Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Los pueblos indígenas aún no tienen seguridad sobre sus territorios y esto afecta el derecho más importante que tienen, que es, precisamente, el derecho al territorio. El Estado ha buscado imponer en ellos un modelo de desarrollo que prioriza la inversión privada y los intereses económicos."

A nueve años de los sucesos de Bagua, compartimos un breve documental realizado por Martin Ladd, producido por IWGIA y Ore-media.

05 de Junio - En el Día Internacional del Ambiente las organizaciones ecologistas solicitamos a las personas diputadas de aprobar el proyecto de Ley Expediente N.o 19.610, que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida.

“La situación es en extremo grave porque en menos de veinte días se han dado tres asesinatos contra dirigentes de comunidades que mantienen un proceso de negociación en el que participa el Estado”

Ante la respuesta organizada de la sociedad frente al conflicto socioambiental, el gobierno de Cambiemos Mendoza una vez más anula el diálogo democrático y respetuoso; responde apelando a una campaña mediática de desprestigio del trabajo de las asambleas llamándolos “Los Metemiedo”, “Ecoterroristas”, este proceso feroz de criminalización de la protesta social, al día de la fecha cuenta con un detenido y decena de imputados.

"La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos de despojo. Esta historia no tiende a diluirse sino se agudiza, en la medida que proyectos extractivistas en contra de la decisión de las comunidades y el bien común se multiplican".

Durante una conferencia de prensa en la que varias organizaciones campesinas exigieron un alto a la criminalización, el hostigamiento y el asesinato de defensores de los derechos humanos y la tierra, Zúñiga Maldonado señaló que el Estado “abandonó la gobernabilidad del país” y “no se ha encargado de resolver los temas de conflictividad social, se tomó vacaciones”.

Passaram-se 365 dias desde o Massacre de Pau D’Arco, no estado do Pará. 17 policiais civis e militares foram presos, soltos, presos e, agora, podem ser liberados a qualquer momento novamente.