Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Alrededor de las 14.30 del día 12 de mayo, efectivos de la Policía de Catamarca detienen a tres ambientalistas que hacían guardia en una posición de bloqueo dispuesta sobre la Ruta Nacional 60 (RN 60), en el municipio de Tinogasta, para impedir el transporte de suministros al complejo extractivo de Bajo de la Alumbrera.

"La CAOI expresa su solidaridad con los pueblos indígenas de Guatemala, que el 1 de mayo sufrieron el asesinato de uno de sus hijos en Santa Cruz Barillas, en un atentado en el que otros dos indígenas quedaron gravemente heridos. Este hecho de violencia está directamente relacionado con la construcción de una hidroeléctrica."

"La represión y persecución de nuestros compañeros no hace más que multiplicar las voces de más y más vecinos, asambleas y organizaciones sociales, que reclaman porque se respete la autodeterminación de los pueblos en lucha contra la megaminería."

Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con la consigna que siempre nos reúne, tocan a uno tocan a todos, convocamos para este lunes 14 de mayo a las 18hs. a escrachar la Casa de la Provincia de Catamarca.

Policía reprimió a asambleístas de Tinogasta que sostienen bloqueo selectivo para impedir el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y otras provincias cordilleranas.

El abogado chino Yang Zaixin está en la cárcel desde junio del 2011 en Beihai, al sur de China, donde fue encarcelado por defender a las comunidades afectadas por las plantaciones de eucaliptos de Stora Enso en ese país.

Bolivia empieza nuevamente a arder. Hay una ebullición de un nuevo levantamiento social que hoy ha entrado a una fase de violencia policial y social. También se producen acciones violentas, de parte de grupos allegado al gobierno en San Ignacio de Moxos, en contra de las radios comunitarias.

16 anos após o episódio que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás, o Tribunal de Justiça do Pará expediu na manhã desta segunda-feira (07) o mandado de prisão contra o Coronel Mario Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira, policiais militares que foram condenados pelo envolvimento no massacre de 21 Sem Terra no município de Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará, em 1996.