde la asimetría de poderes, para que las empresas y los gobiernos “mejoren” sus prácticas de saqueo y que éste no sea tan burdo y tan agresivo, lo cual desde nuestro particular punto de vista es política y éticamente incorrecto. No es posible que un informe de este tipo no muestre pistas nuevas para que las resistencias y los defensores continuemos luchando por acabar con la impunidad y nos apeguemos a la legalidad.

En ese contexto, no nos extraña que el referido “Grupo de Trabajo” de la ONU haya sido invitado por el gobierno mexicano para hacer lo que hizo. Su informe es uno de los informes más frustrantes que hemos tenido a la mano: nada de minería, de fracking, de petróleo, del despojo en Atenco, nada, ni una sola línea de fuerza que por lo menos nos proporcione un sendero por el cual caminemos a la par de los trayectos que ya hemos transitado. Solo hay recomendaciones/relatos para armonizar urgentemente los principios rectores de carácter voluntario, empujar mecanismos de consultas “amañables y funcionales” como procedimientos para que las empresas continúen obteniendo certificados de “industria limpia”, logren ser aceptados en “el estándar de oro libre de conflictos” o les permitan seguir recibiendo los ridículos premios de “responsabilidad social corporativa” por sus buenas prácticas. De colofón sugieren que las empresas y los gobiernos establezcan “mesas de diálogo” con los afectados, como si ello no fuera un terreno explorado por las resistencias, aun y a pesar de las asimetrías de este sistema hegemónico de despojo.

Los pueblos e integrantes de la REMA ni queremos ni requerimos ni necesitamos “mecanismos adecuados de consulta”, porque nos oponemos a la imposición de un modelo extractivo que atenta contra la vida.

• REMA exige total respeto a la libre determinación, autonomía y autogestión de los pueblos, todos reconocidos en nuestra carta magna y en los tratados internacionales.
• REMA objeta contundentemente que el grupo de trabajo de derechos humanos y empresas recomiende a gobierno y a las corporaciones que “armonicen leyes” para la implementación de los llamados códigos voluntarios, de principios rectores, de responsabilidad social corporativa o de cualquier ocurrencia basados en el comportamiento de su “conciencia de ética y moral”. Quienes asesinan y violan derechos carecen de ello, por lo tanto, y en contrasentido, continuaremos esforzándonos por trascender en procesos para llevar a los dueños y directivos de las empresas y a los corruptos representantes del gobierno a la rendición de cuentas, para de una vez acabar con la enferma visión de que lo único que pueden esperar los afectados es la “restitución de daños” o la desvergonzada política “del que contamina paga”.
• REMA exige que los integrantes de grupos de trabajo o relatores especiales de la ONU relacionados con el quehacer de los pueblos y los derechos humanos, pierdan el miedo e integren recomendaciones libres y fundamentadas que busquen acabar con la impunidad y no sean cómplices de las políticas de simulación que hablan del respeto a los derechos humanos pero que en realidad ocultan el posicionamiento de comportamientos de la verdadera conciencia empresarial.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS!

Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA-

Fuente: Movimiento Mesoamericana contra el Modelo Extractivo Minero (M4)