Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Numa região onde os saques das riquezas minerais se contam aos bilhões de dólares, e são transportadas por locomotivas quilométricas que embarcam nossas riquezas para outras terras, brasileiros pobres v.ivem como sem pátrias, à mercê da violência do estado"

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín condenó al empresario de palma de la región del bajo Atrato Chocoano, Antonio Nel Zúñiga Caballero, a 10 años de prisión y a pagar una multa de 2.683 salarios mínimos mensuales vigentes, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

El COPINH comunica con urgencia a la comunidad nacional e internacional nuestra grave preocupación por el estado de indefensión en que se encuentra el pueblo Lenca de Río Blanco frente a hombres armados y amenazas constantes.

"La muerte de Luis y Patricio no son hechos delictuales ni mucho menos producto del terrorismo, sus muertes son producto de un enfrentamiento donde las armas están en manos de latifundistas y agentes del Estado", sostiene ANAMURI.

"La violencia machista y física, así como las amenazas de asesinato y violación sexual de los hombres armados en contra de Lolita Chávez y sus acompañantes son la expresión visible de las lógicas del patriarcado colonial capitalista y neoliberal que entretejen el exterminio de la vida humana de los Pueblos Indígenas, así como la vida de las montañas, bosques, ríos, lagos, etc".

La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue trabajando sobre la elaboración de un tratado vinculante que obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, en gestación desde el 2014. Por su lado, organizaciones sociales de México y el mundo hacen todo para que este texto no se reduzca a principios de carácter voluntario que no permitirían que los crímenes corporativos fueran condenados.

Alrededor de las 6.30 de la mañana del miércoles 14 llegaron tres unidades del Comando de Operaciones Militares (COBRA) y alrededor 150 miembros de la Policía Nacional Preventiva para ejecutar una orden de desalojo al grupo campesino 23 de febrero ubicados en la comunidad de Piedra parada aldea de Tepanguare, La Paz, perteneciente a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

"El COPINH debe denunciar, de nuevo, que la falta de salida de los bancos y la prolongación en el tiempo de su salida significan la prolongación de las agresiones e intimidaciones dentro de la comunidad".