Minería

El nexo entre compañías mineras, medios de comunicación masiva, el gobierno de Canadá, Instituciones de Financiamiento Internacionales, bancos y ONGs compradas, trabaja duro para que la realidad de las minas a cielo abierto a gran escala se quede oculta, y para que quede marginalizada la resistencia comunitaria. Pase lo que pase, siguen hablando del “desarrollo”. Este informe reúne hechos concretos y perspectivas comunitarias para ayudar a los y las lectores a informarse acerca de la naturaleza de la industria minera.

En su visita, Horacio Machado, catedrático de la Universidad de Catamarca e investigador sobre temas mineros, nos deja sus impresiones sobre el conflicto suscitado en Junin -Intag.

Las Asambleas Ciudadanas Riojanas venimos denunciando desde el 2013 que la obra vial para abrir camino desde las Padercitas hasta el Dique Los Sauces será un camino minero, parte de la ruta del saqueo de nuestros recursos naturales o “bienes comunes”.

La Red Muqui rechazó el paquete legal propuesto por el Poder Ejecutivo por representar un riesgo para las comunidades, las poblaciones y el ambiente. Pidió generar un diálogo nacional para evitar mayores brechas sociales y la conflictividad. El citado colectivo que articula a veintiocho instituciones rechazó que la regulación en el sector minero se considere una “traba” para la inversión como lo argumentan los sectores empresariales detrás de las iniciativas legales.

"Los líderes de las comunidades étnicas y, en general los campesinos tradicionalesdel Cauca, consideran que de no haber un freno a la concesión de títulos una gran parte de sus territorios terminará gravemente afectada, y sus posibilidades de sembrar comida y de tener acceso a agua limpia serán cada vez menores."

Desde el relato de integrantes de organizaciones y movimientos sociales del norte argentino "Extractivismo y derechos de los pueblos" da cuenta de los procesos organizativos y de lucha que se fueron generando en las poblaciones donde se instalaron explotaciones mineras a cielo abierto.

En noviembre de 2009, Mariano Abarca Roblero, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado frente a su hogar, tras haber participado en una serie de enfrentamientos con trabajadores de una empresa canadiense que extraía minerales cerca de la zona. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada conforme a lo que marcan las leyes mexicanas cuando se comete un asesinato, denunció José Luis Abarca Montejo, hijo del activista.

Más de 2 mil 600 concesiones que el Estado mexicano ha entregado a empresas mineras –documentos que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 del territorio nacional– generarán en breve conflictos con comunidades indígenas, aseguró hoy Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación.