El pacto conservador contra la biodiversidad y los territorios de los pueblos

Por GRAIN
Idioma Español
País Brasil

Frente a las crisis de las economías centrales y la desaceleración del ciclo virtuoso de las mercancías de exportación, se renueva el histórico pacto de poder conservador entre los dueños de la tierra, los dueños del dinero y el Estado (en palabras de Maria da Conceição Tavares), a fin de mantener la brutal apropiación del ingreso nacional para el capital financiero y bancario, principalmente internacional. 

Una versión contemporánea del paquete económico del Consenso de Washington se impone a los países de América Latina: son medidas de “austeridad fiscal” para gastos sociales, a fin de generar saldo para el pago de los servicios de deuda pública y la transferencia de tales gastos sociales hacia el sector penal y penitenciario; la supresión de derechos laborales y de previsión social; la privatización de empresas, bienes estatales y recursos naturales, y la flexibilización de la legislación ambiental.

Los negocios con tierras, aguas, minerales y otros recursos naturales sustentan la empresa colonial y post-colonial que conforman el Estado moderno en Brasil. Con el Consenso de Washington, el pacto en torno del Plano Real de 1994 y posteriormente con el "Consenso de las Commodities", como lo llamó la socióloga argentina Maristela Svampa, hubo una inserción creciente del país en el circuito de valorización financiera, lo que propició la brutal apropiación del ingreso nacional por parte del capital financiero y bancario, principalmente internacional [1] 

La fórmula de fomentar las exportaciones agrícolas y minerales, potenciada tras la crisis financiera de 2008 y el llamado “boom” de las mercancías de exportación, cuando el capital internacional buscaba nichos para aterrizar, acabó por generar la expansión y financiarización del mercado de tierras y por tanto un aumento en el consumo de agua debido al latifundio y las empresas mineras. La intensificación de esta llamada economía neo-extractivista significó, contradictoriamente, el fomento de políticas públicas sociales, como las de combate al hambre y a la pobreza y la expansión del capital sobre las tierras públicas: sobre las unidades de conservación, los bosques públicos, las tierras indígenas, los territorios quilombolas, las tierras de los pueblos tradicionales y los asentamientos de la reforma agraria [2]. 

De este modo, aunque haya habido políticas sociales fundamentales para los sectores más vulnerables del estrato social, se mantuvo y se profundizó la disputa entre el Brasil público y el Brasil privado, concentrando la propiedad privada a partir del despojo de los bienes públicos y de los territorios campesinos y tradicionales. Esto trajo un aumento de la deforestación y pérdida de la biodiversidad en favor de la industria extractiva, principalmente del agronegocio. 

Brasil público vs. Brasil privado

La expansión de la privatización de las tierras y recursos naturales sobre los bienes públicos y comunes viene ganando fuerza desde el golpe institucional de Dilma Roussef (2016) y se profundizó con el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro. El Ejecutivo Federal está dividido directamente entre tres grupos de poder: 

  1. Los señores de tierras (principalmente el Frente Parlamentar Agropecuario), que por primera vez cuenta con cinco Ministerios incluida la Agricultura (Ministerio de Agricultura, Casa Civil, Ministerio de la Ciudadanía, Ministerio de Salud y el propio Ministerio del Medio Ambiente). 
  2. Los dueños del dinero, con representantes del mercado financiero (Bozano, Simonsen y BGT Pactual) de la Escuela de Chicago, ocupando el Ministerio de Economía como también la presidencia de los bancos públicos como la Caixa Econômica Federal, el Banco del Brasil, el Tesoro y el Banco Central, así como de Petrobrás. El nuevo presidente de BNDES, designado en junio de 2019 por el ministro de Economía, también viene del grupo Pactual. 
  3. Los militares, con siete ministerios bajo su tutela. (Véase la sección “Captura corporativa del Estado”)

Este cuadro pone en el centro de las políticas del gobierno la implementación de un paquete general de desestatizaciones y privatizaciones (previsiones, empresas públicas, tierras), aunque con cierta resistencia de los militares —como en la extranjerización de la tierra, donde entidades extranjeras acaparan más y más tierras del país— en un avance del Brasil privado sobre el público. Está en curso tal vez la mayor y más rápida transferencia masiva de tierras públicas para el sector privado en América Latina, especialmente en Brasil gracias a la Ley 13.465/2017, llamada “Ley del Grilagem”, tanto para el avance de la frontera agrícola y producción de mercancías para exportación, como su inserción en el mercado de tierras, incluso como lastre del capital financiero internacional.

