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Autor Darío Aranda Idioma Español Pais Argentina Publicado 22 agosto 2017 10:32

Argentina: La balanza de la Justicia inclinada

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El líder wichí Agustín Santillán inició una huelga de hambre hace 15 días. Fue visitado por organismos de Derechos Humanos que reclaman su libertad.

Agustín Santillán, referente wichí de Formosa, lleva cuatro meses presos. El, su familia y organismos de derechos humanos denuncian que se trata de un “preso político”, encarcelado por ser una de las pocas voces críticas a Gildo Insfrán, gobernador desde 1995, y por reclamar los derechos de los pueblos indígenas. “Es evidente la persecución implacable del gobierno de Formosa contra Agustín Santillán”, afirmó en un comunicado el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que visitó al dirigente wichí en la cárcel, donde mantiene una huelga de hambre desde hace quince días. También están detenidos los wichí Víctor Hugo Delgado y Roberto Frías. El juez Marcelo López Picabea se niega a otorgarles la excarcelación.

Santillán es un joven wichí de Ingeniero Juárez, el extremo oeste de Formosa, conocido dentro de los ámbitos indígenas por organizar a las comunidades y exigir el cumplimiento de derechos indígenas: territorio, salud, educación, trabajo, agua. Estuvo presente en el acampe indígena de Buenos Aires en 2015, en entrevistas a canales porteños y encabezó la marcha histórica (en Formosa) de 2013, donde un millar de originarios se plantaron frente a la casa de Gobierno. “Estoy marcado”, solía resumir Santillán.

A fines de marzo e inicios de abril las inundaciones jaquearon el oeste de Formosa. Hubo saqueos y robos, algunos de ellos protagonizados por jóvenes wichí. Desde el poder político y el juez Marcelo López Picabea apuntaron contra Agustín Santillán, aunque él no estuvo en ninguno de los episodios. Fue detenido el 14 de abril, golpeado y traslado al penal de Las Lomitas (centro provincial). Su esposa, Gabriela Torres, habló con Página12 la primera semana de detención y explicó que se trató de jóvenes marginados de toda asistencia estatal, rehenes de la droga y el alcohol. Y, al mismo tiempo, utilizados como grupos de choque de sectores políticos.

“A Agustín lo persiguen por luchar por nuestros derechos. Lo quieren matar”, había alertado Gabriela Torres en abril. Y adelantó que querían detener a toda la familia de Santillán, para así poder quebrarlo emocionalmente. Una semana después, Torres fue detenida cuando visitaba a su esposo (fue liberada tres días después).

Organizaciones de derechos humanos nucleadas en Encuentro Memoria, Verdad y Justicia visitaron a Santillán en la cárcel, el 4 de agosto. “El relato de lo que sufrió Agustín las primeras semanas me llevó cuatro décadas atrás, a los campos de concentración de la dictadura”, afirmó Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. Detalló la situación en celdas de aislamiento de un metro por dos, sin ventilación, con Santillán atado y vendado, golpeado por los oficiales del servicio penitenciario.

Eloy explicó que la Cámara de Apelaciones decretó la nulidad del procesamiento contra Santillán, que había sido emitida por el juez López Picabea. A pesar de la nulidad, el juez Francisco Orella (que estaba subrogando) y Picabea (que ya se reintegró), mantienen detenidos a los wichí.

Eloy afirmó que “no existe motivo real” para la detención de Santillán y aseguró que su prisión solo se explica porque “Formosa tiene un gobierno feudal, donde Gildo Insfrán maneja la policía, al Poder Judicial y todos los resortes del Estado. Y porque Santillán denuncia a ese poder”.

Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) La Matanza, también fue parte de la comitiva, y no dudó: “Agustín es un preso político. Y está en esa situación porque molesta al poder, denuncia las injusticias, y porque es un líder indígena que no han podido comprar, que lucha por su pueblo”.

Pimentel alertó que Santillán lleva más de dos semanas de huelga de hambre, con riesgo para su vida. Explicó que se entrevistaron con el juez Orella, que les prometió que liberaría a Santillán ni bien recibiera la notificación de la Cámara. Pero Orella (ni Picabea) ya no atiende los llamados de los organismos de derechos humanos.

La delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estuvo integrada también por Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Claudio Ferrero (Asociación de Profesionales en Lucha), Margarita Pinto (Colectivo Memoria Militante), Alejandrina Barry (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Miguel Ranieri (Liberpueblo) y Silvana Di Lorenzo (Resistencia Qom).

“Me meten preso por reclamar. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza”, señaló Agustín Santillán en un carta escrita en abril pasado. Y amplió: “Soy inocente. Acá hay mucho racismo. Tengo miedo. No es seguro estar acá”.

El juez Marcelo López Picabea había emitido orden de detención de 30 hombres y mujeres wichí, muchos de ellos cercanos a Santillán y otros sospechados de los incidentes de inicios de abril. “Es una cacería de wichís”, denunció la organización Resistencia Qom, que acompaña a pueblos originarios de Formosa.

Al cumplirse un mes de la detención, medio centenar de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y comunidades indígenas emitieron una carta abierta: “Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció el escrito, firmado por Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Confederación Mapuche de Neuquén y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), entre otros.

Fuente y foto: Página 12


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