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Autor Elizabeth Bravo Idioma Español Pais Ecuador Publicado 16 junio 2017 11:03

Vulnerabilidad y marginalidad a un año del terremoto de Manabí, Ecuador

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"El 16 de abril 2016, la provincia de Manabí y Esmeraldas sufrió un terremoto de magnitud 7.8 que dejó 670 fallecidos y decenas miles de damnificados. No todos los seres humanos tienen igual acceso al agua, a la tierra o a un hogar digno; no tiene igual acceso a los recursos y oportunidades, ni están igualmente expuestos a los mismos peligros, aun cuando todos enfrenten un mismo fenómeno natural".

El 16 de abril 2016, la provincia de Manabí y Esmeraldas sufrió un terremoto de magnitud 7.8 que dejó 670 fallecidos y decenas miles de damnificados. Esta zona sufrió en el siglo XX, cuatro grandes eventos sísmicos: 1906 (8.8 con tsunami); 1942 (7.8 grados), 1958 (7.7 grados), 1979 (8.2 grados), 1998 (7.1 grados); es decir es un zona de alto riesgo.

En escenarios de desastres y en el post-desastre, el poder marginaliza a los más marginalizados, y fortalece a los que detectan el poder.

Hay varios procesos sociales que determinan quién está más expuesto a riesgos y quién es más vulnerable: donde vive o trabaja una persona, en qué tipo de edificación vive, su nivel de protección, preparación, información, riqueza y estado de salud. Estos factores incidirán en su capacidad, no sólo de ser más o menos víctima de una desastre, pero también de cómo afrontarlo. El grado de vulnerabilidad depende también de la clase, el género, la etnia y en algunos casos, la religión.

No todos los seres humanos tienen igual acceso al agua, a la tierra o a un hogar digno; no tiene igual acceso a los recursos y oportunidades, ni están igualmente expuestos a los mismos peligros, aun cuando todos enfrenten un mismo fenómeno natural (en este caso, un terremoto).

Los problemas que viene arrastrando una localidad se exacerban en condiciones de desastre. En Manabí el problema del acceso al agua se exacerbó con la ruptura de los sistemas de agua en los días posteriores al terremoto. Por otro lado, dado que esta es zona con fuertes variaciones climáticas (largos periodos de sequía y fuertes inundaciones), las lluvias de alta intensidad que se vivieron en días previos al terremoto, hizo que se desbordara la represa Poza Honda, lo que agravó los efectos del terremoto. La rápida urbanización aumenta el número de personas en riesgo frente a un fenómeno natural, por eso, el mayor número de muertos se dio en la ciudad de Manta, la más poblada de la región, a pesar de que no estuvo en el epicentro del sismo.

Manabí es una provincia de grandes desigualdades. Coexisten los grandes empresarios atuneros, con un 76% de la población con necesidades básicas insatisfechas. Hay muchas poblaciones que aun antes del terremoto no tenían acceso al agua potable, y que para proveerse del líquido vital tenían que comprar de tanqueros. A raíz del terremoto, unas 70 mil personas se quedaron sin hogar y el destino de ellas varió de acuerdo a su grado de vulnerabilidad.

Los grupos más marginales (recolectores de basura, personas sin cédula de identidad y con hijos no registrados y que no forman parte de un tejido social que pueda darles acogida) se asentaron en campamentos improvisados en la vera de los caminos o en el borde de las ciudades sin ningún tipo de servicios básicos. Viven de donaciones que les entregan algunas instituciones de caridad, pero bajo condiciones muy duras. En estos asentamientos se generan liderazgos improvisados que controlan el destino de quienes llegan a estos lugares.

Luego del terremoto, 33 mil personas se asentaron en 32 albergues oficiales y aún hay un familias que siguen ahí. Prefieren no acogerse a otras modalidades de apoyo ofrecidas por el Estado o por agencias de cooperación, con la esperanza de que se les dé una casa nueva en algunos de los reasentamientos. Cuentan con servicios básicos y atención médica y psicológica. Muchos de las familias no quieren dejar los albergues porque se sienten cómodos con todo lo que reciben del Estado.

Hay otro grupo de personas, con mayor tejido social que se beneficiaron de un “bono de acogida”, que es un subsidio que se entrega a quienes recibe a sus familiares o vecinos damnificados. Otros han optado por el “bono de alquiler” y los que sus casas sufrieron daños menores recibieron un “bono de reconstrucción”, pero sólo se beneficiaron de este subsidio quienes tenían títulos de propiedad. Éstos son grupos menos vulnerables porque cuentan con una base de apoyo, y tienen un lugar a donde ir.

Si bien la “marginalidad” se produce cuando ciertas poblaciones son empujadas a zonas peligrosas, el mercado y los gobiernos locales facilitan que ciertos sectores de poder accedan a zonas de alto riesgo, pasando por alto las normativas que deben aplicarse en dicha zona. En el caso del terremoto de Manabí, se pudo apreciar que la llamada “Ruta del Sol” se convirtió en una zona turística donde se levantaron edificaciones de cemento y ladrillo, muchas veces violando las recomendaciones básicas de la arquitectura, y el resultado fue que se den pérdidas de 64 millones 500 mil dólares. El 19% de los edificios turísticos colapsó o se perdió totalmente, el 33% fue parcialmente afectado y el 48% está en buen estado o tuvo daños menores. El Sur de Manta, zona que no fue esta vez afectada por el sismo, tiene una dinámica expansión del sector inmobiliario donde las ciudadelas de lujo se abren entre los otrora pueblos de pescadores artesanales, lo que no se ha parado después del terremoto. Pero dado que éstos son sectores con poder económico, pudieron cobrar el seguro por las pérdidas sufridas, y en algunos casos, incluso mejoraron sus propiedades. Las aseguradoras pagaron un total de 374 millones de dólares; recibieron 38 mil 423 reclamos, de los cuales, en enero del 2017 el 87% habían sido ya indemnizados.

Hay otro grupo de personas que fueron víctimas de la doctrina del shock, propuesta por Naomi Klein, quien demuestra a través de varios ejemplos que, bajo condiciones de desastre, el poder reacomoda y administra la vida de los sobrevivientes, y de la zona en general. Por ejemplo, el tsunami que azotó las playas del sur y sureste asiático el 26 de diciembre 2004, que dejó sin vida a 250 mil personas y 2 millones 500 mil personas se quedaron sin hogar en la región, sirvió para concretar un ambicionado plan turístico en la zona de Arugam (Sri Lanka).

Después de desalojar a la población local, por ser una zona de riesgo de tsunami, se empezó un programa de reconstrucción de desarrollo turístico. La gente fue llevada a campamentos temporales, que con el tiempo se consolidaron en tugurios, dejando 35 islas disponibles para el turismo. Algo similar está sucediendo en la Isla de Muisne en Ecuador. El 21 de junio 2016 a través de una resolución se declaró toda la isla como una zona de riesgo, porque podría ser sujeta de inundaciones en caso de un tsunami, y que por tanto, se prohibieron los asentamientos humanos en la isla.

Contradictoriamente, el Ministerio de Turismo (2016) publicó el 6 de junio 2016, el proyecto “Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia” donde se incluye la “Intervención al Destino Complementario Muisne”.

Hay sin embargo varias comunidades que han sido tan afectadas como las otras del terremoto, pero que han decidido tomar el futuro en sus manos, y que han iniciado programas de restauración integral de sus vidas y territorios.

Fuente: Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas


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