Concentración de la tierra

Los resultados preliminares del censo agropecuario de 2017, también registran un crecimiento del 5% de las áreas privadas,

(16 millones y medio de hectáreas, el equivalente al área del estado brasileño de Acre), pues los establecimientos agropecuarios ocupan 41% del área del país, pese a la reducción de 2% en el número de establecimientos. [4] Datos que apuntan en conjunto a un aumento de la concentración de la tierra en el país. 

Brasil es el quinto mayor concentrador de tierras en América Latina, detrás de Paraguay, Chile, Colombia y Venezuela, respectivamente (coeficiente de Gini para la distribución de la tierra). América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierra en el mundo. El uno por ciento de los propietarios rurales concentran el 51.19% de las tierras agrícolas. En otras palabras, el 1% de las propiedades rurales utiliza muchas más tierras que las 99% restantes [5].  

En Brasil, entre los establecimientos con mil o más hectáreas, hubo un aumento en número (3 287 más) y en área (16 millones 300 mil hectáreas más). Su participación en el área total pasó de 45% a 47.5% de 2006 al 2017. Ya los establecimientos entre cien y mil hectáreas disminuyeron en el área total de 33.8% a 32% (814 574 hectáreas menos) y tuvieron una disminución de 4 152 unidades.[6]

Deforestación 

Las áreas privadas son las que más se deforestan. De los 532 millones y medio de hectáreas con bosques y campos naturales de Brasil (62.6% del territorio total), 190 millones están en inmuebles rurales particulares, cerca de un tercio de todo el país (véase infografía 2). [7],[8] Esto refuta el argumento del sector ruralista de que Brasil es el país que más protege sus bosques, habiendo Unidades de Conservación y tierras indígenas en demasía. La intención de este sector es reducir la extensión de las áreas públicas protegidas. En los últimos treinta años en Brasil, las áreas privadas perdieron cerca de 20% de su cobertura de bosques mientras que en las Unidades de Conservación y tierras indígenas la pérdida fue de 0.5% en el mismo periodo. Entre agosto de 2018 y marzo de 2019, Imazon detectó un aumento de 24% de la deforestación en comparación con el mismo periodo el año anterior. El 58% [de esa 24%] ocurrió en áreas privadas.[9] Brasil sigue siendo el país que más deforesta en el mundo, con la mayor tasa de deforestación entre 2010 y 2015: cerca de 984 mil hectáreas. [10] 20% de Amazonia y 50% del bioma Cerrado fueron destruidos (véase infografía 3).[11]

A pesar del país representar la segunda mayor extensión de área forestal mundial, es el 28º país con su territorio cubierto con bosques, detrás de países como Surinam (94%), Finlandia (72%), Japón y Suecia (68%). [12],[13] En términos de áreas protegidas, Brasil ocupa apenas la posición 34, junto al Reino Unido y Japón, con 28.4% del total de su área, mientras que Venezuela posee la mayor extensión de áreas protegidas en el mundo, con 53.9% de su territorio. Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia tienen, todos ellos, más de 40% de sus territorios protegidos. Muchos países desarrollados tienen más áreas protegidas. Francia, uno de los diez mayores productores de alimentos del mundo, tiene 26%; Alemania, 38%; y Australia 20%. [14]

El avance de la frontera agrícola sobre los bosques y los territorios

Existen 245 millones de hectáreas ocupadas con ganadería y labranza (28.6% de la área total de país), cerca de 1.17 ha de área productiva por habitante (MapsBiomas), siendo la cuarta mayor extensión de tierras para producción agropecuaria, sólo detrás de China, Estados Unidos y Australia.[15],[16] De los países con mayor extensión de áreas destinadas a producción agrícola y de ganadería, Brasil es el segundo que más cambió el uso y ocupación del suelo en función del avance de la frontera agrícola, incorporando 133 millones de hectáreas entre 1961 y 2015. Ha disminuido su cobertura de bosques de 76% a 58.9%. China, pese a ampliar en 185 millones de hectáreas su área para labranza y ganadería, incrementó sus bosques de 5.2% a 22%, en el mismo periodo. Los demás países disminuyeron o mantuvieron la ocupación territorial de modo agropecuario - como Estados Unidos, pese a ser uno de los mayores abastecedores de granos y proteína animal. [17]

Producción de granos, transgénicos y agrotóxicos

Si sumamos el área plantada con soya, caña de azúcar, maíz y eucalipto, los principales cultivos del latifundio empresarial del agro-negocio son poco más de 76 millones de hectáreas, según datos de noviembre de 2018 del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística.[18] Del área plantada tan sólo con cultivos transgénicos son 50 millones 200 mil hectáreas, de las cuales 83% corresponden a maíz, soya y algodón, resistentes a uno o más herbicidas de elevado impacto a la salud y al medio ambiente. Brasil es el segundo mayor productor de soya en el mundo, cuarto de maíz y, no por coincidencia, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en área plantada de OGMs, lo que corresponde a 26% del área mundial, según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA por sus siglas en inglés).[19]

Esa vinculación de semillas transgénicas y agrotóxicos asociados hace de Brasil el mayor consumidor mundial de agrotóxicos, comercializando 19% en todo el mundo, con más de mil millones de litros al año (aunque la FAO indique que el país es el 7º en términos de volumen por hectárea).[20] Japón encabeza la lista. Cerca de 30% de los más de 500 productos agrotóxicos autorizados en Brasil ya fueron prohibidos en Europa. Cabe destacar que los herbicidas en base a glifosato (de propiedad de la Monsanto/Bayer) usados en las semillas GM responden por más de la mitad de todo el agrotóxico usado en el país. Sólo en 2019, el total de registros de agrotóxicos concedidos ya llega a 211 hasta junio, media de 1.17 agrotóxicos liberados por día.[21] En 2005, apenas 91 registros fueron admitidos, en 2016, 277, llegando a 405 registros en 2017 y a 450 agrotóxicos liberados para comercialización, un récord histórico. [22]

Agricultura industrial dependiente del presupuesto público

El Plan Agrícola y Ganadero de la Zafra 2018/2019 divulgado presenta una oferta de crédito de 48 700 millones de dólares: el agro-negocio contrató un crédito récord para esta zafra, con un valor medio de 23 550 dólares por productor, 8.94% más que el registrado en 2016/2017. En total, los préstamos a productores y ganaderos hasta junio de 2018 ya superaban los 43 mil millones de dólares. [23] Mientras que el país sigue en crisis, con el congelamiento de los gastos públicos por veinte años, reajustados por el índice de la inflación y no en conformidad con el ingreso público líquido, para garantizar el pago de la deuda pública (EC nº 95/2016) los ruralistas lograrán descuentos de 65% hasta 95% en sus deudas (MP 733, de 15 de junio de 2016 convertida en la Ley nº 13.340, de 28 de septiembre de 2016), que suman 310 800 millones de dólares según la Fiscalía General de Hacienda Nacional. [24] Presionan aun por perdón total de sus deudas, contraídas de préstamos de parte del gobierno, colocando una vez más el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores. [25]

El PIB de Brasil de 2017 totalizó 2 mil millones de dólares (al tipo de cambio del primero de marzo de 2018), siendo el sector agropecuario responsable por 73 026 millones 400 mil dólares, o el 4.53% del PIB, incremento récord de 13% respecto al año anterior.[26] Sin embargo, siendo la mayor participación del sector en el PIB en veinte años, si se contabilizan las refinanciaciones, descuentos, y el perdón de deudas (del orden de 310 800 millones de dólares con operaciones de securitización, 4 175 millones con FUNRURAL, por ejemplo) y renuncia fiscal (incluso de impuesto de los agrotóxicos: entre 2011 y 2016 fueron 1 millón 780 mil dólares)[27], el agronegocio necesitaría más que cuadruplicar su participación en el PIB apenas para pagar al Estado brasileño.[28] Estos datos permiten concluir que la agricultura industrial brasileña viene siendo fuertemente subsidiada y, por lo tanto, dependiente del presupuesto público, constituyendo uno de los importantes factores, aunque encubierto, para la crisis fiscal actual, incluso para el llamado “rombo de la previsión”. Mientras, programas para la agricultura familiar como el Plan de Adquisición de Alimentos (PAA), tuvieran una disminución de casi 50% de 2017 para 2019 (de 2 365 millones de dólares a 1 170 millones dólares).[29]

Violencia en el campo y despojo de los territorios

El avance de la frontera agropecuaria sobre las tierras públicas, los bosques y recursos naturales y los territorios de los pueblos generarán, además del incremento de la deforestación, un significativo aumento en la violencia en el campo.

En la Amazonia Legal, entre agosto de 2017 y julio de 2018, la deforestación aumentó 13.7% en relación a los 12 meses anteriores, la mayor tasa desde 2009, según el Proyecto de Monitoreo de Desforestación en la Amazonia Legal por Satélite. Fueron suprimidos 7 900 km2 de selva amazónica, lo que equivale a más de cinco veces el área de la ciudad de São Paulo. Al mismo tiempo, en 2017 el Brasil fue el país que más mató defensores de derechos humanos, según Global Witness. Hubo setenta campesinos muertos, se contabilizaron cinco masacres, según el Informe de Conflictos en el Campo de 2017 de la Comisión Pastoral de la Tierra, un monto jamás registrado por la entidad en sus más de treinta años de registros de conflictos en el campo.[30],[31]

En 2017 fueron asesinados 110 indígenas y 18 quilombolas, lo que implica un aumento de 350% en relación a 2016 [32], [33] .

