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Biodiversidad en América Latina y El Caribe

Autor |  Organizaciones de Paraguay  | Idioma | Español | Pais | Paraguay | Publicado | 7 mayo 2010 10:04

Comunicado de organizaciones campesinas e indígenas de Paraguay sobre estado de excepción declarado en el país

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"Las Organizaciones Campesinas e Indígenas que suscribimos este documento, ponemos a conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, en especial de los Organismos de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, los siguientes hechos que vulneran y amenazan los derechos de nuestras comunidades..."

Las Organizaciones Campesinas e Indígenas que suscribimos este documento, ponemos a conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, en especial de los Organismos de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, los siguientes hechos que vulneran y amenazan los derechos de nuestras comunidad

Por Ley 3.994, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 24 de abril de 2010, se declaró el Estado de Excepción en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes. El mismo se extiende por el plazo de treinta (30) días; y en virtud de esta norma se autoriza al Presidente de la República a disponer el empleo de las Fuerzas Públicas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conforme la Ley 1337/99 “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”.

POR QUÉ RECHAZAMOS LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

· Las causas establecidas por el artículo 288 de la Constitución Nacional para declarar el estado de excepción no se encuentran dadas, no existe conflicto armado internacional, ni grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de la Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella.

· Existen personas que cometen actos criminales, ya sea vinculados a las históricas mafias que operan en el país, ligadas al tráfico de drogas ilegales, armas, falsificaciones; así como criminales que cometen hechos punibles graves, todas las cuales deben ser aprehendidas y procesadas conforme el régimen penal ordinario.

· Como bien ha señalado la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) al manifestarse sobre la inconstitucionalidad de esta declaración de estado de excepción, las leyes vigentes confieren amplios poderes a policías y fiscales para investigar, detener, enjuiciar y sancionar a los responsables de delitos y crímenes; estando los órganos de seguridad del Estado conformados por más de 50.000 personas para controlar la criminalidad común organizada.

· La Ley 3.994/2010 es inconstitucional porque no especifica en forma suficiente las razones y hechos que se invocan para su adopción; tampoco se especifican con claridad cuáles son los derechos restringidos por esta medida. A su vez, contraría el artículo 288 de la CN que establece que “en todos los casos las personas indiciadas durante el Estado de excepción tendrán la opción de salir del país”; lo cual refuerza aún más lo inapropiado de la adopción de esta medida en las presentes circunstancias.

· Existe un claro intento desestabilizador del proceso democrático, buscando lograr el juicio político que destituya al Presidente Lugo. Con esta declaración de estado de excepción, el Parlamento pretende obligar al Ejecutivo a presentar “resultados” en el plazo de un mes en la lucha contra un grupo armado autodenominado “Ejército del Pueblo Paraguayo”, compuesto según las autoridades competentes por aproximadamente una decena de personas. Si los resultados “no satisfacen las expectativas”, según los criterios de estos sectores golpistas, tendrían una excusa más para su objetivo de volver a controlar el Poder Ejecutivo como lo vinieron haciendo por seis décadas hasta abril de 2008.

· La derecha autoritaria, mayoritaria en el Parlamento, busca debilitar las luchas de las organizaciones y movimientos sociales, para impedir que los sectores democráticos y progresistas puedan consolidarse como sujetos políticos relevantes. En el marco de esta ofensiva de la reacción, se plantea volver a tratar en el Senado en fecha 6 de mayo el proyecto de ley antiterrorista que en dos ocasiones –en el 2002 y en el 2007- fue rechazado como resultado de la amplia movilización y presión popular, pues el proyecto por la forma de tipificar los delitos, podría contribuir a legalizar una mayor represión y criminalización de la lucha y la protesta social en el país.

· Desde el golpe de Estado de 1989, con la profundización de un modelo económico productor de pobreza, destrucción del ambiente y expulsión de las comunidades campesinas e indígenas de sus territorios, se ha desarrollado un patrón de represión contra las organizaciones que representamos a estas comunidades, como forma de intentar controlar el conflicto social que producen estas estructuras injustas de distribución de tierras, recursos materiales y culturales. Esta actuación represiva y contraria a los intereses sociales de las fuerzas públicas ya en tiempos de apertura política, se suma a una memoria colectiva presente en numerosas comunidades respecto de los crímenes cometidos por las fuerzas militares y policiales durante los 35 años de dictadura stronista.

· En este contexto, el actual Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo, lejos de mostrar efectividad en la lucha contra las diversas formas de criminalidad existentes, ha mostrado signos de continuidad con las políticas ilegales de criminalización de las luchas sociales; iniciadas por gobiernos anteriores, e implementadas a través de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y las Fuerzas Públicas.

· No podemos dejar de señalar el papel “terrorista” cumplido por la prensa empresarial, tergiversando informaciones, generando verdaderas campañas en contra de los movimientos sociales, en especial del movimiento campesino e indígena; y de criminalización de los sectores progresistas, populares y de izquierda. Contribuyen a crear así un estado de incertidumbre y temor en la sociedad.

