Pueblos indígenas

La Corte Constitucional de Ecuador notificó a las partes la resolución en la que niega la acción de protección solicitada por Chevron. Esta acción tenía por objetivo evitar el pago de la sentencia que le impusieron las Cortes de Justicia de Ecuador, y así evadir su responsabilidad legal por la reparación de las zonas contaminadas.

"En nombre de la Sustentabilidad del medio ambiente, las empresas y el gobierno, hacen gala de su vocación y profesionalismo cuando llegan a nuestro territorio, caminan con sus pesadas botas sobre nuestros derechos consagrados en la Constitución, en las leyes internacionales y en nuestra palabra antigua, para instalar en nuestra sagrada tierra su meganegocio de parque solar o eólico".

Un documento obtenido por Avispa Midia permite ir un poco más adelante en el entendimiento sobre las reales intenciones de la OIT en cuanto a la Consulta Libre, Previa e Informada, a partir de un caso concreto, la construcción del proyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada de Honduras.

"A hidrovia Teles Pires-Tapajós servira para atender ao escoamento de grãos do setor do agronegócio. A associação considera os estudos apresentados inválidos, uma vez que foi desrespeitado o direito à consulta prévia, livre e informada que é assegurado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)".

La Corte Suprema ratificó la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental que se había entregado para la central hidroeléctrica Doña Alicia, que pretende emplazarse en el río Cautín en la Araucanía, acogiendo la reclamación presentada por una comunidad mapuche, quienes alegaron que no fueron considerados en la evaluación ambiental del proyecto.

Los ecuatorianos afectados por Chevron hacen un llamado para cambiar las leyes y comportamientos que sostienen la estructura de impunidad corporativa a nivel mundial. 350 mil dólares canadienses es el precio a pagar en unas pocas semanas para que los pobladores de la Amazonía puedan acceder a la Corte Suprema de Justicia de Canadá. Apoya a los afectados para ganar este histórico juicio y dona para obtener acceso a la justicia.

"Hace dos años llegó un grupo de familias q’eqchi’ y formó la comunidad Agraria “El Gosen” en el municipio de El Estor, Izabal, donde pidió al Estado resolver su situación. Sin embargo, la Compañía de Níquel acusó penalmente a dos personas de la comunidad para forzar a la gente a salir. Días después, la empresa llegó con la Policía Nacional Civil al lugar".

La Nación Q'ero -un pueblo andino que ha protegido su cultura durante siglos- es amenazada por la presencia de minas cercanas y concesiones mineras en su suelo. Parte de sus tierras están dentro del Área Clave de Biodiversidad Kosñipata, un bosque que enfrenta los mismos problemas.