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras emprender una misión en el país, del 5 al 12 de noviembre de 2018, produjo un informe en el que “expresa una profunda preocupación de que las recientes medidas de austeridad fiscal implementadas en Brasil puedan significar el fin de políticas sociales y la reducción de las expectativas de mejores condiciones de vida para la gran mayoría de la población”.[34] Apunta, además, que entre las más graves violaciones a los derechos humanos observadas en el país, están la “ampliación de la violencia en el campo y en la ciudad, el aumento de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, especialmente los defensores de la tierra y el medio ambiente, las agresiones crecientes a los defensores de derechos humanos de las minorías, así como el riesgo del regreso del país al mapa del hambre mundial”, lo que afecta trágicamente a todos. La misión también registró que la propia CIDH fue objeto de intimidación directa durante la visita. 

Jair Bolsonaro es tan sólo el gesticulador de estas fuerzas reales de poder que están llevando a cabo una captura más directa del espacio público y de los bienes comunes de la sociedad por intereses corporativos. Mezcla de política ultraliberal, abiertamente subordinada a la política externa de los Estados Unidos, y un conservadurismo en lo que se refiere a la moral y las costumbres, Bolsonaro representa una más de las típicas intervenciones salvacionistas —autoritaria y militarizada— en la continuidad de este violento pacto de poder conservador entre los dueños de tierras y del capital, principalmente internacional, que está en la base del Estado colonial del país.

Captura corporativa del Estado

Horas después de la toma de posesión, el primero de enero de 2019, fue promulgada la medida provisional MP 870 para la reforma administrativa. Entre las modificaciones, destacan:

1. Transferencia al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de las políticas de regularización agraria, incluida la demarcación de tierras indígenas (antes una atribución de la Funai) y de los territorios quilombolas. Funai es la Fundación Nacional del Indio, órgano del gobierno brasileño que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas. En junio, la Suprema Corte Federal devolvió a Funai la competencia para las demarcaciones confirmando la decisión del Congreso. También fue transferida al MAPA la política de reforma agraria y agricultura familiar, antes atribución del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) además de la regularización de las áreas rurales de la Amazonia legal. Estas atribuciones quedan en el ámbito de la Secretaría Especial de Asuntos Agrarios del MAPA, dirigida por el ruralista Antonio Nabhan Garcia, presidente de la Unión Democrática Ruralista. El presidente de INCRA nombrado fue un militar, el general Jesús Correa. La intención del Estado es facilitar la masiva transferencia de tierras públicas, asentamientos y territorios quilombolas, y de los pueblos tradicionales, hacia la propiedad privada y corporativa. 

2. Transferencia al Ministerio de Agricultura del Servicio Forestal Brasileiro (que pertenecía al Ministerio del Medio Ambiente) y, por tanto, del Catastro Ambiental Rural, registro público electrónico que mapea el tejido agrario brasileño arriba expuesto, y los recursos naturales como bosques, agua, minas a cielo abierto, etcétera. También pasa al MAPA la regulación del mercado con activos forestales por medio da la Cuota de reserva ambiental en las bolsas de valores (Decreto 9640 de 27 de diciembre de 2018).

3. Transferencia desde la Funai del Ministerio de Justicia, para el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, presidido por la pastora evangélica Damares Alves. El Congreso no aceptó este punto de la medida provisional y mantuvo a la Funai en el Ministerio de Justicia. Todas las “minorías” y sectores vulnerables fueron aglomerados en esta cartera conformando secretarías, aunque sin instrumentos de implementación. No hay secretaría o consejo indígena. Por lo tanto, con el vaciamiento de la principal atribución de la Funai y sin estructura de secretaría hay el riesgo enorme de desestructuración del órgano indigenista. Para la presidencia del órgano fue nombrado también un general de la reserva de los militares, Franklimberg Ribeiro de Freitas, que dimitió en junio por presión de los ruralistas y que fue reemplazado por otro militar de carrera. La demarcación de los territorios indígenas ha sido objeto de una guerra entre los poderes. El Congreso devolvió a Funai la competencia para las demarcaciones en mayo. Apenas en junio, la Suprema Corte Federal ratificó la posición del legislativo de que la competencia debe seguir siendo del órgano indigenista.

4. Transferencia de la Fundación Cultural Palmares, responsable por la certificación de territorios quilombolas para el Ministerio de la Ciudadanía, (fusión de los Ministerios de Desarrollo Social, Deportes y Cultura, ahora reducidos a secretarías), también bajo la dirección de los ruralistas.

5. Extinción del Consea (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) como consejo asesor de la Presidencia y transferencia al Ministerio de la Ciudadanía de la atribución de proponer al gobierno directrices y prioridades de la política nacional de seguridad alimentaria. Una vez más, el Congreso se opuso al Presidente y, en mayo, reinstauró el Consejo. La medida había revocado los dispositivos del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan) relacionados con su competencia, como convocar a la Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria, y la composición del Consejo, cuya representación tiene 2/3 de sociedad civil. Entre 1995 y 2015 fueron cinco conferencias nacionales (cuyas etapas nacionales llegaron a reunir más de 2 mil participantes), de las que surgieron propuestas como incluir en la Constitución Federal el derecho humano a la alimentación, el plan Safra para la agricultura familiar, la política nacional de agroecología y producción orgánica, y los planes de adquisición de alimentos de la agricultura familiar por parte las escuelas (PAA y PNAE). Además del flagrante déficit democrático en la participación y control social de las políticas, la medida puede generar un trágico retroceso social, aún más en un año en que Brasil puede volver al Mapa del Hambre, del que salió apenas en 2014. El Decreto 9.759 de abril de 2019 que había previsto la extinción de todos los demás consejos de participación social en la administración federal - alrededor de 55 -, también fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, en junio, ya que sólo por ley podría hacerlo. Bolsonaro dijo que va enviar un proyecto de ley para confirmar la extinción de los consejos federales.

6. Coordinación, monitoreo y supervisión de actividades de ONGs nacionales y internacionales por la Secretaría de Gobierno, encabezada por el general de reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. El ministro quiere investigar a las ONGs, sus actividades, y sus formas de financiamiento. Pero el Congreso modificó este punto y estableció que la Secretaria sólo tiene la competencia de “coordinar el diálogo del gobierno con las organizaciones internacionales y nacionales”. Esto, debido a que la inspección abierta podría implicar intervención en las actividades de estas organizaciones, lo que podría significar una tutela indebida de la sociedad civil y resultar en la persecución de las organizaciones que disientan del gobierno. Esto significaría violar derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y manifestación, con consecuencias directas en la propia democracia.

7. Extinción del Ministerio del Trabajo, rebajándolo a secretaría del súper Ministerio de Economía, que pasa a administrar con gran volumen de recursos el Fundo de Garantia do Tempo de Serviço o FGTS y el Fundo de Amparo ao Trabalhador o FAT. La fiscalización, la seguridad y la salud laboral, incluso en los trabajos análogos al trabajo esclavo, quedarían adjudicados a la cartera de economía. La modificación ya tiene una acción de inconstitucionalidad por desequilibrar el “trabajo frente al capital”, subvirtiendo el precepto fundamental de la Constitución según el cual debe haber una “valorización del trabajo humano como fundamento del orden económico”.

8. El Ministerio del Medio Ambiente perdió diversas atribuciones, como el combate a la deforestación, actividad central de la política ambiental, lo que puede significar la paralización de las actividades de fiscalización de los crímenes ambientales, y el combate a procesos de desertificación.[35] Toda la política de recursos hídricos y la propia Agencia Nacional de Aguas, a su vez, fueron transferidas al Ministerio de Desarrollo Regional, fusión de los Ministerios de la Ciudad e Integración Nacional. No hay mención de la política de cambio climático en el texto de la medida, aunque el Ministro Ricardo Salles haya anunciado una Secretaría Especial de Cambio Climático, con menor estructura. El ministerio vio reducido su presupuesto en 20%, por la política de austeridad fiscal del ministerio de la Economía.        

En entrevista, el Ministro presentó las líneas generales del actuar de su gestión, tales como: 

  • Brasil no se comprometerá con nuevas metas de reducción de emisiones según el Acuerdo de París. El Ministro ha bloqueado 95% del presupuesto para el clima.
  • Reclasificará las unidades de conservación para permitir actividades económicas, incluida la posibilidad del paso de vías férreas y líneas de transmisión.
  • Revisará la política del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de aplicación de multas ambientales, que tuvo un recorte del 24% de su presupuesto anual. 
  • La apuesta por instrumentos económicos y financieros para mantener la conservación ambiental como los pagos por servicios ambientales, afirmando que si hay límites al uso de la propiedad privada debe haber compensación financiera al productor por esa causa.[36]

Cabe mencionar la reducción por decreto del salario mínimo, cayendo de la previsión de 246 dólares a 243 dólares, a partir del 1º de enero. Éste fue el menor aumento en 24 años.[37] El gobierno propone acabar con el aumento real del valor del salario mínimo, para que se reajuste sólo por la inflación. 