· El estado de excepción declarado sólo aumenta el margen de arbitrariedades contra los derechos de las personas que vivimos en comunidades campesinas e indígenas; así como acentúa el hostigamiento a las organizaciones de trabajadores/as rurales. Los cinco departamentos en los que ha sido declarada la medida concentran buena parte de los movimientos y organizaciones que más resistencia han presentado frente al modelo económico neoliberal de saqueo y destrucción, y frente a sus representantes políticos en los tres poderes del Estado a lo largo de estas décadas.

· El mismo Ministro del Interior en reunión con las organizaciones de derechos humanos que componen CODEHUPY admitió que no pueden dar garantías frente a posibles abusos y violaciones de derechos humanos de las poblaciones afectadas por la medida.

PATRÓN SISTEMÁTICO DE ABUSO DE LA FUERZA, ARBITRARIEDAD JUDICIAL Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS POPULARES

La represión de las luchas sociales por parte de los organismos de seguridad del Estado ha llegado a niveles de criminalidad sumamente graves en Paraguay. Así lo demuestra el Informe Chokokue*, publicado por la CODEHUPY, en el que se denuncian 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales, en el período comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 26 de junio de 2005; las cuales “respondieron a un plan encaminado a detener espirales de protesta, atemorizar a comunidades y organizaciones campesinas y desalentar las ocupaciones”.

Sólo a modo de ejemplo de los hechos más recientes, denunciamos el caso de la condena del compañero RAMON GIMÉNEZ, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), actualmente en prisión ilegítimamente por ejercer el derecho a la protesta; el caso del asentamiento Curupayty del distrito de Chore, Departamento de San Pedro, en el cual el 20 de junio de 2009 policías reprimieron brutalmente a las familias, golpearon mujeres, niñas/os, destruyeron casas, robaron animales, dinero, bienes del almacén, como represalia por la muerte de un policía de la zona.

También en 2009, una manifestación de la Federación Nacional Campesina (FNC) en el departamento de Caaguazu fue brutalmente reprimida por la policía, manifestantes fueron heridos y más de 60 fueron apresados.

El 4 de octubre de 2008 fue asesinado BIENVENIDO MELGAREJO de ASAGRAPA, El 2 de septiembre de 2009 fue asesinado el joven ABRAHAN SANCHEZ de la Asociación Larrosa en San Pedro. También en San Pedro fue asesinado ENRIQUE BRÍTEZ.

La brutalidad policial es práctica usual en los desalojos a comunidades campesinas hasta la actualidad; así como la represión violenta a las manifestaciones y protestas, sobre todo, del movimiento campesino.

CÓMO AFECTA EL ACTUAL ESTADO DE EXCEPCIÓN LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS

Con un gran esfuerzo de las organizaciones sociales y populares, se está procurando contrarrestar el temor en las comunidades y seguir realizando reuniones y plenarias en las mismas, como el caso del Foro Social Regional de las Américas realizado en fecha 30 de abril del corriente en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, que convocó a más de 250 personas de 15 organizaciones.

Sin embargo, cada día llegan camiones de militares y policías a las distintas zonas, acentuando el sentimiento de zozobra, inseguridad y temor de las comunidades. Los controles de documentos personales y de vehículos se realizan una y otra vez en los territorios y subiendo reiteradas veces a cada transporte público. Hay denuncias de maltrato de los policías y militares a las personas en el trámite de revisión de documentos, lo que se acentúa mucho más cuando alguna persona se ha olvidado del mismo, cuenta con una fotocopia o una constancia de estarse tramitando.

Las personas se sienten expuestas e indefensas ante los maltratos de los policías y militares.

A partir de las 18 horas aproximadamente, las personas manifiestan temor de salir a las calles, existiendo en numerosas zonas una especie de toque de queda de hecho.

El despliegue aparatoso y desmesurado de helicópteros en determinados lugares, produce terror sobre todo en los niños y niñas.

A metros de la comunidad indígena SAWHOYAMAXA, km. 370 Ruta 10, Pozo Colorado, se instaló un contingente militar. El Estado paraguayo se encuentra incumpliendo la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la devolución de sus territorios a esta comunidad.

Aunque las reuniones no se encuentran prohibidas se han denunciado casos de presencia militar en las mismas, controlando su desarrollo.

POR TODO LO EXPUESTO, LLAMAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL A DAR UN SEGUIMIENTO CERCANO A TODO LO QUE OCURRE ACTUALMENTE EN PARAGUAY, EN ESPECIAL, EN LOS CINCO DEPARTAMENTOS AFECTADOS POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN, SUS POBLACIONES, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES.

Asunción, 4 de mayo de 2010

ALICIA AMARILLA LEIVA
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas - CONAMURI

BERNARDA PESOA
ALPI NAIJATEETA, Pueblo Qom Autóctono del Paraguay - ANQPAP

TOMÁS ZAYAS
Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares – CNOCIP

DIONICIO GÓMEZ BENÍTEZ
Movimiento Indígena, Canindeyu

JORGE GALEANO
Movimiento Agrario y Popular - MAP

MARÍA ESTHER LEIVA
Organización de Lucha por la Tierra - OLT

ELVIO TRINIDAD QUIROGA
Movimiento Campesino Paraguayo - MCP

ERNESTO BENÍTEZ
Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte – CPA-SPN


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