Costa Rica: expropiaciones en Playa Grande

Al crearse el “Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste”, los diputados unánimemente determinaron un área de protección de 125m de ancho “aguas adentro”, medida a partir de la línea de marea alta, para proteger la zona marítima adyacente a las playas en que desovan las tortugas baula, a lo largo de más de 5 km de costa. Área marina donde las baulas adultas y recién nacidas, son muy vulnerables a las acciones destructivas del hombre, que quedaba sin protección en el proyecto de ley. Así, se corrigió esa omisión gracias a la única moción aprobada por la Comisión Plena de la Asamblea Legislativa que aprobó la ley.

Aunque en 1995 todos aplaudieron esa clara, conciente, técnica y científicamente correcta determinación legislativa (según lo expresara entonces el diputado don Saúl Weisleder al justificar el voto de la fracción del PLN) con el tiempo se fue dando una situación extraña. Además de irrespetuosamente “acusar” al ingeniero Hernán Fournier, uno de los diputados proponentes de la moción de los 125m “aguas adentro”, de haber “alterado” (!) el documento legislativo, la organización estadounidense “The Leatherback Trust”, vinculada a “Conservación Internacional” y presidida por un ex-asesor del Pentágono, mientras admite que esa franja de 125m no corre tierra adentro (sino, obviamente hacia el mar) por otro lado justifica e impulsa la expropiación forzosa de todos los bienes muebles e inmuebles que colindan con el límite de los 50m de playa, cual si estos formaren parte del Parque Marino. Y lo hace al interpretar que donde dice “aguas adentro” habría de leerse “tierra adentro”. ¡Excluyendo eso sí!, el inmueble con nombre de “laboratorio” pero con patente turística, que el mismo “Trust” posee en esa franja de terreno…

Como parte de ese extraño proceso, por gestión ejercida ante la Procuraduría por el ex-ministro Carlos Manuel Rodríguez (quien se trasladara a “Conservación Internacional” al día siguiente en que terminó su gestión ministerial) los abogados del Estado emitieron un insólito dictamen que ordena “desaplicar” (o sea, anular, borrar, eliminar…) la expresión “aguas adentro” para que se interprete (¡como quiere el “Trust”!) “tierra adentro”, cual si ese ente pudiera ejercer funciones legislativas. Y lo hace basándose en un error material relacionado con los números de las coordenadas geográficas del texto. Error tan común, que hace pocas semanas fue emulado por otro incluido en el texto del mal redactado proyecto de ley de “Interpretación auténtica” conque la diputada Maureen Ballestero pretende lo mismo, o sea, interpretar que “aguas adentro” significa “tierra adentro…”, desdeñando paradójicamente el espíritu y letra de la ley de creación del Parque Marino que ella quiere leer al revés. Mientras tanto, al continuar la estrategia equivocada del Minae de proteger exclusivamente los sitios de desove, sin tomar en cuenta la matanza de baulas en altamar (¡en el Pacífico se han sacrificado unas 97.000 baulas en 10 años!) la Municipalidad de Santa Cruz puso en ejecución un “Reglamento de Zonificación” que regula estrictamente el eventual desarrollo que pudiere darse en una franja de 200 metros de ancho, medida a partir del límite del Parque y a todo su largo (¡125m más que lo que quiere expropiar The Leatherback Trust!). Al disponer medidas de baja densidad y otras normas estrictas en esos terrenos, cual si fuesen parte del hábitat de anidación de las tortugas, se amplía la protección que reciben las baulas en mar y en tierra, garantizándose bajo control municipal y del Minae, el desarrollo sostenible en la zona.

¡Pero no fue suficiente! En contra de lo que se creía iría a ser una actitud general de beneplácito, la diputada Ballestero, haciendo eco de las gestiones interesadas del “Trust”, ordenó indebida e infructuosamente al gobierno local, la derogatoria del Reglamento que puso orden y racionalidad donde no existían. Gestión “diputadil” acompañada de la acción de inconstitucionalidad presentada por el “Trust” (con los mismos argumentos) ante la Sala IV.

Asimismo, pese a la fragilidad jurídica y científica derivada del extralimitado dictamen de la Procuraduría, funcionarios del Minae influenciados por el “Trust”, han comprometido al Estado con trámites de expropiación forzosa de terrenos que, por los precios insustanciales determinados en primera instancia, hacen recordar lo sucedido con la península de Santa Elena… en que, luego de un litigio que pudo haberse evitado, se golpeó fuertemente al fisco costarricense. Pero lo más preocupante en el caso presente, es que NO existe un solo estudio ambiental (¡hasta ahora están apenas hablando de su necesidad!) que sustente la incorporación de áreas terrestres de interés turístico, al parque marino creado para proteger a estas maravillosas tortugas marinas. Así, despreciando el trascendental acuerdo municipal y sin haber jamás justificado la necesidad ambiental de extender el Parque más allá del límite terrestre de los 50m, un organismo extranjero financia un proceso inicial de expropiación forzosa e innecesaria, sin comprometerse (¡eso sí!) a cubrir las diferencias que obviamente se generarán en los costos finales de los terrenos y los procesos judiciales o arbitrales que se vislumbran en el horizonte.

Freddy Pacheco, Ph.D.
Catedrático UNA - Universidad Nacional

Publicado en LA PRENSA LIBRE del jueves 4 de enero del 2007