Un nuevo pacto conservador

Tales medidas vienen a confirmar el pacto conservador entre los dueños de la tierra, el dinero y el Estado, mostrando los ejes centrales del nuevo gobierno en turno: 

a) un capital bancario-financiero con fuerte agenda neoliberal desestatizante, la supresión de derechos sociales mediante la política de austeridad fiscal asociada a la transferencia del presupuesto público por medio del pago de servicio de la deuda; 

b) la política de seguridad hemisférica de combate al narcotráfico y el terrorismo subordinada a Estados Unidos y con apoyo de la industria bélica.[38] Las empresas Taurus y la Companhia Brasileira de Cartuchos, van siendo las principales financiadoras de las campañas de la llamada “bancada de bala” en el congreso nacional, que triplicó su tamaño, de 36 a 103 parlamentarios (93 diputados y 10 senadores). La empresa Taurus Armas tuvo sus acciones valuadas en 181% en 2018 y 105% en 2019 con la expectativa de que se aprobara "la posesión de armas".[39],[40] El PSL, el partido de Bolsonaro, apoyó a Rodrigo Maia a la reconducción de la presidencia de la Camara, a cambio de llevar al plenario el proyecto de revocación del Estatuto de Desarme. Además, la designación de siete militares para ministerios estratégicos, como los de Defensa, Minas y Energía, Ciencia y Tecnología, Infraestructura, el gabinete de seguridad institucional y la secretaría de gobierno, así como para las presidencias de INCRA y FUNAI, también apuntan a una militarización de las políticas de seguridad en general, confirmando una tendencia que ya venía ocurriendo en el gobierno de Temer. 

c) La protección de la propiedad privada, sin su función social, con la tendencia a militarizar la cuestión agraria. Esto es evidente también al desregular la posesión y portación de armas, al ampliar las hipótesis de legítima defensa de la propiedad; al criminalizar a los movimientos sociales del campo (y a sus líderes) calificándoles de terroristas, como lo facilita el Decreto 9527/2018 que crea la Fuerza-Tarea de Inteligencia para enfrentar el crimen organizado, coordinada y compuesta mayoritariamente por militares y órganos de seguridad.[41] 

El Decreto 9685/19 editado por Bolsonaro reglamenta el término “necesidad efectiva” presente en el Estatuto de desarme que autoriza a cualquier residente de las áreas rurales a solicitar la posesión de hasta cuatro armas de fuego por persona, en “casos justificados”, y en cuanto a los residentes de las áreas urbanas, pasa a ser autorizado en municipios o estados con índices anuales de diez homicidios por cada cien mil habitantes (artículo 12, §7 y §8). Los titulares o responsables legales de los establecimientos comerciales o industrias también pueden contar con esa autorización. Existe aun un segundo decreto que autoriza que la gente “común”, porte armas y transite con ellas por la calle (como abogados, camioneros, o agentes que tutelan a niños y adolescentes).

La medida puede generar una verdadera guerra civil en el campo en defensa de este pacto colonial y esclavizante por el mantenimiento de la concentración de la tierra en el país . Pacto hasta hoy intocable, y condición para la propia instalación de la República (1889).[42]

Tal tutela del llamado Brasil privado, también significa flexibilizar la legislación ambiental y el componente ecológico de la función social de la propiedad. El Código de bosques de 2012 ya legalizó cerca de 58% de la deforestación ilegal del país, alrededor de 29 millones de hectáreas en favor de la expansión de la frontera agrícola, autorizando aún amnistía de penalidades y multas. Los próximos pasos son la flexibilización del licenciamiento ambiental de “emprendimientos estratégicos de infraestructura” (PEC 65/15 e PL 654/15), y la recategorización de las Unidades de Conservación, en reversión de los derechos territoriales de pueblos y comunidades tradicionales, así como el desmantelamiento de los asentamientos de reforma agraria y su reinserción en el mercado de tierras. 

Dialécticamente, la historia, sabia y precisa, construye un sujeto colectivo en oposición a tales fuerzas reales. Más que nunca, la lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos y comunidades tradicionales, y del campesinado, es la lucha más universal de la era contemporánea pues es la lucha por la factibilidad de la vida en el planeta en defensa de los bienes ambientales comunes. Es la vida y los modos de vida que pueden oponerse al capital. Esta lucha deben impulsarla sobre todo las juventudes del campo y la ciudad para no quedar condenadas por los límites del planeta. 

Notas:

[1] Malheiro, Bruno Cezar; Michelotti Fernando; Porto-Gonçalves, Carlos Walter. Mais além da conjuntura, por outros horizontes de sentido.

