Toma fuerza la lucha por recuperar los bienes del narco para la Reforma Agraria
El pasado sábado se realizó en Santa Rosa del Aguara’y, Departamento de San Pedro, una plenaria de dirigentes campesinos donde se debatió respecto a la propuesta de modificación de la Ley de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) a fin de destinar las tierras incautadas a personas vinculadas al narcotráfico a la Reforma Agraria. Según reportes obtenidos por dirigentes campesinos existirían más de 200.000 hectáreas de tierras en manos de la SENABICO que podrían ser destinadas a pequeños productores y familias campesinas.
Alrededor de 150 dirigentes campesinos e indígenas, provenientes de diferentes Departamentos del país participaron de la plenaria convocada por la Coordinadora Interdistrital de los Sin Tierra del Norte, que buscan que el gobierno destine las más de 11 mil hectáreas de la Estancia Lucipar, propiedad decomisada al narcotraficante Luis Carlos Rocha (Cabeza Branca) ubicada en Santa Rosa del Aguara’y, para convertirla en un asentamiento campesino para familias sin tierra de la zona. La lucha que viene ya de hace algunos años, llevó a plantear la posibilidad de modificar la Ley de la SENABICO, a fin de que las tierras incautadas no sean subastadas, como indica actualmente, sino utilizadas por el Estado para los fines de la reforma agraria.
La iniciativa legislativa fue acompañada en su momento por senadores del Frente Guasu y del PLRA, entre ellos Salyn Buzarquis, quien se hizo presente en el encuentro y reiteró su apoyo a la propuesta campesina. Según denunciaron los presentes en el evento el crimen organizado, ha causado mucho daño a la sociedad en general y particularmente a los jóvenes del campo, por lo que consideran fundamental la aprobación de esta modificación, a fin de resarcir los daños causados y recomponer el tejido social en los sectores rurales. Además, los dirigentes sociales señalan que si las tierras son puestas a la venta mediante subastas, los únicos que podrían acceder a las mismas serían grandes latifundistas, otros narcotraficantes o testaferros, ya que son los únicos que cuentan con recursos para la compra de estas extensiones de tierras.
Con esta propuesta, alrededor de 200 mil hectáreas podrían pasar a manos de campesinos y campesinas a fin de dedicarlas a la agricultura y garantizar el arraigo y el acceso a derechos principalmente a los jóvenes del campo, señalan los dirigentes sociales. En diferentes intervenciones, se denunció la complicidad del gobierno con el sector narco, ya que se niegan a abordar esta reforma o utilizar otros mecanismos a fin de recuperar las tierras y entregarlas a los campesinos; así también, ponen de relieve que la importancia de esta iniciativa para atender una grave problemática social, como es la falta de tierras, y hacer frente al avance del crimen organizado.
Entre sus resoluciones la plenaria determinó que se realizarán encuentros departamentales a fin de abordar esta propuesta y sumar apoyos, tanto de campesinos e indígenas que luchan por la tierra, como de sectores ciudadanos. El primer encuentro departamental está marcado para el próximo sábado 5 de julio en el Departamento de Concepción, uno de los territorios donde existen tierras confiscadas al narcotráfico, el evento se realizará en el Seminario de la Ciudad de Horqueta desde las 8:30 horas.