Resistencia contra la criminalización y el despojo
En una acción propia de Estados autoritarios, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a tres de los principales dirigentes de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte y emitieron órdenes de captura contra, al menos, otros cinco referentes. Les acusan de “apología a cometer hechos punibles”, en un evidente intento de criminalizar la lucha campesina por la recuperación de la Estancia Lucipar, un inmueble decomisado al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha (Cabeza Branca) y actualmente administrado por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).
Los detenidos —Rodolfo Zalazar, Sixto Cabrera y el histórico dirigente Ernesto Benítez— integran la Coordinadora que anunció una gran movilización para ingresar a las tierras de Lucipar el próximo 5 de diciembre, ante la persistente falta de respuestas del Gobierno. La Coordinadora de Sin Tierras impulsa además un proyecto de ley que propone destinar todos los inmuebles rurales decomisados al narcotráfico a la Reforma Agraria, como forma de reparar décadas de despojo y fortalecer el arraigo campesino.
Las detenciones desataron una ola de repudio en amplios sectores sociales. Centrales obreras, organizaciones estudiantiles y movimientos comunitarios expresaron su solidaridad con los luchadores campesinos, denunciando la arbitrariedad de la medida. Hasta ahora, la única voz oficial ha sido la de la fiscal responsable del operativo, quien señaló que actuó basada en “informes”, sin ofrecer mayores precisiones ni evidencias públicas.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió un comunicado en el que califica las detenciones como “repudiables” y exige la inmediata liberación de los dirigentes. “La ciudadanía tiene derecho a expresarse, organizarse y movilizarse para exigir respuestas ante la inacción del Estado. La detención de los dirigentes constituye persecución estatal a un reclamo legítimo por el derecho a la tierra”, afirma el pronunciamiento.
La disputa por Lucipar se enmarca en un problema estructural: la extrema concentración de la tierra en manos de grandes empresas del agronegocio y redes vinculadas al lavado de dinero. En las últimas décadas, el crecimiento del narcotráfico ha ido acompañado por la compra de enormes extensiones rurales para blanquear capitales ilícitos. Según datos de la Coordinadora de Sin Tierras, al menos 200 mil hectáreas incautadas a narcotraficantes en el norte del país podrían destinarse a la Reforma Agraria, contribuyendo a la recuperación del tejido social campesino y a la soberanía alimentaria del país.