[2] Veltmeyer, Henry. The new extractivism: a post-neoliberal development model or imperialism of the twenty first century? Zed Books. 2014.

[3] Los territorios comunitarios son los bosques públicos Tipo A, compuestos por asentamientos federales y estatales de las siguientes categorías: Proyecto de Asentamiento Agro-extractivista (PAE), Proyecto de Asentamiento Forestal (PAF), Proyecto de Desarrollo Sustentable (PDS), Proyecto Estatal de Asentamiento Agro-extractivista (PEAX), Proyecto Estatal de Asentamiento Sustentable (PEAS), Proyecto de Asentamiento Rural Estatal (PARE) y Seringal.

[4] El Censo de 2017 adoptó el intervalo de referencia del primero de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017. El Censo de 2017 consideró como un único establecimiento las áreas no continuas, exploradas por un mismo productor, siempre que estén situadas en el mismo municipio, utilicen los mismos recursos técnicos (máquinas, implementos e instrumentos agrarios, animales de trabajo, etcétera) y los mismos recursos humanos (el mismo personal), y que estuvieran subordinados a una única administración: la del productor o la del administrador: https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/resultados-censo-agro-2017.html 

[5] Oxfam, Relatório Terra, Poder e Desigualdade na América Latina, noviembre de 2016, Disponible en: https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/terra_desigualdade-resumo_executivo-pt.pdf

[6] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21905-censo-agro-2017-resultados-preliminares-mostram-queda-de-2-0-no-numero-de-estabelecimentos-e-alta-de-5-na-area-total.

 [7] http://mapbiomas.org/infograficos-2018/brasil.jpg 

[8] Cruzamiento de los datos de CAR de Atlas de la Agropecuaria Brasileira y MapsBiomas, una iniciativa del SEEG / OC (Sistema de estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero del Observatorio del Clima) y es producido por una red colaborativa de co-creadores formada por ONGs, universidades y empresas de tecnología organizadas por biomas y temas transversales. Ver en: https://www.valor.com.br/opiniao/6115787/fake-news-florestal

[9] IMAZON https://k6f2r3a6.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/04/SAD-marc%CC%A7o-2019_impressaopessoal.pdf 

[10] Global Forest Resources Assessment 2015. FAO, How are the World's Forests Changing? (Second edition) Roma, 2016. Tabla 3 Top ten countries reporting the greatest annual net loss of forest area, 2010–2015, p. 17

[11]  Segundo Relatório Planeta Vivo 2018 (Living Planet Report) de WWF, lanzado mundialmente el 24 de octubre de 2018https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/relatorio_planeta_vivo_2018/ 

[12] http://mapbiomas.org/infograficos-2018/brasil.jpg [13] http://www.deepask.com/goes?page=Veja-mapa-mundial-da-area-com-floresta-preservada-em-percentual-da-area-territorial-dos-paises, elaborada a partir de dados do Banco Mundial de 2014 http://data.worldbank.org/products/wdi 

[14] Verissimo, Adalberto (Imazon) y Nussbaum, Ru + (Proforest) (Coord.). Um Resumo do Status das Florestas em Países Selecionados - Nota Técnica. Greenpeace 2011. https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livretos/ImazonProforestFinal.pdf

[15] http://mapbiomas.org/map#coverage

[16] FAOSTAT, 2016, http://www.fao.org/faostat/en/#data/EL

[17] Datos de FAOSTAT 2016: http://www.fao.org/faostat/en/#data/EL y Global Forest Resources Assessment, FAO, 2010 e 2015.

[18] Tabla 2 —Área, Producción y Rendimiento Medio - Comparación de las zafras de 2017 con las estimaciones para 2018. Disponible en: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistematico-da-producao-agricola.html?=&t=resultados

[19] Atrás tan sólo de los Estados Unidos con 75 mi/ha. Disponible en: https://cib.org.br/isaaa-2018/. Hay 33 millones 700 mil ha plantadas con soya; 15 millones 600 mil hectáreas con maíz y 940 mil ha con algodón.

[20] Bombardi, Larissa Mies. Geografia do uso de agrotoxicos no Brasil e suas conexções com a União Europeia. São Paulo: Laboratório de Geografia Agrária FFLCH - USP 2017. http://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/agrotoxicos/05-larissa-bombardi-atlas-agrotoxico-2017.pdf

[21]  Ato nº 17 do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas concedeu registro a 35 novos rótulos, siendo 6 altamente tóxicos. https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/06/24/ministerio-da-agricultura-aprova-registro-de-mais-42-agrotoxicos-totalizando-211-no-ano.ghtml  

[22] Ministério de Agricultura y Ganadería de Brasil. Disponible en: http://www.agricultura.gov.br/noticias/cresce-numero-de-registros-de-produtos-biologicos-para-uso-agricola

[23] Conab: http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/06/conab-estima-que-safra-de-2017-2018-seja-a-segunda-maior-da-historia

[24] Ver datos en Oxfam, Brasil. Terrenos da desigualdade: Terra, agricultura e desigualdades no Brasil rural. São Paulo, OXFAM Brasil, novembre de 2016. p. 18 e 19. https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/relatorio-terrenos_desigualdade-brasil.pdf

[25] Tramita en la Cámara con pedido de urgencia aprobado en diciembre un proyecto de ley para garantizar el perdón de la deuda de 17 mil millones de reais del sector, con descuentos de hasta 95%, incluso con la disminución de la cuota del Funrural  lo que significa una renuncia fiscal de cerca 4 360 millones de reais entre 2018 y 2020 para la previsión social.

[26] https://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil/2017 

[27] https://theintercept.com/2019/01/07/agrotoxicos-isencoes-fiscais-bilionarias/ 

[28] Contribución a la previsión que se centra en el ingreso bruto de la comercialización de la producción y es pagado por los empleadores rurales para costear la jubilación de los trabajadores. 

[29] https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/06/orcamento-de-2019-preve-menos-recursos-para-agricultura-familiar-e-igualdade-racial-bolsa-familia-tera-r-35-bi-a-mais.ghtml

[30] La tasa preliminar del Proyecto de Monitoreo de Desforestación en la Amazonia Legal por Satélite (Prodes), divulgada por los Ministerios del Medio Ambiente (MMA) y de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC).

[31] Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) fundada en plena dictadura militar, en 1975, como respuesta a la situación seria vivida por los trabajadores rurales y comunidades locales vinculada a la Conferencia Nacional de los obispos de Brasil (CNBB). Hoy es una organización autónoma ecuménica con agentes no solo católicos, sino también evangélicos.

[32] Informe de la Violencia contra los Pueblos Indígenas del Brasil de 2017 del CIMI. Disponible en https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Relatorio-violencia-contra-povos-indigenas_2017-Cimi.pdf

[33] Conaq y Terra de Direitos en el Informe Racismo y violencia contra quilombos en el Brasil.

[34] http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/238.asp

[35] El nuevo Ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, es fundador del Movimento Endireita Brasil (MEB), ex-secretario estatal del gobierno Alckmin en São Paulo, responde a diversas averiguaciones por deshonestidad administrativa, siendo condenado en uno de ellos a la inhabilitación de sus derechos políticos por tres años. La condena por deshonestidad se deriva de su interferencia como secretario en el plan de manejo del Área de Protección Ambiental con 7 400 ha, abarcando 12 municipios de São Paulo, en la que autorizó actividades industriales y minerales de interés de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo.

[36] https://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-do-meio-ambiente-quer-liberar-ferrovia-em-areas-protegidas-23355861 

[37] Según cálculos del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), el salario mínimo “necesario” para gastos de una familia de 4 personas con alimentación, vivienda, salud, educación, vestido, higiene, transporte, ocio y previsión social, sería de 3 959,98 reais (965 dólares aproximadamente) al mes de noviembre de 2018.

[38] Bruno Cezar Malheiro Fernando Michelotti; Carlos Walter Porto Gonçalves. Mais além da conjuntura, por outros horizontes de sentido. 

[39] https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2019/01/15/taurus-acoes-decreto-posse-de-armas-jair-bolsonaro.htm

[40] https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/637601367/decreto-9527-18

[41] https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2019/01/15/taurus-acoes-decreto-posse-de-armas-jair-bolsonaro.htm 

[42] Rebouças, André. Agricultura nacional: estudos econômicos, propaganda abolicionista e democrática. A.L. Lamoureaux. 1883. Para Rebouças, la libertad que emergía del proceso de abolición de la esclavitud sólo sería efectiva con la democratización de la propiedad de la tierra. Los abolicionistas republicanos pactaron con los dueños de tierras por no tocar en la estructura agraria. Hasta hoy día, los despojados de la tierra se mantienen en condiciones análogas a de esclavos y en condiciones de servidumbre, vinculados a los ámbitos territoriales de grandes señores, cuya modernización conservadora en el campo renombró como agronegocio. En Botelho, André y Schwarcz, Lilia Moritz. Um enigma chamado Brasil: 29 intérpretes e um país. São Paulo. Companhia das Letras. 2009. p. 56-57.

Fuente: GRAIN

Temas: Biodiversidad, Crisis capitalista / Alternativas de los pueblos, Tierra, territorio y bienes comunes

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